Varias regiones controladas por el Partido Popular expresaron este martes su oposición a la propuesta de ley orgánica para la condonación parcial de la deuda regional por parte del gobierno central, anticipando un enfrentamiento tanto en el ámbito político como en el judicial para prevenir la aprobación de la ley, aunque algunos líderes regionales no han clarificado si esto implica que rechazarán definitivamente adherirse a ella.
La medida, que fue aprobada hoy por el Consejo de Ministros y explicada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, implicará que el Estado se haga cargo de 83.252 millones de euros de la deuda autonómica acumulada a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y parte de la deuda bancaria, lo que representa un cuarto de la deuda regional de régimen común.
SIN ESPECIFICAR SI SE ACOGERÁN
A pesar de los esfuerzos de Montero por asegurar que la ley no favorece a ninguna región en particular ni ofrece un trato preferencial a Cataluña, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP han descartado el proyecto de ley, calificándolo de ‘operación política’ y ‘cesión’ a los partidos independentistas, y un ‘negocio ruinoso’ para sus ciudadanos.
Por otro lado, algunos líderes como el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, han anunciado que, aunque están en contra, se adherirán a la quita, que en su caso asciende a 448 millones de euros, mientras que otros aún no han definido claramente si participarán o no en la condonación propuesta.
Al mismo tiempo, el procedimiento para transferir la deuda al Estado es voluntario y requiere un diálogo y cooperación con las comunidades, según explicó el Gobierno. El método para asumir la deuda variará dependiendo de si la comunidad tiene o no deuda del FLA.