Ruth Merino, consellera valenciana de Hacienda y Economía, ha expresado su decepción por la falta de progreso en la reforma del sistema de financiación autonómica durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Ha solicitado al Gobierno central “una propuesta seria y concreta, que no sea una imposición y que esté sujeta a negociación”.
En una declaración posterior a su participación en el CPFF, Merino ha instado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a detallar los recursos adicionales que el Estado incorporará al nuevo sistema y cómo se asegurará una distribución equitativa y suficiente antes de presentar su propuesta de reforma.
Además, ha abogado por la urgencia de establecer un fondo de nivelación transitorio que compense a las comunidades autónomas menos financiadas, lo cual supondría para la Comunitat Valenciana alrededor de 1.800 millones de euros anuales.
“Esto no va de territorios ni de siglas. Va de garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios públicos dignos. Lo demás es ruido”, ha enfatizado Merino, defendiendo un enfoque multilateral y técnico para la reforma.
UN CPFF “AL SERVICIO” DEL GOBIERNO
Merino ha criticado al Gobierno por convertir el CPFF en un “instrumento más al servicio de sus propios intereses”, relegando la reforma y centrando la reunión en la presentación de objetivos de estabilidad que, según ella, son inviables sin mayoría parlamentaria.
La consellera también ha exigido claridad sobre el futuro del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario (extraFLA), esencial mientras no se reforme el sistema de financiación. “En la situación actual no se puede eliminar sin garantizar financiación suficiente por otras vías. Lo contrario sería dejar tirados a los cinco millones de habitantes de la Comunitat Valenciana”, ha declarado.
Merino ha alertado sobre la “incoherencia” del marco fiscal actual y la necesidad de adaptarlo al nuevo contexto fiscal europeo para evitar déficits estructurales, provocados no por un exceso de gasto sino por un problema crónico de ingresos. En 2022, la financiación por habitante en la Comunitat fue significativamente inferior a la media estatal y a la de las comunidades mejor financiadas, lo que perpetúa un déficit estructural y una creciente deuda.