La alcaldesa de València, María José Catalá, ha recalcado que la Fiscalía “siempre” abre diligencias tras una denuncia “sea más fundamentada o menos”, por lo que ha enmarcado la investigación de Anticorrupción contra ella y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, por presunta prevaricación vinculada a la recolocación de personal del Consorcio València 2007, como “un trámite que tras una denuncia de la Fiscalía se suele hacer con absoluta normalidad”.
Catalá ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre la causa abierta por una supuesta “recolocación” de empleados públicos “a dedo”, en la que también figuran las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y cuatro trabajadores públicos.
La primera edil ha avanzado que remitirán a la Fiscalía “todo el expediente completo” de la liquidación del Consorcio, la documentación interna de la Fundación Visit València y el procedimiento administrativo que afecta al Ayuntamiento, subrayando que el funcionario municipal implicado accedió al nuevo puesto “a través de un concurso de oposición, con todas sus bases totalmente reglado”. Ha recalcado que en ese proceso no se presentó “ni una sola reclamación” ni “ningún recurso”.
En el ámbito estrictamente municipal, Catalá ha precisado que la investigación se refiere a un empleado público procedente del Consorcio València 2007 que obtuvo, mediante un concurso-oposición “totalmente transparente”, una plaza en Visit València. Ha recordado que este consorcio, ahora en fase de liquidación, es una entidad de derecho público en la que participan el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento, y que su Consejo Rector acordó el 30 de mayo de 2022 su “disolución y liquidación”.
La alcaldesa ha insistido en que uno de los principales activos del Consorcio era su plantilla, formada por empleados públicos. Ha apuntado que “por parte de los representantes municipales se ha mostrado siempre interés en la situación de los trabajadores” y ha recordado que “en mayo de 2022, ya el alcalde Ribó apostaba por la continuidad de estos, que se han visto tras una liquidación inmersos en un ERE”, en referencia al entonces alcalde Joan Ribó (Compromís).
Durante el proceso de liquidación, ha añadido, se emitió un informe de la Abogacía del Estado, de 10 de enero de 2024, que concluía que la extinción del consorcio implicaba la extinción de los contratos de su personal y su despido mediante procedimientos de despido colectivo. Esa conclusión, ha señalado, “supuso que varios representantes municipales, tanto del gobierno como de la oposición, se interesaran por estos trabajadores”.
Las mociones de la oposición y el debate sobre la recolocación
Catalá ha destacado que “incluso concejales de Compromís, los ahora denunciantes para sorpresa, pedían literalmente en mociones al consistorio que se evitaran los despidos y en una moción al pleno del Ayuntamiento, su reasignación dentro de la Administración. Cuestión que no pudo realizarse porque había un informe contrario de la Secretaría Municipal que negaba esta posibilidad”.
Según ha explicado, “el mismo denunciante pedía a través de una moción aquello que ahora denuncia. Pedía que reasignáramos a dedo a los once trabajadores. Es más, identificaban dónde”, ha remarcado, recordando que Compromís apoyó esa iniciativa mientras que el PP votó en contra porque “había un informe en el secretario municipal que negaba esta posibilidad”.
Ha citado que “en el Real Decreto 1483/2012, se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo de los ERE y se contempla como prioridades de estos procedimientos la recolocación interna de los trabajadores en la misma empresa o en el grupo de empresas de las que formen parte. En el caso de la Administración Pública, estas pueden ser compatibles mediante los principios que rigen el acceso al empleo público”.
En este contexto, ha añadido que, en el Ayuntamiento, la Secretaría Municipal “siempre se mostró en contra de cualquier subrogación, que era lo que pedía Compromís, en la medida en que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo, sino en la Administración General del Estado”.
La alcaldesa ha subrayado que este criterio “ha sido defendido por el Ayuntamiento en sede judicial”, con resoluciones favorables como la sentencia del Tribunal Supremo 1174/2025. Ha apuntado que “el Ayuntamiento contempló, porque así lo pedía incluso la oposición, el acceso de quienes ya tuvieron la condición de empleados públicos previamente en los procesos de selección para personas provenientes del sector público. Donde tuvieran algunas vacantes y siempre en régimen de derecho laboral y en los términos legales que resultaran de aplicación”.
Acceso a las plazas y documentación para la Fiscalía
Preguntada por el hecho de que “dos ex trabajadores pusieran ante notario los dos nombres que finalmente consiguieron esas plazas”, Catalá ha reiterado que solo puede responder por el Ayuntamiento y no por el Puerto. “Puedo hablar por mi administración, la del Ayuntamiento, de los once trabajadores que tenían todo el derecho del mundo porque estaban inmersos en un ERE”, ha indicado.
Ha precisado que “uno de ellos accedió a una plaza, creada antes de que yo fuera alcaldesa, por concurso-oposición siendo previamente empleado público y con un absoluto proceso transparente y riguroso”. Ha asegurado que toda esta documentación se remitirá al fiscal, junto con “las mociones del PSPV y Compromís” en las que se pedía “que reasignáramos a los once trabajadores a puestos de este ayuntamiento”.
La primera edil considera que el fiscal “va a tener que estudiárselo todo porque es indicativo los antecedentes del denunciante: el ejercicio de una acción penal por quienes presentaron y votaron a favor de una moción que implicaba iniciar un expediente de reasignación para estos trabajadores en contra del informe del secretario municipal”.
Catalá ha aclarado que en la Fundación Deportiva Municipal no hay actualmente ninguna persona que proceda del Consorcio y que en Visit València solo trabaja una persona que, siendo ya empleado público, obtuvo una plaza creada por el anterior gobierno municipal mediante “un concurso-oposición al que se presentó quien quiso”.
Tras su comparecencia, la alcaldesa ha difundido en su cuenta de X el fragmento de su intervención referido a las mociones de la oposición y a la información que enviará a la Fiscalía, además de vídeos del pleno municipal con las intervenciones de los ediles Javier Mateo (PSPV) y Ferran Puchades (Compromís) sobre la recolocación de los once trabajadores afectados.
Respuesta de Compromís y fechas de las convocatorias
En contestación a Catalá y a esas publicaciones, Compromís ha manifestado que “la moción del PSOE a la que hace referencia Catalá se debatió en septiembre de 2024”, y ha subrayado que “las convocatorias concertadas objeto de denuncia ya se habían realizado en abril, ya se habían consumado”.
“De hecho, el acta notarial de los trabajadores despedidos que señalaba los nombres de las dos personas que finalmente serían contratadas es de mayo de 2024”, ha añadido la coalición, que también ha hecho públicas imágenes de esas actas y las ha compartido en redes sociales.