El Consejo de Gobierno de Canarias dio este lunes luz verde a la propuesta del 'Decreto Canarias', que será enviada ahora al Parlamento autonómico en forma de comunicación para que los distintos grupos puedan presentar sus aportaciones.
En comparecencia ante los medios, el presidente Fernando Clavijo recalcó que el texto busca asegurar el "avance" del archipiélago en un escenario "incierto", actualizar las partidas de los PGE de 2023 y "cumplir" con los compromisos recogidos en la 'agenda canaria'.
Recordó que el contenido del decreto fue respaldado tanto por PSOE como por PP al inicio de la legislatura, por lo que interpreta que los socialistas están buscando "excusas" para no respaldarlo ahora. "Tienen el documento y los votos", afirmó, insistiendo en que, en principio, debería salir adelante en la Cámara con una mayoría amplia.
Subrayó que su Ejecutivo ha trabajado de forma "proactiva" desde agosto del pasado año, cuando cerró esta hoja de ruta con el presidente Pedro Sánchez ante la "fragilidad" parlamentaria del Gobierno central, y remarcó que el texto "no va contra nadie" sino "a favor de Canarias".
Frente a las críticas del PSOE canario, el jefe del Ejecutivo regional se preguntó "qué artículo" no figura ya en la 'agenda canaria', en el Estatuto de Autonomía o en los PGE de 2023, y calificó de "un pinto infantil" la exigencia de aprobar antes un decreto de competencias canarias.
Defendió que su gabinete está "gobernando" y ya ha sacado adelante tres presupuestos autonómicos, algo que el Ejecutivo estatal aún no ha logrado, y volvió a pedir "unidad" para encarar la negociación con el Estado y evitar que el "ambiente tóxico" de las Cortes Generales se traslade al archipiélago.
"Si mostramos unidad, Canarias triunfará, si no se prueba el decreto, a quien castiga es a Canarias y a los más vulnerables", advirtió.
Clavijo explicó que todavía deben incorporarse las posibles aportaciones de los cabildos y del Consejo Asesor, con el que se reunirá este martes, y avanzó que a finales de mes solicitará un encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para iniciar la negociación formal.
El presidente incidió en que el documento es "serio, riguroso y solvente" para dar "cumplimiento" a los acuerdos cerrados con el Gobierno central y advirtió de que, si no sale adelante, "será que el Gobierno no quiere cumplir lo firmado".
El decreto se estructura en cuatro capítulos, recoge un total de 50 medidas y varias disposiciones adicionales.
Entre los puntos más relevantes, Clavijo resaltó "todos los compromisos" vinculados a la 'agenda canaria', como los 45 millones del plan de empleo, 42 millones para infraestructuras educativas o la gratuidad del transporte público, que ha mejorado la movilidad y ha supuesto un "alivio" para la economía doméstica.
En el caso de La Palma, se vuelve a plantear la bonificación del 60% del IRPF para que se aplique mes a mes y el abono de los 100 anuales destinados a la reconstrucción.
Más recursos para dependencia y vivienda
El segundo capítulo tiene un fuerte componente social e incorpora que las administraciones canarias asuman la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, que se autorice un complemento autonómico a las pensiones no contributivas, una dotación de 120 millones anuales para dependencia --el Estado solo financia el 22% y debería asumir el 50%-- y 105 millones para levantar nueva vivienda.
En materia retributiva, el decreto plantea que las administraciones públicas canarias puedan aplicar una subida adicional del 2% a quienes perciban menos del 150% del salario mínimo interprofesional, así como bonificar la cuota de la Seguridad Social a las empresas privadas que incrementen los sueldos por encima de lo pactado en convenio.
Los dos últimos capítulos recogen las compensaciones del Estado al archipiélago por su lejanía, entre ellas el abono del Posei adicional, y la obligación de garantizar y actualizar el convenio de carreteras.
Asimismo, detalló Clavijo, se incluyen varias disposiciones adicionales relativas a la financiación de nuevas plazas de la Policía Canaria, el desarrollo del convenio ferroviario y la participación de Canarias en la toma de decisiones sobre las relaciones de España con Marruecos.