El Gobierno continúa con su acción legislativa en materia de Justicia. Según ha podido confirmar Demócrata, este martes el Consejo de Ministros prevé aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Se trata de anteproyecto en segunda vuelta, que tras recibir el visto buen será remitido al Congreso en los próximos días.
La aprobación de este texto implica la cristalización de los compromisos expresados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de febrero, en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso.
Cambios en la instrucción
Desde el ministerio han defendido que esta reforma es necesaria para homologar el proceso penal a la UE, de manera que se atribuya la investigación y la instrucción penal al Ministerio Fiscal, bajo la supervisión de un juez que vele por los derechos fundamentales y las garantías penales. Es decir, la dirección de la investigación de las causas penales pasaría de los jueces a los fiscales.
En este sentido, Bolaños aseguró el pasado jueves que la nueva LECrim persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que «los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía».
Se trata, según defendió, de «una reforma también necesaria y más garantista», en la que «un juez de garantías será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal».
Acusación popular
La propuesta del Gobierno también aboga por limitar la figura de la acusación popular, de manera que los partidos políticos y los sindicatos quedarían excluidos de ejercerla. De salir adelante la reforma en los términos que plante el Ejecutivo, sólo podrían ejercerla asociaciones con un “vínculo legítimo” al objeto de la causa.
Fiscal General del Estado
Entre otras novedades, la reforma establecería que el mandato del fiscal general del Estado sería de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno. Según defienden desde el ministerio, con esta medida se busca reforzar la autonomía de la Fiscalía y evitar que su designación o mandato coincida con la duración del Ejecutivo que lo nombra.
Fechas y plazos
El proyecto prevé que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2028, de manera que los procedimientos que estén en curso no se verían afectados por el nuevo régimen.