QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, continúa generando titulares y tensiones en el panorama político español. La decisión del magistrado de derivar a un jurado popular el posible juicio contra ella por malversación de caudales públicos marca un punto de inflexión en un caso que mezcla denuncias por tráfico de influencias, corrupción y uso de recursos públicos.
Qué se investiga
El foco principal de esta pieza separada está en la presunta utilización irregular de fondos vinculados a la Presidencia del Gobierno para fines que la instrucción considera ajenos a la función pública. La investigación incluye la contratación de una asistente en Moncloa y posibles gestiones vinculadas a la actividad profesional de Gómez, así como una nueva querella de Manos Limpias relacionada con el rescate de Air Europa.
Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado parcialmente al juez Peinado en decisiones que afectan a otros investigados en el caso, como la asesora Cristina Álvarez, apuntando a posibles indicios de desviación de recursos dentro de la propia Moncloa.
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha descartado investigar al ministro Félix Bolaños al no apreciar indicios suficientes, mientras la defensa de Gómez insiste en que todo el caso carece de base jurídica, se trata de una investigación prospectiva y responde a una ofensiva política y mediática.
Implicaciones políticas si hay juicio por malversación
Si el proceso avanzara hasta sentar a Begoña Gómez en el banquillo por malversación, el impacto político podría ser inmediato:
- Golpe a la imagen del Gobierno: aunque el presidente Pedro Sánchez no está investigado, el simple hecho de que su esposa afronte un juicio por corrupción supondría un desgaste institucional y mediático en la actual legislatura.
- Movilización de los seguidores de Sánchez: en sentido contrario, un caso tan polarizado como este, también podría movilizar a los simpatizantes socialistas y, en general, al electorado de izquierdas que puede ver una cruzada política contra el mandatario y su entorno.
- Munición para la oposición: el PP y otros partidos ya acusan al Ejecutivo de falta de transparencia. Un juicio alimentaría los discursos de regeneración democrática y anticorrupción en pleno ciclo electoral.
- Presión en Moncloa y clima de inestabilidad: las formaciones aliadas podrían endurecer su posición, condicionando votaciones clave o planteando exigencias políticas en caso de que el proceso avance.
- Debate sobre la ética y los límites del poder: se reabriría la discusión sobre incompatibilidades, nepotismo y la relación entre instituciones y entornos familiares del poder político.
Próximos pasos
Peinado debe resolver aún varias piezas de la investigación y podría abrir juicio oral si considera que hay indicios suficientes. En ese caso, un jurado popular decidiría sobre la posible responsabilidad penal de Begoña Gómez, en un proceso que promete ser clave para la política española y para la propia estabilidad del Ejecutivo.
La presunción de inocencia sigue vigente, pero la dimensión política del caso crece con cada nueva decisión judicial.
