Paso adelante en la tramitación del proyecto de ley por el que el Gobierno pretende regular la transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, la popularmente conocida como «ley de lobbies». La Mesa del Congreso, reunida este mediodía, ha decidido poner fin a la fase de presentación de enmiendas al articulado del texto por lo que mañana miércoles, 10 de septiembre, a las seis de la tarde, se cerrará el plazo para que los grupos parlamentarios registren sus propuestas de modificación sobre el texto registrado en su día por el Ejecutivo.
El órgano rector de la Cámara Baja ha acordado no extender más un periodo que se inició a comienzos de febrero y que se ha prolongado en 17 ocasiones por sucesivas prórrogas. A finales de marzo, el pleno debatió y votó la enmienda a la totalidad de Vox por la que se pedía al Gobierno la retirada del proyecto, devolución que quedó rechazada con los únicos votos a favor del grupo parlamentario liderado por Santiago Abascal, la abstención del PP y los noes del resto de formaciones con representación en la Cámara.
Una carencia histórica en la legislación nacional
El proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés que tutela el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública pretende poner fin a un agujero en lo que a la regulación de los lobbies en España respecta, una carencia señalada desde hace años en diferentes informes por organismos como la Comisión Europea, en su evaluación del Estado de Derecho en cada país miembro, o Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)del Consejo de Europa.
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En paralelo, el Congreso también tiene en tramitación, aún en periodo de enmiendas, una proposición de ley del Grupo Socialista para regular las relaciones de los grupos de interés con los miembros y trabajadores de la Cámara Baja.
La propuesta del Gobierno
En su redacción actual, la propuesta del Gobierno va en la línea del proyecto aprobado en el Consejo de Ministros hace casi tres años, en noviembre de 2022, pero que que no llegó a remitirse a las Cortes antes de que acabara la legislatura, a final de mayo de 2023.
El articulado afecta principalmente a los agentes que realicen labores de presión o influencia en políticas públicas, con escasas menciones a obligaciones por parte del personal público, al que en algunos casos se les prohíbe durante dos años el ejercicio del lobby «en ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en los que prestaron servicios».
El actual proyecto contempla la creación de un Registro de Grupos de Interés, de carácter obligatorio, para relacionarse con el personal público. Además, se fija el proceso de inscripción, una información mínima a incluir, los derechos y obligaciones para los inscritos, el informe de huella normativa y un régimen sancionador.
Las competencias recaen sobre la ya existente Oficina de Conflictos de Intereses, que mantendría su dependencia organizativa y presupuestaria de la Secretaría de Estado de Función Pública, si bien se amplían las atribuciones del órgano y su titular, para quien se limita el mandato, que sería de seis años improrrogables. La iniciativa legislativa da seis meses desde su entrada en vigor para la aprobación de las normas necesarias para la puesta en marcha del Registro y del Estatuto de la Oficina de Conflictos de Intereses.
