Compromís en Les Corts Valencianes ha registrado una proposición no de ley, con tramitación especial de urgencia, para constituir una comisión de investigación sobre la adjudicación de la promoción de vivienda protegida de la cooperativa residencial Les Naus de Alicante, así como sobre el resto de promociones de este tipo otorgadas durante la actual legislatura.
La iniciativa exige que se hagan públicos los criterios de adjudicación, los baremos aplicados, las puntuaciones otorgadas, las listas de espera, los informes de verificación y los mecanismos de control, además de que se detalle el retorno social efectivo del suelo público empleado, a raíz de la polémica generada por este caso.
La coalición plantea igualmente reformar la normativa vigente en materia de vivienda de protección pública para asegurar el acceso “preferente” de las rentas bajas; equiparar las condiciones de acceso a las viviendas protegidas de promoción pública y privada; garantizar la calificación permanente y su desmercantilización; ajustar los precios al poder adquisitivo de la ciudadanía e impulsar un “cambio profundo” del modelo asociado al Plan VIVE. Reclaman que las políticas públicas de vivienda cuenten con una financiación suficiente para que la construcción de pisos en suelo público —tanto de la Generalitat Valenciana como de los ayuntamientos— tenga como objetivo prioritario ampliar de forma real el parque público de vivienda.
En la proposición también se insta al PP a asumir “todas las responsabilidades políticas derivadas de este escándalo”, incluyendo “explicaciones públiques completas y medidas para ningún cargo o entorno público vuelva a beneficiarse directa o indirectamente, de políticas destinadas a la ciudadanía con necesidad residencial”.
Críticas al modelo del PP en vivienda protegida
En una rueda de prensa en Alicante, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha denunciado que lo sucedido en Les Naus es “una práctica habitual del PP: abrirle la puerta a la empresa privada para que expolie los recursos públicos contra aquellas personas que, de verdad, necesitan VPO”, algo que ha calificado como “una perversión de un sistema que se creó para personas que realmente necesitan una vivienda”.
A su entender, el Partido Popular “sigue utilizando las instituciones para hacer chanchullos” y considera que, en este caso, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, es “títere de una trama supuestamente corrupta en cuanto a la adjudicación de estas viviendas y que además no solo el Ayuntamiento está implicado, sino también la Generalitat Valenciana”.
“Nosotros evidentemente vamos a pedir responsabilidades pero lo que está claro es que falta también una política de transparencia y de lucha contra la corrupción en este sistema. No puede ser que la gente no llegue a final de mes, que no pueda pagar el alquiler y que no pueda dar de comer a sus hijos con dignidad y que mientras tanto los gobernantes del Partido Popular estén haciendo chanchullos para poder darle a los amigos y a las amigas de turno una vivienda en una urbanización de lujo cerca de la playa para que estas personas puedan vivir especulando además” con ella, ha reprochado.
“Luz y taquígrafos” en las adjudicaciones
Por este motivo, ha avanzado que en los próximos días registrarán una batería de propuestas “para que esto no vuelva a ocurrir y que la gente tenga luz y taquígrafos en la adjudicación de viviendas públicas, que además son una de las emergencias principales que hay hoy en día en nuestra sociedad”.
En relación con el funcionario expedientado por la Generalitat por el caso de Alicante, Mas ha señalado que cuando un empleado público incumple “el régimen mínimo ético al que se compromete cuando opta a la plaza, da igual en qué departamento esté o qué gobierno esté gobernando. No es un problema de una persona única o un problema individual de un funcionario; es que estaba dentro de una trama muy grande en colaboración con el Partido Popular y con el Ayuntamiento de Alicante. No es un caso aislado”, ha sostenido.
Al hilo de ello, ha apuntado que “lo que está pasando ahora es precisamente que están generando esas actitudes que son propias de un pasado, son propias del Partido Popular y de una etapa que es la más oscura que hemos vivido en esta Comunidad”, y ha lamentado que “ahora volvemos, de la mano del Partido Popular a priorizar las empresas frente a las personas que necesiten un lugar donde vivir”.
Acusaciones de “trama criminal organizada”
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha reclamado “llamar las cosas por su nombre” porque “esto es una trama criminal organizada para traficar con pisos de protección pública” y se ha preguntado si el alcalde Barcala conocía un informe de patrimonio municipal, previo a que se destapara el caso, “que hablaba de incompatibilidades” y si abrió una investigación interna.
Asimismo, se cuestiona por qué mantuvo en el cargo a la concejala de Urbanismo si sabía de antemano que disponía de un piso de protección pública y si conocía que la directora general dimitida también tenía familiares “agraciados”.
“Mande hoy mismo a la Policía Local o, en su defecto, a la Nacional piso a piso para saber si allí está viviendo la gente que ha sido adjudicataria o lo están alquilando. Estamos recibiendo anuncios de todo tipo diciendo que esos pisos se están alquilando por 1.200, 1.300 euros... porque obviamente son viviendas de lujo”, ha instado, y ha pedido que se abra una investigación “piso a piso” y que se requiera a Aguas de Alicante o al padrón que comprueben si estas viviendas “están siendo ocupadas como vivienda habitual” o si permanecen vacías.
“No está haciendo absolutamente nada porque obviamente es el presunto cabecilla de esta trama criminal organizada o responsable de manera directa o indirecta porque él eligió a la concejala del Urbanismo cuando había sido adjudicataria”, ha mantenido, y ha añadido que él “puso a dedo a la directora general junto con el apoyo de Vox” y “la puso como secretaria de la mesa de contratación”.
El edil ha subrayado que el suelo público donde se ubica la promoción “se vendió por 6,6 millones de euros”, por debajo del valor de mercado, para levantar vivienda pública. “¿Dónde están esos 6,6 millones de euros de la generación de suelo a esta cooperativa que tenía que haber sido destinada para vivienda social?”, se ha preguntado, y considera que Barcala debe ofrecer “muchas explicaciones”.
Por último, Ximo Perles, portavoz en la Diputación de Alicante, ha avanzado la presentación de una moción en el pleno y en los ayuntamientos de la provincia “para ver hasta qué punto el Partido Popular está de acuerdo o no en este modus operandi. Así al final no estamos hablando de derecha o izquierda, estamos hablando de ladrones u honrados”.