Un Pleno del Congreso de los Diputados teñido de verde ha convalidado el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar los permisos de nacimiento y de cuidados. La medida ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos (313) y la abstención de Vox (33); y se tramitará como proyecto de ley.
En la defensa de la iniciativa, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que es una cuestión que «trasciende la polémica partidista» pues es «una cuestión de Estado».
Díaz también ha destacado que representa «un cambio cultural» y ha puesto en valor que gracias a que en el año 2019 se estableció la igualdad y la naturaleza no transferible de los permisos para padres y madres, España «se ha convertido en el país europeo con mayor participación de los hombres en los permisos de nacimiento».
La reforma aumenta a las 19 semanas el permiso de nacimiento y cuidados; flexibilizando la utilización de dos de esas semanas para que puedan disfrutarse en los primeros ocho años y no solo en los primeros doce meses. De esta manera, se estaría cumpliendo la Directiva 2019/1158 sobre conciliación, que exigía a España la remuneración de estos permisos de cuidados, que ya fueron aprobados en 2023, pero sin estar retribuidos.
Así las cosas, las actuales 16 semanas de permiso a disfrutar en el primer año pasan a ser 17 y se añaden otras dos que pueden distribuirse a conveniencia de los beneficiarios en los siete años siguientes.
En supuestos de nacimiento o adopción múltiple o discapacidad, el permiso por nacimiento se amplía una semana más para cada progenitor.
Las condiciones seguirán siendo las mismas: seis semanas obligatorias a partir del nacimiento y la posibilidad de acumular seguidamente o trocear el resto en bloques semanales. Los permisos son intransferibles entre progenitores.
Para disfrutarlos, es necesario avisar a la empresa con una antelación mínima de 15 días.
De igual forma, los permisos para las familias monoparentales se duplican, pasando de 16 a 32 semanas, con el propósito de equiparar sus derechos al resto de familias.
La Seguridad Social asumirá el coste y abonará el 100% de la base reguladora, correspondiendo la gestión al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INNS).
Y, como viene siendo hasta ahora, la prestación estará exenta de IRPF, por lo que el importe a ingresar será el salario bruto de la nómina, sin retención de Hacienda, según detallan a Demócrata fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social.