El primer encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe en julio de 1981 decidió declarar el 25 de noviembre día Internacional contra la Violencia hacia la mujer. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas asesinadas por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.
En 1999 la ONU decidió darle carácter oficial a esta fecha e invitó a gobiernos, instituciones y organismos a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público al respecto.
«El compromiso de la Cámara»
Dos años antes de la decisión de la ONU, el Congreso ya conmemoraba el 25N. Desde 1997, la Cámara venía aprobando una declaración institucional para trasladar el compromiso de la institución y sus miembros con la erradicación de la violencia de género. El encargado de leer esta primera iniciativa fue Federico Trillo (PP), entonces presidente del Congreso.
El comunicado destacaba que en España las denuncias por violencia contra las mujeres habían aumentado en 1997 un 2%. El texto, consensuado entre todos los grupos parlamentarios señalaba también los malos tratos físicos, psicológicos y sexuales a los que son sometidas de manera creciente las mujeres y que «las mantiene en una situación que les impide gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres».
El año siguiente, la declaración institucional instaba a «los agentes que intervienen en la atención de la víctima a utilizar todos los medios de que disponen en defensa efectiva de las mujeres que sufren violencia». Además, se hizo mención explícita al compromiso del Parlamento a impulsar «cuantas iniciativas se propongan que vayan encaminadas a prevenir y erradicar la violencia y a ayudar a las víctimas de las agresiones físicas y psíquicas«.
Por su parte, el texto que leyó Trillo en 1999 incluía por primera vez una mención a las mujeres fallecidas. Mediante esa declaración institucional la Cámara Baja quiso denunciar que eran millares las mujeres que habían sufrido violencia y decenas las que habían muerto a manos de sus agresores a lo largo de ese año.
«Se reafirma el compromiso de la Cámara para aunar esfuerzos y apoyar cuantas medidas puedan contribuir a que se erradique la violencia contra las mujeres a nivel individual y colectivo», concluía el comunicado.
Por las mujeres afganas
En 2001 la encargada de leer la declaración institucional fue Luisa Fernanda Rudi (PP), que se había convertido en la primera mujer en ocupar la presidencia del Congreso. El 25N llegó pocos meses después de la intervención estadounidense en Afganistán. En esta línea, la Cámara Baja remarcó «su apoyo especial para que en la nueva situación política que se produzca en Afganistán el Gobierno que resulte se comprometa a respetar y garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas, derechos a la educación, a la sanidad, al trabajo y derecho a su libertad, así como a su presencia institucional».
Los grupos acordaron al siguiente año hacer referencia al art. 15 de la Constitución, que recoge el derecho de todos y todas a la vida y a la integridad física moral, sin que en ningún caso nadie pueda estar sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, para resaltar que a pesar de él, «hemos comprobado cómo, desgraciadamente, miles de mujeres siguen siendo víctimas de violencia de género, ya sea ésta física, psicológica o económica».
En la última declaración institucional que leyó Rudi, se decía que «los numerosos casos de mujeres que han muerto por esta causa, ello es la evidencia más brutal de la situación de desigualdad». Era 2003 y se quiso también destacar la labor legislativa de la Cámara en esta materia: «El Congreso de los Diputados considera un paso positivo la aprobación por parte de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica«.
Control al Gobierno
En la VIII Legislatura (2004-2008), que presidió Manuel Marín (PSOE), solo se produjo una declaración institucional por el 25N. Fue en 2004 y a diferencia de ocasiones anteriores, no lo leyó el presidente sino la secretaria primera María Jesús Sainz García. En el texto se celebró la aprobación a del proyecto de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género y se declaró la necesidad de continuar trabajando «para garantizar el respeto hacia las mujeres y los colectivos más débiles y vulnerables».
A esa satisfacción expresada, se sumó el manifiesto de su compromiso «de ejercer su tarea de control para que desde el Gobierno y las instituciones públicas se desarrollen todas las medidas necesarias para que desaparezca esta forma de maltrato».
