QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El martes que viene el Congreso abordará la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración, impulsada por Junts y por el PSOE el pasado mes de marzo.
El PSOE ha desvinculado este calendario de la derrota de la semana pasada de la reducción de la jornada laboral por la negativa de Junts y del cambio de tono de una parte del Gobierno, Sumar, con la formación independentista. «La responsabilidad de los tiempos no corresponde al Grupo Socialista», ha insistido el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López.
El dirigente socialista ha explicado que Junts contaba con cupo esta semana para elevar una proposición y esta es la única que tenían. Además, ha recordado que ellos también registraron la iniciativa y que van a trabajar para que logre la mayoría necesaria: «Nosotros no abandonamos nuestros compromisos, la firmamos y vamos a negociar para que salga adelante».
Los detalles
La iniciativa establece que Cataluña sería considerada “ventanilla única” en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. Además, tendrá la capacidad de expedir documentos de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.
De aprobarse la ley, los Mossos de Esquadra serán los responsables de gestionar la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a saber, Guardia Civil y Policía Nacional; a excepción de cuestiones relativas a la Seguridad Nacional, en cuyo caso, los Mossos harán la propuesta y la última palabra la tendrá el Estado español. El órgano encargado de toda la coordinación policial será la Junta de Seguridad, integrada por los tres cuerpos.
La propia comunidad autónoma será la encargada también de realizar las pertinentes gestiones de devolución de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada). Los Mossos estarán en la frontera y actuarán con arreglo a la ley y en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Los Mossos también tendrán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
Para poder asumir todas estas nuevas competencias, el número de efectivos de los Mossos se incrementará progresivamente en 1.800, hasta alcanzar la cifra de 26.800 agentes para el año 2032.
Será la propia Cataluña la que ejercerá la competencia sancionadora de cada procedimiento administrativo, incluida la resolución y la ejecución, por lo que deberá encargarse de instruir y ejecutar las devoluciones.
También gestionará las contrataciones en origen. Será la propia Cataluña la que elabore el contenido de la norma de gestión colectiva en relación a las contrataciones en origen requeridas, estableciendo la correspondiente lista de ocupaciones prioritarias. De igual forma, habrá de recabar las solicitudes formuladas por las organizaciones empresariales y organizaciones sindicales del ámbito de su territorio, respecto a las necesidades de puestos de trabajo a cubrir a través de este modelo.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) también pasarán a ser gestionados por la comunidad autónoma, que tendrá que designar a los empleados púbicos, los servicios y todo lo relativo a la asistencia sanitaria, social, jurídica, cultural y lingüística; así como los traslados de internos en el interior de su territorio.
El Gobierno español transferirá en un plazo no superior a seis meses desde la aprobación de la norma los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza las competencias delegadas y se asume que la Generalitat podrá desarrollar un modelo propio.
Fuentes de Junts han incidido en la importancia de la integración lingüística de los migrantes. De hecho, se ha llegado a verbalizar que “sin catalán, no se van a dar los papeles”, porque “si no conoces la lengua, la integración no es plena”. Sin embargo, cabe destacar que esta sería su propuesta y que el texto acordado no lo recoge. Será la Generalitat y el Parlament los que concreten el nuevo modelo a través de una ley, un Govern en el que no está Junts.
