QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlament de Catalunya regulará la coexistencia entre el sector del taxi y el de las empresas de vehículos VTC como Uber y Cabify. PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han presentado este jueves una proposición de ley que tiene como objetivo redefinir el transporte de personas en vehículos de hasta 9 plazas en Cataluña: punto de partida de su tramitación parlamentaria para que pueda entrar en vigor, si todo va según lo previsto, en 2026.
La propuesta registrada por la coalición de partidos contiene medidas significativas para redefinir el papel de los taxis y limitar progresivamente la actividad de los vehículos de transporte con conductor. La motivación oficial detrás de esta iniciativa es, según sus promotores, “ordenar de una vez por todas” la convivencia entre el taxi y las plataformas digitales, reforzar el servicio público estructural, combatir prácticas irregulares y proteger los derechos de los conductores del taxi.
El proyecto plantea introducir restricciones graduales para los VTC urbanas y exigir a los taxistas nuevos requisitos, entre ellos uno muy llamativo: tener una competencia mínima en catalán para atender al usuario.
Restricciones progresivas a los VTC urbanos
- El texto legislativo contempla que los VTC no podrán competir de forma indiscriminada con los taxis en servicios urbanos de demanda ordinaria. La idea es impedir que capten clientes en la vía pública o realizar servicios al vuelo, como taxis convencionales.
- Se establecería un plazo mínimo de precontratación (por ejemplo, 10 minutos) para los servicios de VTC urbanos, lo que limita su capacidad de respuesta inmediata.
- En casos de exceso de oferta de VTC urbanos, algunas de esas licencias podrían extinguirse o reordenarse. Por ejemplo, en el Área Metropolitana de Barcelona se estima que podrían desaparecer unas 600 VTC con licencia urbana bajo este nuevo modelo.
- También se crearía una nueva tipología de vehículo llamada “Alta Disposición”, con reglas específicas como un mínimo de antelación en la contratación, tiempo mínimo de servicio y restricciones para captar clientes en la calle.
- El efecto combinado es una especie de “congelación y retracción controlada” del papel de los VTC dentro del ámbito urbano.
Requisitos adicionales para taxistas
- Para los taxistas, la propuesta de ley introduce un requisito lingüístico: el proyecto contempla que los conductores de taxi acrediten un nivel mínimo de catalán. En la redacción actual, ese nivel sería B1, aunque hay presiones dentro de los partidos impulsores (ERC, Junts) para elevarlo hasta B2.
- Esta exigencia se justifica como una forma de blindar los derechos lingüísticos del usuario del taxi, de modo que pueda ser atendido en catalán con seguridad jurídica.
- El texto también prevé mecanismos más rigurosos de geolocalización, control administrativo y sancionador para asegurar que se cumpla la normativa del sector.
- Se busca prohibir o sancionar ciertas “malas praxis” que algunas licencias de taxi estarían cometiendo, como rechazar servicios injustificadamente o discriminar áreas de menor rentabilidad.
Explicación de los grupos
El proyecto de ley ha sido explicado en rueda de prensa los diputados Jose Ignacio Aparicio (PSC), Salvador Vergés (Junts), Jordi Albert i Caballero (ERC), Lluís Mijoler (Comuns) y Laure Vega (CUP), en representación de los partidos que lo han registrado.
Aparicio (PSC), que ha puesto en valor que se hayan unido cinco grupos parlamentarios para poder registrar la ley, ha asegurado que la normativa ordena un sector que es de «interés general» y ha reivindicado el sistema informático que se creará para controlar el funcionamiento del sector.
Desde Junts, Vergés ha avanzado que hay algunas cuestiones del texto que «no ven claras», aunque ha explicado que prefieren negociarlas desde dentro para acompañar a los actuales trabajadores de las VTC y aportar suficiente seguridad jurídica al sector.
Albert ha defendido que desde ERC se sienten «padres y madres» de la normativa, que empezaron a trabajar cuando ocupaban la presidencia de la Generalitat durante la anterior legislatura, y ha valorado que es clave ordenar un sector como el del taxi.
Por su parte, Mijoler (Comuns) ha señalado que se trata de una regulación «estratégica» para las zonas rurales, donde en muchas ocasiones la alternativa al vehículo privado es el taxi.
Finalmente, Vega (CUP) ha celebrado que la ley reconoce la lucha de los taxistas y que se posiciona como una herramienta para «luchar contra la economía de la plataforma», que en algunos casos no respeta los derechos laborales de los trabajadores.
Aplausos en el taxi
En la misma rueda de prensa también ha participado el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, que ha celebrado que se trata de una ley «pionera en todo el mundo» que se ha logrado gracias a las movilizaciones constantes de los taxistas y al diálogo con los grupos parlamentarios.
Asimismo, ha defendido que no quiere que nadie se quede sin trabajo, al contrario, sino que aboga por que los conductores de VTC se conviertan en taxistas y trabajen bajo la misma regulación en un sector que ha definido como «digno», seguro y que respeta las condiciones laborales.
Ante la ausencia de PP, Vox y Aliança Catalana en el registro de la ley, Álvarez ha criticado que PP y Vox son enemigos del taxi: «Solo hay que ir a Madrid y ver la selva que hay ahí», ha dicho en referencia a las políticas hacia el sector implementadas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la ciudad.
