La alcaldesa de València, María José Catalá, ha insistido, en relación con la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia por presunta prevaricación, en que va a ser una “colaboradora muy activa” con el ministerio público. Al mismo tiempo, ha adelantado que ha pedido a la Secretaría Municipal un informe detallado sobre aquellos procesos selectivos a los que finalmente solo accedió una persona.
Ha señalado que esta petición tiene como finalidad que le “acrediten” que se trató de un procedimiento “reglado”, si bien ha reiterado que ya es “conocedora de que fue un proceso habitual y normal”.
La primera edil se ha pronunciado así ante los medios después de que la Fiscalía Anticorrupción haya incoado diligencias de investigación contra ella y contra la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, por un posible delito de prevaricación vinculado a la supuesta “recolocación” “a dedo” de personal público, una causa en la que también figuran las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y cuatro empleados públicos.
Paralelamente, Compromís y PSPV han reclamado al fiscal que amplíe las pesquisas al concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano, tras la difusión por parte de ‘eldiario.es’ de la transcripción de unos audios. Según este medio, en esas conversaciones el edil animaría a trabajadores del Consorcio Valencia 2007 a presentarse a ofertas de empleo público antes de la extinción del ente con el fin de reubicarlos.
Para Catalá, “era evidente que había una voluntad política de toda la corporación de cumplir con uno de los mandatos del Real Decreto que regula los ERE, en este caso un expediente de regulación por la disolución del Valencia 2007”, organismo en el que el Ayuntamiento tenía una participación del 20%, mientras que el resto correspondía al Estado. “Y, por tanto, no podíamos realizar nada más allá de lo que dijera la ley”, ha recalcado.
La responsable municipal ha acusado a Compromís y PSPV de “pedir una recolocación a dedo directamente de estas personas sin ningún tipo de proceso selectivo”, algo a lo que, ha subrayado, el PP se opuso.
Asimismo, ha defendido que las manifestaciones del concejal Marí Olano recogen “lo mismo” que expusieron Ferran Puchades (Compromís) y Javier Mateo (PSPV) en el pleno municipal de 2024, cuando afirmaron “literal y textualmente” que se podía trabajar “en la recolocación de esos 11 trabajadores en las entidades públicas dependientes del Ayuntamiento de Valencia” o que se podía “ser capaces entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de poder encontrar lugar para estas personas”.
“Las palabras de Pepe Marí me parecen igual de graves o igual de menos graves que las palabras de Puchades y Mateo”, ha manifestado la dirigente ‘popular’, que ha recalcado que existía “una voluntad polótica de intentar que estas personas afectadas por un ERE por la liquidación de un consorcio intentaran mantener su condición de empleados públicos siempre en el paraguas de la forma legal oportuna”.
Según ha sostenido, el actual equipo de gobierno llevó a cabo “procedimientos totalmente transparentes”. En este sentido, ha incidido en que “lo más importante de todo esto es que aportemos todos, que nosotros lo vamos a hacer, además creo que lo vamos a hacer de forma bastante afanada”. “Le vamos a aportar a la Fiscalía toda la información y documentación, vamos a colaborar activamente en esta cuestión porque, como entenderán, soy la primera interesada en que todas las cuestiones que puedan generar dudas a la ciudadanía se disipen”, ha afirmado.
En la misma línea, ha considerado normal la reunión que mantuvo Marí Olano con representantes sindicales y trabajadores “para ver la situación que se iba a generar en el momento de la liquidación del consorcio”, y ha apuntado que entiende que también se produjeron contactos similares con el Partido Socialista y Compromís.
Además, ha argumentado que no le parece “un buen ejemplo o antecedente que una administración pública, tras un expediente de regulación de empleo por la liquidación de una entidad de derecho público, no haga lo posible porque esos empleados mantengan su puesto de trabajo”.
Colaboración con la Fiscalía y petición de informes
Catalá ha señalado que la Fiscalía, por ahora, no ha requerido al Ayuntamiento ninguna documentación y se ha mostrado “especialmente ansiosa” de que lo haga para poder remitir todo el material que obra en poder del consistorio.
“Ha empezado la campaña electoral y creo, sinceramente, que si Compromís ha decidido que la campaña electoral empiece en la Fiscalía, pues vale”, ha censurado, al tiempo que ha reclamado a Compromís que entregue el acta de su moción relativa a estos trabajadores. “Y si no lo aportan ellos, posiblemente lo aporte yo”, ha avisado.
Por otro lado, la alcaldesa ha hecho referencia a un caso concreto de un administrativo que accedió a una fundación “a través de un concurso-posición que previamente era empleado público y que pasó ese concurso-posición con un tribunal constituido, con las bases establecidas y con el procedimiento”. “Es más, ese empleado público que accedió a esa plaza ni siquiera es uno de los empleados señalados en la dichosa acta notarial de la que ustedes se hacen eco”, ha precisado ante los periodistas.
Cuestionada sobre si va a llevar a cabo “algún un tipo de investigación interna”, ha explicado que, efectivamente, ha solicitado un informe a la Secretaría Municipal, si bien ha vuelto a poner en valor “el buen hacer en este ayuntamiento”.
Ha detallado que dicho informe se centrará “sobre lo que compete a mi administración, porque ustedes entenderán que yo puedo hacerme cargo de mi administración”. “Hay quien quiere hacerme responsable de otras administraciones, pero de momento solo soy la alcaldesa de València. No soy presidenta de la Autoridad Portuaria ni nada por el estilo”, ha concluido.