QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha subrayado este viernes que es “el momento” de abrir con el Estado un nuevo proceso de trabajo para estudiar una reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, con el fin de ampliar las competencias ligadas al desarrollo de la autonomía del archipiélago.
Clavijo ha sido el encargado de inaugurar este viernes las Jornadas sobre el Estatuto de Autonomía, que tienen lugar en la Sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, un foro en el que diversos especialistas analizan la oportunidad de una nueva reforma y el grado de aplicación del texto cuando se cumplen siete años de su entrada en vigor.
En el acto han estado presentes, junto al jefe del Ejecutivo regional, la consejera de Administraciones Públicas, Presidencia, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, Jorge Riestra, y el secretario general de Presidencia de Gobierno, Ceferino Marrero, entre otros cargos y asistentes.
“Lejos de ser el final, era el comienzo”
El presidente canario ha rememorado que la última gran actualización del Estatuto, aprobada en 2018, llegó tras “muchísimos años” de “intentos frustrados” de reforma. “En aquel momento, y a pesar de que estuvo en medio de una moción de censura, conseguimos articular una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante la reforma y que Canarias entrara en la liga de las CCAA con Estatutos de última generación”, ha señalado.
En este sentido, ha insistido en que aquella reforma de 2018, “lejos de ser el final, era el comienzo” del despliegue de una norma con la que Canarias “aspiraba a tener unas mayores cuotas de autogobierno”. Sin embargo, ha apuntado que todavía permanecen “muchas reivindicaciones” pendientes de desarrollo, frenadas por el “devenir” de la coyuntura política reciente, marcada por sucesivos procesos electorales, la pandemia de la Covid-19 y la “fragilidad” parlamentaria.
“Creemos que es el momento de empezar a trabajar, o al menos intentarlo, y de la mano del Estado, en la posbilidad de ampliar las competencias en desarrollo de nuestra autonomía”, ha recalcado, al considerar que este avance puede “cambiar la gestión de los servicios públicos y de la vida de los canarios”.
Dar contenido “real” a las competencias ya reconocidas
Por su parte, en declaraciones a los medios, el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, Jorge Riestra, ha puesto el foco en que el principal desafío de esta nueva etapa de reforma reside “en dar contenido real” a las competencias “nuevas y adquiridas” en el Estatuto, entre ellas las relativas al territorio en tierra, mar y aire, la articulación de las relaciones interadministrativas, los consejos autonómicos de justicia y el ámbito de la seguridad.
“Consiste en desarrollar a futuro, hasta el máximo posible, las competencias adquiridas”, ha enfatizado Riestra, que ha recordado la necesidad de adaptar y actualizar normas anteriores a la Ley Orgánica de 2018, como la legislación sobre la Administración autonómica, el reparto competencial con el Estado en la gestión del litoral —donde la comunidad autónoma asume la mayor parte de la gestión—, así como el adecuado “esamblaje” entre las competencias estatales y las canarias.
Ejemplo práctico y presencia exterior
“Más que desarrollo es que lo que se regula en las leyes canarias evite ser llevado al Tribunal Constitucional a través de recursos de inconstitucionalidad por parte del Estado”, ha puntualizado el viceconsejero, aludiendo a la necesidad de seguridad jurídica en la aplicación del Estatuto.
En concreto, ha citado como uno de los puntos “a reforzar” la participación directa de Canarias en las mesas internacionales con Marruecos —como la reciente cumbre bilateral entre España y Marruecos—, dado que, según ha recordado, el archipiélago “está afectada directamente” por buena parte de las cuestiones que se negocian en ese ámbito.
Riestra ha reclamado “que no quede como un espectador, sino que tenga presencia directa, informarse de lo que pasa e incluso intervenir”, en referencia a lo “contemplado” en el Estatuto que aún no se ha desarrollado plenamente y que, a su juicio, debe concretarse en los próximos pasos de reforma y despliegue normativo.
