QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el dictamen del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (20 votos frente a 17 en contra), que será elevado a Pleno con 18 de enmiendas transaccionales integradas y 12 enmiendas en sus términos que modifican la norma para satisfacer varias demandas de los socios habituales del Gobierno tales como la mejora de los planes de movilidad al trabajo, la obligación a gasolineras de tener puntos de recarga, la electrificación de puertos y el impulso de las electrolineras, entre otras cosas. No obstante, todo puede quedar en nada, puesto que el texto aún tiene que recibir el visto bueno del Pleno y Podemos amenaza con tumbarlo.
VOTACIÓN DICTAMEN MOVILIDAD SOSTENIBLE
🟢Sí: 20 (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG en representación del Mixto).
🔴No: 17 (PP y Vox)
🟡Abstención: 0.
Una de las novedades más destacadas es el endurecimiento de las obligaciones a empresas. Las compañías deberán contar, en un plazo de 24 meses, con planes de movilidad a los centros de trabajo. La clave reside en que el texto establecía que estaban obligadas las empresas con más de 500 trabajadores o 250 por turno; y tras aceptar una enmienda transaccional, se ha rebajado a 200 trabajadores y 100 por turno, por lo que impactará en un mayor número de empresas.
En sintonía, otra enmienda transaccional compromete subvenciones para impulsar estos planes de movilidad al trabajo.
Los objetivos vinculantes de mitigación eran otra de las prioridades de los socios habituales. Se ha incluido una enmienda transaccional para actualizar e impulsar la progresiva descarbonización del transporte y la movilidad, de manera que se contribuya a alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050.
Para ello, el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) incluirá objetivos concretos y cuantificables; y serán vinculantes al incremento de las energías renovables y reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero en el sector transporte.
Se ha blindado que el Consejo de Ministros no pueda privatizar líneas de transporte público de uso general de viajeros; y se recoge que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se disponga una línea de ayudas para la renovación de flotas.
También se ha tocado la electrificación de puertos y cuestiones relativas a las electrolineras. Estas dos cuestiones eran condición sine qua non de socios como EH Bildu o ERC, y se han aceptado transaccionales en consecuencia.
Así las cosas, se impulsará el uso y suministro de fuentes de energía alternativas en puertos para contribuir a la descarbonización y a la mejor de la calidad del aire en entornos portuarios. Las autoridades portuarias, además, promoverán a la electrificación de puertos.
Los titulares de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen agregado de ventas de gasolina y gasóleo A sea igual o superior a 10 millones de litros a partir de 2025 deberán disponer de al menos un grupo de recarga que ofrezca una potencia disponible de mínimo 400kW y un punto de recarga eléctrica con una potencia disponible individual de al menos 150 kW. Las que no cumplan, dispondrán de 21 meses para su instalación o para acreditar su cumplimiento.
De igual forma, el Ejecutivo facilitará información de los puntos de recarga, así como el precio de venta y del servicio de los mismos.
Asimismo, se han introducido diferentes enmiendas transaccionales relativas a la mejora de la movilidad sostenible en Canarias. En concreto, usando como base enmiendas impulsadas por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, a través del Mixto, se forzará al Consejo Superior de Movilidad Sostenible a elaborar de forma prioritaria un informe sobre la movilidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla teniendo en cuenta su condición extrapeninsular, insular o de región ultraperiférica.
Se adoptarán medidas de financiación estatal en sintonía con el antecitado informe.
El Partido Popular ha conseguido colar en el texto, de la mano de Vox, Junts y una abstención del BNG, una enmienda en sus términos con incentivos para la renovación del parque de automoción español. En concreto, se prosperar la ley, el Gobierno dispondría de tres meses para desarrollan un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español.
El Partido Popular ha conseguido colar en el texto, de la mano de Vox, Junts y una abstención del BNG, una enmienda en sus términos con incentivos para la renovación del parque de automoción español. En concreto, se prosperar la ley, el Gobierno dispondría de tres meses para desarrollan un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español.
También se ha aprobado una enmienda de Junts para que las Administraciones Públicas promuevan obras en terminales de trasporte para mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad y el uso eficiente; así como el establecimiento de puntos de recarga eléctricos en carreteras. Al hilo de esto, otra enmienda, esta de Sumar, pide que se ubiquen señales visibles para informar de los puntos de recarga.
Puntos clave ya incluidos
Una de las claves está relacionada con el autobús. Los socios consiguieron suprimir la puerta abierta a la liberalización de rutas y al coste adicional que suponía para las Comunidades Autónomas asumir servicios que quedaran fuera del futuro mapa concesional. También se prevé la comercialización de un único billete combinando línea regular y transporte discrecional cuando no exista una línea que cubra ese trayecto.
El cabotaje pierde mucha fuerza, al renunciar Sumar y Bildu a su enmienda.
Se prevé una definición específica para las estaciones de recarga ultrarrápida y se reconoce como figura estratégica para la electrificación del transporte y el suministro eléctrico portuario. Además, se exime de autorizaciones las infraestructuras eléctricas para suministrar energía a puntos de recarga cuando no requieran evaluación de impacto ambiental ni declaración de utilidad pública y se prevén trabajos para la señalización de electrolineras.
El proyecto de ley contempla una futura regulación para suprimir los trayectos de avión toda vez que exista una alternativa ferroviaria de menos de 2,5 horas y no afecte a conexiones internacionales.
De igual forma, se estudiarán las conexiones con países europeos atendiendo, fundamentalmente, a aquellos en horario nocturno.
La iniciativa también prevé impulsar las autopistas ferroviarias y un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para favorecer el trasvase de mercancías a este modo durante un mínimo de cinco años.
Podría no ser ley
La nota discordante es Podemos. En Comisión no tienen representación, ya que la voz del Grupo Mixto es Néstor Rego, del BNG; pero ya anticipan batalla cuando el proyecto de ley aterrice en el hemiciclo.
Los morados no han cambiado de opinión y junto a PP, Vox y UPN suman 175, lo que bloquearía el proyecto. El precio de los de Ione Belarra para tornar su voto en afirmativo es detener las ampliaciones previstas del aeropuerto de El Prat y del puerto de Valencia.
¿Hay margen para negociar? Poco. Fuentes del Gobierno consultadas por Demócrata admiten que Podemos es uno de los huesos más duros actualmente a la hora de negociar -junto con Junts-, no ya en Movilidad Sostenible, sino en cualquier asunto. Lamentan que parten siempre de una posición de máximos.
Otros grupos del bloque de investidura aquejan, en sintonía con el Ejecutivo, que Podemos se haya acastillado en el ‘no a todo’. “Ellos creen que les da rédito, pero se están pasando de rosca”, apuntan fuentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Voces del grupo Sumar se mueven en la misma tónica e incluso ironizan: “Esperemos que podamos poder aprobar ya la ley y acabar con ella, a ver si Podemos nos deja”.
En el plano concreto, Podemos registró 63 enmiendas y la ponencia integró varias de ellas. El principal obstáculo sigue siendo político, pues desde hace meses, en concreto desde que el terremoto Cerdán sacudió el panorama político, se han negado a negociar sistemáticamente.
