Compromís ha señalado que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, pudo disponer de “información privilegiada” vinculada al programa de bonos comercio.
El dirigente empresarial quedó en libertad con cargos el pasado viernes por la tarde, tras ser arrestado dentro de la causa que mantiene abierta desde hace meses la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de una denuncia relacionada con los bonos de los años 2022 y 2023 promovidos por la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.
Baño rechazó haber incurrido en irregularidades y afirmó estar a “disposición de la justicia para aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir”. “Soy el más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible”, subrayó.
En este contexto, el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, y el diputado autonómico de la coalición, Gerard Fullana, han insistido este lunes, ante los medios, en la necesidad de crear una comisión de investigación sobre los bonos comercio en el seno de la institución provincial.
Compromís ha adelantado que registrará una moción en la Diputación para poner en marcha una comisión de investigación “sobre las relaciones administrativas de la Diputación de Alicante con la Cámara de Comercio de Alicante, Facpyme y las entidades vinculadas a Carlos Baño”.
Respecto a esta iniciativa, que tanto PSPV como Compromís ya avanzaron el pasado viernes, Perles ha remarcado que solo prosperará si el PP, que ostenta la mayoría absoluta en la corporación provincial, decide apoyarla.
“Desde Compromís ya hace mucho tiempo que estamos sospechando de que la Cámara de Comercio de Alicante se ha convertido en una especie de cueva de Alí Babá. Hay muchas cosas que no funcionan o que entendemos que no funcionan de manera correcta”, ha manifestado Perles.
El portavoz ha añadido que “es un hecho” que “se creó una mercantil” cuyo “administrador único es Carlos Baño” y “el único socio es una entidad totalmente privada que no tiene nada que ver con la Cámara de Comercio”.
“Se adjudicaban contratos de manera totalmente arbitraria, digamos, a esta entidad, como es Facpyme. Eso también es un hecho. Eso no se está discutiendo. Lo que se está discutiendo son las valoraciones jurídicas posteriores, pero es un escándalo”, ha remarcado.
Según Perles, la situación “es un escándalo porque ya estaban advertidos, porque en Torrevieja ya pasó que adjudicó la gestión de estos bonos comercio a su asociación local y la Agencia Antifraude ya dijo que eso no se podía hacer, que las asociaciones privadas tenían que presentarse a las licitaciones y lo que correspondía era hacer una licitación como tocaba para poder gestionar, en definitiva, un contrato externo”.
En opinión del dirigente de Compromís en la Diputación, en este caso se habrían realizado adjudicaciones “sin trámites” y “alegremente” a “una empresa cien por cien privada”. “No hay ninguna participación pública ni en Facpyme ni mucho menos en Nexo Retail, que es la mercantil que crearon”, ha recalcado.
Sobre esta sociedad, Perles ha planteado sus dudas acerca de su origen: “Facpyme no tiene ánimo de lucro y, por tanto, no pueden repartir dividendos. ¿Es por eso que la crearon 'ad hoc' para repartir esos dividendos?”.
Compromís exige revisar las ayudas y contratos
El diputado provincial ha incidido en que la Diputación “se ha dado mucho dinero a la Cámara de Comercio” y ha reclamado fiscalizar “hasta el último céntimo” que se ha destinado a la entidad cameral.
Cuestionado sobre si la institución provincial podría asumir algún tipo de responsabilidad en el diseño o gestión de los bonos comercio, ha considerado que “en principio se plantea difícil” y ha añadido que en las subvenciones a Alicante Gastronómica hay “mucho que desear”.
“La Diputación tiene que revisar la justificación de las subvenciones”, ha enfatizado, apuntando que es necesario comprobar “hasta qué punto la justificación de las subvenciones de los municipios incluye la prestación de un servicio que no se ha licitado”.
“Mercantiles como champiñones” y posible información reservada
Por su parte, Fullana, que ejerció como portavoz en la Diputación cuando Carlos Mazón, 'expresident' de la Generalitat Valenciana, presidía la institución en los años en que se impulsaron estos bonos, también ha defendido que se investigue “cualquier euro de los últimos diez años otorgado a la Cámara de Comercio y a sus satélites”.
“Aquí crecían las mercantiles de forma previa a las subvenciones como champiñones. No solo en la cuestión del bono comercio, sino en el reparto de publicidad”, ha denunciado el actual diputado autonómico de Compromís, quien ha añadido que mantuvo una “discusión muy fuerte” con Baño antes de que se aprobara la subvención.
A juicio de Fullana, “es imposible, es muy difícil que Carlos Mazón no informara previamente a Baño de la aprobación de estas ayudas cuando antes de aprobarse”, según ha sostenido, “estaba maquinándose una mercantil para repartirlas”.
“Por tanto, es fácil pensar que el señor Baño podría contar con información privilegiada. Es evidente. Si no, de qué manera se crea una mercantil de forma previa a aprobar estas ayudas”, ha planteado.
Censura al PP por “culpar a los ayuntamientos”
Fullana también ha arremetido contra el equipo de gobierno del PP en la Diputación, presidida por Toni Pérez, por, según ha dicho, “de forma infame” salir a “culpar a los ayuntamientos” tras hacerse pública la detención de Baño en el marco de esta causa.
El diputado ha explicado que hubo consistorios que alertaron de que “la aprobación de urgencia de estas ayudas y la arquitectura administrativa hacían muy difícil ejecutarlas si no contratabas con una empresa puente”.
“Mágicamente, esta empresa llamó uno por uno a muchos ayuntamientos. Es decir, eso estaba orquestado. Hay muchos ayuntamientos que perdieron la ayuda precisamente por este diseño”, ha señalado, para después apuntar que “desde la Diputación se recomendaba contar con estas empresas filtro”.
Según Fullana, el 88% del presupuesto de la Camara de Comercio procede de “dinero público”, por lo que ha aludido a la iniciativa registrada por Compromís en Les Corts Valencianes, una proposición no de ley con el objetivo de “aumentar” la fiscalización sobre las entidades camerales.
A su entender, la Cámara de Comercio se ha transformado “en la puerta rotatoria del PP de la provincia de Alicante” y ha criticado que “esté consumiendo los recursos públicos de los pueblos de esta manera” y “con total impunidad”.