No es norma, pero sí costumbre, que Congreso y Senado entren en "modo reposo" las últimas semanas del año. Coincidiendo con las festividades navideñas, la actividad se reduce sustancialmente, aunque el periodo de sesiones no concluye oficialmente hasta el 31 de diciembre.
A las puertas de despedir 2025, Demócrata ha monitorizado las convocatorias de sesión en las Cortes durante los días que transcurren entre Navidad y Nochevieja, desde 1977 a la actualidad. Por norma general, los años que se han celebrado comisiones o pleno, la actividad se ha concentrado en los días 27,28 y 29, respetando así el día después de Navidad y la jornada previa a Nochevieja.
En estas fechas, por ejemplo, se ha sancionado la Constitución (Congreso, 1978); se ha debatido la reforma del sistema de financiación (Senado, 2009); o incluso ha tenido lugar la apertura de la X Legislatura (2011). No obstante, lo habitual a a estas alturas del año es que los PGE protagonizaran el orden del día.
A pesar de la voluntad de conciliación de sus señorías, en ocasiones, la actualidad ha obligado a levantar la sesión un 30 de diciembre. Recordamos las grandes cuestiones que desviaron los focos de las uvas y el cotillón a la carrera de San Jerónimo: la intervención de Banesto (1993), la crisis de los GAL (1994), el desastre del Prestige (2002) y la pandemia del coronavirus (2020).
Conde y los Santos Inocentes
El 28 de diciembre de 1993, el Banco de España intervino Banesto, uno de los cinco grandes bancos españoles y que estaba presidido por Mario Conde. Ocurrió el Día de los Santos Inocentes y pudiera pensarse que era una inocentada, pero nada más lejos de la realidad. El Gobierno y el Banco de España decidieron actuar tras 18 meses de monitorización de la entidad bancaria que acumulaba un desfase patrimonial sin precedentes.
Dos días más tarde, a las puertas de despedir 1993, se convocó de urgencia la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio del Congreso. En el orden del día, la comparecencia, a petición propia, del ministro del ramo, Pedro Solbes, y del Gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo.
Aquel 30 de diciembre, tuvo lugar la última sesión en las Cortes del año en el que Felipe González logró ser reelegido presidente por cuarta y última vez. Un Gobierno en minoría, salpicado de escándalos y cuyas decisiones eran miradas con lupa por la oposición, los medios y el poder económico.
Solbes fue el primero en tomar la palabra para detallar los antecedentes que habían llevado al Ejecutivo socialista a optar por la suspensión provisional de los órganos de administración, entre las distintas fórmulas previstas por la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito. A día de hoy, el agujero del 'caso Banesto' está cifrado en 605.000 millones de pesetas, pero en los momentos iniciales, Solbes y Rojo, aseguraron que "lo que popularmente se conoce como «agujero»", estaba próximo a los 500.000 millones de pesetas.
Por su parte, el Gobernador del Banco de España, defendió el papel de las entidades supervisoras y recordó que está en su obligación "dar oportunidades a la entidad afectada para que, si es posible, corrija su rumbo por sí misma". En este sentido, Banesto llevaba atendiendo requerimientos desde marzo de 1992, y ese margen de maniobra concedido por el organismo público concluyó cuando el problema alcanzó dimensiones muy graves.
En palabras de Rojo en la Cámara Baja: "Seguir aceptando programas de resultados inciertos puede llevar a la entidad a una situación irreparable, que, en el caso de un banco importante, puede tener resultados negativos para el conjunto del sistema".
Montoro calienta la banda
En el turno de los grupos parlamentarios, hubo unanimidad entre los portavoces para agradecer la "rapidez" y "celeridad" con la que se estaban ofreciendo explicaciones. Por los populares, intervino Cristobal Montoro: "Había que ofrecer una explicación tranquilizadora a la sociedad española y ambas autoridades lo han intentado esta mañana".
