Los consejeros autonómicos presentes este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la única excepción de Cataluña, han trasladado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su oposición directa al nuevo sistema de financiación autonómica, al considerar que nace “viciado” por el pacto previo entre el Gobierno y ERC, y han advertido de que no descartan impugnarlo ante la Justicia.
Así lo han ido manifestando los responsables regionales en sus comparecencias ante los medios tras más de cuatro horas de encuentro, en el que, según han relatado, la ministra Montero se ha limitado a reiterar lo ya expuesto el pasado viernes en rueda de prensa. Entre las que rechazan el nuevo modelo de financiación se encuentran las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias.
Once del PP y dos del PSOE, en contra
“Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo de Política Fiscal y Financiera hayamos mostrado nuestro rechazo frontal a un modelo que no soluciona los problemas de financiación, que nace viciado, que nace de la bilateralidad con los independentistas y secesionistas”, ha señalado el consejero murciano Luis Alberto Marín.
Las once comunidades gobernadas por el PP, Canarias y las dos presididas por el PSOE -Castilla-La Mancha y Asturias- han expresado a Montero su rechazo al nuevo esquema de financiación, alegando que está “precocinado” a partir del acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Durante la sesión, Montero ha explicado a las autonomías que la adhesión al nuevo modelo será voluntaria y que en las próximas semanas celebrará reuniones bilaterales con cada territorio, aunque se ha topado con un rechazo claro por parte de todas las comunidades de régimen común, salvo Cataluña.
🏛️ El Gobierno plantea que la adhesión al nuevo sistema de financiación autonómica sea voluntaria para las comunidades.
— demócrata (@democrata_info) January 14, 2026
⚖️ Las autonomías podrán elegir entre aplicar el nuevo modelo o mantener el actual, una opción ya contemplada en la ley de financiación de 2009.
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Reclamo de multilateralidad y posibles vías legales
Ante este escenario, el consejero de Murcia ha explicado que todas las regiones han solicitado a la ministra que “recapacite” y retome la vía multilateral. “Le hemos intentado hacer ver que si todo el mundo va en una dirección y ella va en dirección contraria, probablemente la que vaya por el carril equivocado sea ella”, ha remachado.
La consejera madrileña Rocío Albert ha reiterado su oposición tajante al modelo, criticando igualmente el sistema de financiación vigente y reclamando al Ejecutivo central una propuesta multilateral “que no venga dada por el resultado que ha decidido el señor Junqueras”.
Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurra el nuevo modelo ante el Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba, Albert ha respondido que no contemplan por ahora esa vía concreta, pero que emplearán “todos los recursos legales” disponibles.
Críticas también desde gobiernos socialistas
El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar trasladar a las comunidades el “chantaje” al que, según él, le han sometido los independentistas.
El representante del Ejecutivo de García-Page ha centrado sus reproches en el carácter voluntario del modelo: “Nos están diciendo que si lo aceptamos, tenemos 1.248 millones más y si no lo aceptamos pues lo perdemos”.
Asimismo, ha cuestionado las reuniones bilaterales previstas con las autonomías, al considerar que solo buscan dar “la apariencia” de multilateralidad cuando, a su juicio, el diseño presentado “ha sido fruto de la bilateralidad” con ERC.
La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ya había advertido antes del Consejo de Política Fiscal de su malestar con las formas empleadas por el Gobierno central y ha rechazado sumarse a un acuerdo que tacha de “plato precocinado”, reclamando una negociación en igualdad de condiciones para todas las CCAA.
Acusaciones de modelo “a la carta” y falta de respeto institucional
El consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, ha criticado un modelo “a la carta” elaborado “a espaldas” de las comunidades y ha reiterado la disposición de Galicia a participar en “un nuevo modelo” consensuado entre todos los territorios.
Corgos ha expresado su “decepción” tras la cita y ha calificado de “funesta” la cifra planteada para Galicia. “Pasamos a estar financiados muy por debajo de la media, y esto no lo podemos aceptar porque necesitamos recursos adicionales como todas las demás, para financiar el incremento de costes de Sanidad y dependencia”, ha subrayado.
En términos similares, la consejera extremeña Elena Manzano ha denunciado la “ausencia de respeto institucional” que, a su entender, ha mostrado la ministra, a la que acusa de que “no le importa” el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino “mantener a Sánchez en el poder”.
Manzano ha insinuado que Montero ha ofrecido más recursos a Andalucía porque “dentro de muy poquito va a intentar ser presidenta” de esa comunidad, en alusión a su candidatura en las elecciones andaluzas, y ha acusado a la titular de Hacienda de vulnerar las “reglas constitucionales” al negociar el modelo con ERC.
Por su parte, la consejera canaria Matilde Asián ha anticipado que las autonomías apenas dispondrán de margen real para influir en el diseño definitivo del sistema, ya que la ministra les ha comunicado que tiene “preparado el texto” del anteproyecto de ley.
Montero niega privilegios a Cataluña
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desmentido que la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica se haya diseñado para “contentar” a Cataluña y ha insistido en que no implica ningún privilegio ni trato preferente para ninguna comunidad autónoma.
La responsable de Hacienda ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado para analizar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, cuyo acceso será de carácter voluntario para las comunidades.
Pese a las críticas planteadas por los consejeros de todas las comunidades, Montero ha sostenido que no hay motivos objetivos para que alguna autonomía rechace este modelo. “Yo lo que he visto en el interior de la reunión es la repetición de un argumentario político que me hubiera gustado que se hubiera quedado en la puerta”, ha lamentado la titular de Hacienda.
“Los partidos políticos a los que se refiere el Partido Popular querían un cupo en Cataluña. Y estamos hablando de una reforma del modelo común, del conjunto de comunidades autónomas, así que todos los titulares y las afirmaciones que se han hecho sobre mi persona, sobre el presidente, respecto a que estábamos pactando un cupo separatista, se pone de manifiesto que era mentira”, ha defendido la ministra.
Montero ha subrayado además que, de los 20.975 millones adicionales que el Estado transferirá a las comunidades para sostener los servicios públicos que gestionan, más de 15.000 millones irán destinados a territorios gobernados por el PP.
“Por tanto, de que si hay un partido político que se beneficia de estas medidas, sin duda, es el Partido Popular, que es el que gobierna hoy por hoy en la gran parte del territorio”, ha explicado Montero.