Entidades memorialistas confían en que el Tribunal Supremo confirme de forma definitiva la titularidad pública del Pazo de Meirás y condene a la familia Franco al pago de una indemnización por “posesión de mala fe e ilegal” del inmueble. Así lo han planteado en una rueda de prensa en la que han intervenido representantes de más de una veintena de colectivos, coincidiendo con la votación y fallo señalados para el día 19 en el marco del proceso judicial.
“Reclamamos una sentencia ejemplar”, ha afirmado el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH), Carlos Babío, que ha comparecido acompañado de portavoces de otras organizaciones. En su intervención han subrayado la importancia del papel desempeñado por la sociedad gallega, a través del trabajo de las entidades y de las movilizaciones ciudadanas, para impulsar la reclamación del Pazo de Meirás como parte del patrimonio público.
“En sí es un hecho histórico que la lucha social consiguiera demostrar que hubo un expolio del franquismo”, ha destacado Babío, en sintonía con otros participantes. Ha recordado que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña fue el primero en reconocer que el Pazo de Meirás debía integrarse en el patrimonio público, resolución que posteriormente confirmó la Audiencia Provincial de A Coruña.
Según ha explicado, un pronunciamiento favorable a las tesis de las administraciones —Estado, los ayuntamientos de Sada y A Coruña, Xunta y Diputación de A Coruña— frente a la postura de la familia Franco permitiría que la propiedad quedase ya de forma definitiva bajo titularidad pública.
Además, ha insistido en que este escenario abriría la puerta a “recuperar otros expolios del franquismo y acabar con su impunidad”, en línea con lo expuesto por otros representantes, entre ellos el expresidente de la CRMH, Manuel Monge, quien ha recordado que existen otros inmuebles en una situación similar, como la Casa Cornide, en A Coruña.
Posesión de “mala fe” y reclamación de indemnización
“Pedimos que se mantenga la propiedad en el espacio público y que, además, los Franco sean condenados a indemnizar al patrimonio público por posesión de mala fe e ilegal del Pazo”. “Los nietos son conocedores de cómo se adquirió esa propiedad”, ha señalado Babío, que ha vuelto a reivindicar la “movilización social” en Galicia como factor clave para que el Estado y el resto de administraciones no solo pusiesen en marcha la vía judicial, sino que también recurriesen ante el Tribunal Supremo.
En cuanto al debate que se dirime en el Alto Tribunal, y dando por hecho que se ratificará la titularidad pública, ha explicado que la cuestión central relativa a la indemnización es si los herederos actuaron como poseedores de “mala fe”, tal y como recogía la sentencia de 2020 del Juzgado de Primera Instancia, o de “buena fe”, como apreció la Audiencia de A Coruña en su resolución de 2021.
“Y, por lo tanto, hay un derecho de liquidación de esa propiedad muy favorable para ellos porque establecía 1975 como iniciación de esa liquidación, lo que se llama estado posesorio”, ha precisado, en referencia a la posible devolución de los gastos en los que habría incurrido la familia mientras figuró como titular del pazo.
Pronunciamientos judiciales previos y bienes del inmueble
En su día, la Audiencia de A Coruña declaró que el Pazo de Meirás y las fincas que integran el recinto pertenecen al Estado, ratificando así lo que ya había decidido el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña el mes de septiembre anterior.
No obstante, la magistrada de Primera Instancia consideró que no procedía fijar indemnización al entender que la incorporación de la propiedad al patrimonio de la familia Franco se produjo “de mala fe”. Por el contrario, los jueces de la Audiencia Provincial concluyeron que no existían pruebas de que los demandados supieran que el título de propiedad de su abuelo carecía de validez jurídica.
En paralelo, respecto a los bienes ubicados en el interior del pazo, más de 500, el Gobierno ya expresó en su momento su satisfacción por la decisión judicial de mantener en manos del Estado la custodia de todo ese patrimonio hasta que exista una sentencia firme.