Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, ha reafirmado en el pleno del Parlamento de Navarra que no existió «represalia» en el cambio de ubicación del secretario de la mesa de contratación de Belate a una nave industrial. Este secretario había emitido un voto particular mostrando sus reservas sobre el procedimiento de adjudicación.
«No ha habido razones para actuar con represalia. El secretario de la mesa, después de firmar el acta de propuesta de adjudicación, trabajó en el departamento con absoluta normalidad. Lo hizo hasta que decidió dejar Cohesión Territorial de manera voluntaria para ocupar una plaza en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y catorce meses después prefirió volver al Departamento, a un nuevo puesto de trabajo diferente», explicó Chivite en respuesta a una interpelación de UPN.
Chivite desmintió las acusaciones de los regionalistas, afirmando que «la comisión de investigación no está respondiendo a sus expectativas, su falso relato ha caído, y los testimonios reiteran que no ha habido injerencia política, que no ha habido presiones, y por tanto que no ha habido corrupción».
El consejero también aseguró que el traslado del letrado tenía como fin «optimizar las tareas propias del servicio de conservación» y se llevó a cabo «únicamente al objeto de prestar un servicio jurídico más eficiente».
Marta Álvarez, parlamentaria de UPN, contradijo al consejero recordando que hace dos semanas desmentía que el cambio de ubicación del letrado fuese una represalia, pero que recientemente el director del Servicio de Conservación reveló un mal ambiente laboral como razón para el cambio. «Pues acabamos de escuchar todos la prueba», señaló Álvarez, mostrando el vídeo en el pleno donde se menciona el mal ambiente.
Álvarez manifestó su indignación por la actitud del Gobierno y el consejero, acusándolos de mentir y de intimidar a funcionarios que denuncian irregularidades. «Me indigno ante un Gobierno y un consejero que nos mienten a todos y encima no cambian ni la cara cuando lo hacen. Me indigno ante un Gobierno y un consejero que se vengan, que castigan y amedrentan a los funcionarios valientes que se atreven a denunciar una ilegalidad», declaró.