Varias regiones controladas por el Partido Popular expresaron este martes su desacuerdo con el proyecto de ley orgánica para la condonación parcial de la deuda regional por parte del gobierno central, y han anunciado que emprenderán la batalla tanto política como judicial para impedir la aprobación de la ley, aunque no todos los lideres regionales han declarado si esto significa que no participarán en la condonación.
La medida, ratificada hoy por el Consejo de Ministros y explicada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, implica que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de la deuda autonómica acumulada a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y una parte de su deuda bancaria, lo que representa un cuarto del endeudamiento regional de régimen común.
Montero ha defendido que el proyecto no favorecerá ni perjudicará a ninguna región en particular, ni representará un beneficio para Cataluña, y ha anticipado que las mismas regiones del PP que ahora se oponen a la medida terminarán acogiéndose a ella en el futuro.
La propuesta se origina en los diálogos entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez en el otoño de 2023, que incluía un compromiso de los socialistas de implementar una condonación de deuda para Cataluña que sería extensible a otras comunidades. A pesar de los esfuerzos de Montero por negar cualquier privilegio para Cataluña, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP han rechazado la propuesta, calificándola de operación política, concesión a partidos independentistas y un mal negocio para sus ciudadanos.
Por su parte, Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha enfatizado desde primera hora la oposición del partido a la iniciativa, asegurando que los presidentes autonómicos del PP no la solicitarán aunque pudiera beneficiarles.
En regiones como Galicia o Canarias, lideradas por otros partidos pero con participación del PP, se ha anunciado una lucha para evitar que la medida prospere, con líderes locales como Diego Calvo en Galicia dejando abierta la posibilidad de acciones judiciales al explorar todas las medidas necesarias para revertir esta situación.