A pesar del buen tono de la sesión, Montoro también reprochó a Solbes la incoherencia en su diagnóstico: "Si los problemas -de Banesto- obedecen, primordialmente, a los efectos de la crisis económica, no debe el Gobierno seguir banalizando su intensidad". El diputado del PP, que acabaría siendo ministro de Economía, aprovechó la tesitura para pedir un "cambio efectivo y radical de política económica".
Por su parte, Paco Frutos, que sería candidato a las elecciones generales del 2000 por Izquierda Unida (IU), sembró dudas sobre la naturaleza del movimiento: "Nos gustaría descartar totalmente que en lo que acaba de suceder, la intervención del Banco de España en Banesto, hubiera cualquier atisbo de maniobra política".
Una sospecha que fue negada con vehemencia por el ministro Solbes: "Me preocupa que se haya podido suscitar una duda de este tipo por quien dice que no debería existir la menor sombra de duda sobre este punto". En este sentido, apeló a las explicaciones dadas por el Gobernador: "La actuación del Banco de España ha sido absolutamente justificada por razones puramente financieras y sus señorías pueden tener la absoluta tranquilidad de que no hay la menor sombra de politización en este tema".
Para Frutos, la intervención de Banesto también era el fin de una era: "Una época que narcotizó con determinados datos a una parte importante de la saciedad española; una época en la que han coincidido de forma caótica: Rumasa, Kios, Expo, Juegos Olímpicos... Parecía que en este país todo era permitido porque dando una patada en el suelo aparecía el dinero por todas partes".
Finalmente, Conde fue condenado a prisión por el Caso Banesto por delitos de estafa y apropiación indebida con una pena total de 20 años por el Tribunal Supremo.
Con noticias de los GAL
Si 1993 había acabado por todo lo alto con el caso Banesto, en 1994, mientras en la Plaza del Sol ultimaban los ensayos de las campanadas, en la Carrera de San Jerónimo los GAL captaban los focos.
Hacía ya siete años que se había descubierto la guerra sucia del Gobierno socialista contra el terrorismo de ETA, pero se seguían descubriendo nuevos implicados. El 16 de diciembre de 1994, José Amedo y Michel Domínguez, estando ya condenados a 108 años de prisión, deciden colaborar y declarar ante el juez Baltsar Garzón. Su testimonio propició que días después fuera mandado a prisión Julián Sancristobal por su relación con el secuestro del empresario vasco Segundo Marey, primera acción reivindicada por los GAL y que resultó ser una equivocación.
Cuando sucedieron los hechos en 1983, Sancristobal era Gobernado Civil de Vizcaya y después sería nombrado Secretario de Estado de Seguridad durante la etapa de José Barrionuevo al frente del Ministerio del Interior. Su detención puso fin a su carrera en el mundo financiero que había empezado a finales de los ochenta tras dejar la política activa.
Los días 27,28 y 29 de diciembre, el diario El Mundo, publicó un reportaje en exclusiva con las memorias de Amedo y Domínguez que dejó titulares como el siguiente: "En todo momento tuvimos claro que los GAL eran un montaje del Gobierno".
Las nuevas revelaciones, junto a las novedades judiciales, propiciaron que el PP e Izquierda Unida solicitarán la comparecencia del ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Benlloch.
Millones de pesetas
Benlloch compareció en la comisión del ramo el 30 de diciembre de 1994. En su intervención inicial, alegó que los hechos habían sucedido una década atrás y que su posición sobre cómo debía operar un Estado democrático no había variado en este tiempo. Además, ante las dudas de la oposición sobre la implicación del departamento que dirigía añadió: "Si existiera el más mínimo atisbo documental o testifical relevante desde el punto de vista de los hechos investigados, el Ministro de Justicia e Interior no hubiera esperado un segundo una petición del juez; yo personalmente lo hubiera llevado al juzgado".
Las explicaciones ofrecidas por Benlloch no fueron suficientes para Antonio Romero (IU) que calificó la comparecencia como "vacía de contenido". El dirigente de IU también recordó ante los presentes lo que había costado agendar la sesión: "Su Grupo se negaba en redondo hace sólo 48 horas y ha sido la demanda de la sociedad, la opinión de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios, incluyendo a sus aliados, y el cambio de actitud ayer de su propio Grupo lo que ha hecho posible este acto parlamentario".
