La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, considera que el decreto del Ejecutivo central para hacer frente a las consecuencias de la guerra es “absolutamente insuficiente” para la situación específica del archipiélago y ha supeditado el respaldo de su formación a que se garantice una compensación económica adicional para Canarias.
Valido recuerda que el texto incorpora algunas de las propuestas planteadas por Coalición Canaria, entre ellas las ayudas directas al transporte marítimo e interinsular o al sector primario, por ejemplo para la compra de fertilizantes. Sin embargo, sostiene que su alcance en una economía como la canaria, “especialmente vulnerable en este contexto bélico, es insuficiente”.
Desde Coalición Canaria se interpreta que el decreto elaborado por el Gobierno de España responde principalmente a las necesidades de la Península y que “olvida, de nuevo” la singularidad fiscal del archipiélago.
En esta línea, subrayan que las medidas de mayor calado se centran en la rebaja del IVA y, por tanto, no resultan de aplicación en Canarias, según remarca la nota difundida por la organización nacionalista.
Cristina Valido ha censurado que los residentes en las islas tengan que “soportar las medidas que requiere la situación con cargo a su presupuesto, mientras que el Estado asume su coste para el territorio continental”.
Además, ha incidido en que el IGIC “sostiene los servicios básicos de los canarios y no puede verse mermado por la necesidad de financiar medidas que el Estado asume para la ciudadanía peninsular”.
Por este motivo, Coalición Canaria avisa de que su posición en la votación del decreto en el Pleno del próximo jueves quedará condicionada a que exista una garantía de compensación financiera suficiente por parte del Gobierno central hacia el Ejecutivo autonómico, de forma que se puedan desplegar en las islas todas aquellas medidas que no son aplicables en el archipiélago en la actual coyuntura socioeconómica mundial.
Valido confía en que el Gobierno de Canarias reciba la respuesta “que por derecho corresponde” a las islas y reclama que el Gobierno de España “no continúe ignorando” su singularidad y las obligaciones que mantiene con la única región ultraperiférica del Estado.