Para el popular Francisco Alvárez-Cascos, todas las informaciones que se estaban conociendo generaban una inestabilidad que amenzaba con quebrar "las expectativas de futuro" del país: "Sus torpezas, está costándole miles de millones de pesetas a este país y a los ciudadanos de este país".
Una gota de dulzura
La catástrofe del Prestige amargó el final de 2002. El hundimiento a mediados de noviembre del buque petrolero frente a las costas gallegas seguía de máxima actualidad a 30 de diciembre. La gestión del Ejecutivo de José María Aznar se miraba bajo lupa y el Grupo Mixto y el BNG habían solicitado la comparecencia en comisión del ministro de Fomento, Francisco Alvárez-Cascos.
La sesión celebrada el penúltimo día del año fue introducida por unas simpáticas palabras de su presidente Luís Marquinez (PP): "Para que las tareas de hoy les sean más gratas, dentro de lo que cabe, me he permitido traer de mi tierra unos pequeños dulcecillos para que puedan ustedes desayunar, tanto los miembros de la prensa como los miembros del Gobierno que nos acompañan, y así les sea más leve la sesión". Según detalló, en el ánimo de este gesto estaba aportar "una gota de dulzura" para que las tareas "vayan bien encaminadas".
Sin embargo, el espíritu navideño brilló por su ausencia una vez el ministro tomó la palabra. Alvárez-Cascos reconstruyó la labor del Ejecutivo y la respuesta del Estado desde el momento en que se conoció que el buque tenía una fisura. Una de las cuestiones que más fricción suscitó fue la decisión gubernamental de remolcar el navío mar adentro.
"Cuando se tomó la decisión de alejar el buque, el naufragio era algo clarísimo. No era una probabilidad remota, era más bien una certeza", sentenció el diputado socialista José Segura.
También generó unanimidad en la oposición la ausencia de transparencia del Ejecutivo, "en estas comisiones se recibe la infor mación que va aportando el Gobierno con cuentagotas", añadió Gaspar Llamazares (IU).
'Show' de fin de año
El último precedente de actividad en las cortes en la víspera de fin de año es 2020. Ese 30 de diciembre se reunió la Comisión de Interior del Congreso para acoger la comparecencia del director general de la Policía Francisco Pardo Piqueras.
Antes de que Pardo Piqueras tomara la palabra, Ana Belén Vázquez (PP) la pidió por una cuestión del Orden Día. Vázquez expresó su malestar porque, según ella, se había cambiado el orden del día de forma discrecional por parte de la presidenta, lo que impedía debatir proposiciones no de ley que estaban programadas para esa sesión: "Usted, de manera individual, el pasado día 10 de diciembre decidió que se celebrase esta comparecencia, sin avisarnos a los portavoces. Yo me enteré por un mensaje del Congreso".
Al frente del órgano se encontraba la socialista Ana Botella que negó las acusaciones y la tensión escaló cuando Vázquez la acusó de “mentir” al decir que no existían otros puntos pendientes en el orden del día. Botella la llamó al orden y calificó de “show indigno” su actitud. Una vez retomado el hilo, la comisión acogió la intervención del director general de la Policía que explicó las principales líneas de su departamento para la IX Legislatura.
Por otro lado, las navidades del 2020 estuvieron marcadas por la pandemia del coronavirus, las restricciones sanitarias y de reunión, así como, por el inicio de la vacunación. Este contexto no fue ajeno en el debate, y entre otras, el Grupo Popular, pidió a Pardo Piqueras explicaciones sobre las supuestas “órdenes políticas” que se estarían transmitiendo a la Policía con relación a un supuesto rastreo de redes sociales y páginas web para evitar críticas al Gobierno por cómo gestionó la pandemia.
En esta línea, también formó parte de las peticiones de comparecencia informar sobre la situación de la Policía Nacional en relación con la COVID-19, incluyendo aspectos como medios, efectivos y protocolos de protección sanitaria frente a la pandemia en determinadas provincias.