En 2008, ya con José Bono (PSOE) en la Presidencia, el secretario primero Jaime Barrero López (PSOE) dio lectura a la iniciativa que ponía el énfasis en aquellos
«ciudadanos y ciudadanas, asociaciones profesionales, instituciones y administraciones públicas por su lucha continua por devolver la dignidad a las mujeres», ante los que la Cámara mostraba su reconocimiento.
En ese Pleno además de aprobar la declaración institucional, se debatió una PNL a propuesta del grupo popular sobre medidas preventivas en la lucha contra la violencia de género. Soraya Sáenz de Santamaría (PP) fue la encargada de defenderla que y aseguró aquel 25 de noviembre «que trabajar en esta Cámara es uno de los trabajos más bonitos que puede hacerse y cuando, en una sesión como esta, todos y cada uno de nosotros nos ponemos de acuerdo en lo que hay que hacer y cómo hacerlo, podemos sentirnos satisfecho».
Sáenz de Santamaría aseguró desde la tribuna que la mejor declaración institucional que se podía hacer en esa jornada era que en el momento de la votación de la PNL, «el panel esté lleno de luces verdes, ese panel sea una luz verde de esperanza a todas esas mujeres que están deseando saber que hay un juez, un policía y un médico que las atienda para dar el primer paso». Y así ocurrió, de los 327 votos emitidos, 325 fueron a favor.
En 2009 el 25 de noviembre la declaración institucional se leyó en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad. Por este motivo, el texto ponía de manifiesto la repulsa a esta lacra y su apoyo hacia todas las mujeres que la sufren y «en particular a las mujeres que debido a su discapacidad son especialmente vulnerables ante la violencia de género. Su situación de discapacidad da lugar a formas de violencia de género más complejas y en ocasiones difíciles de identificar».
Pacto de Estado
Hasta 2013 el Congreso no volvió a aprobar una iniciativa por el día contra la Violencia hacia la mujer. El presidente Jesús Posada (PP), rogó al secretario primero Ignacio Gil Lázaro (entonces diputado del PP, ahora lo es por Vox) que leyese la declaración institucional firmada por todos los grupos: «Con este motivo, quiere honrar la memoria de las 46 mujeres —la última, ayer mismo— y de los 5 menores asesinados durante este año 2013 y manifestar su solidaridad con las familias. Al mismo tiempo, desea reiterar su compromiso, renovado año tras año, de continuar trabajando sin descanso en la eliminación de este gravísimo problema que socava los cimientos de la sociedad igualitaria y democrática que entre todos estamos estableciendo».
En estos momentos, la última declaración institucional que ha aprobado el Congreso por el 25N fue la de 2018. Ana Pastor (PP) dio la palabra a Alicia Sánchez Camacho (PP), secretaria primera, que en nombre de todos los grupos aseguró que los miembros de la Cámara se encontraban «trabajando sin descanso en el marco del histórico Pacto de Estado en materia de violencia de género con el objetivo de seguir impulsando todas las medidas acordadas».
Las ausencias
Desde 1997 el Congreso ha aprobado once declaraciones institucionales para conmemorar el 25 de noviembre. En cambio no hubo iniciativas al respecto en el 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021 y 2022. En esa fecha en 2011 y 2019 las Cortes estaban disueltas y el país inmerso en procesos electorales.
Desde 2018 no ha sido posible lograr unanimidad entre todos los partidos con representación en el Congreso. El principal escollo ha sido Vox, que con frecuencia se ha desmarcado de este tipo de conmemoraciones. Las declaraciones institucionales se atribuyen al Pleno y las negocian entre los grupos parlamentarios. Sin unanimidad, no hay pronunciamiento posible.
No obstante, la señalada fecha no ha pasado de largo para sus Señorías. En 2020 hubo referencias al día contra la violencia de género en la Comisión de Presupuestos, en la de Derechos Sociales y Discapacidad y en la de Asuntos Económicos y un minuto de silencio.
En 2021, además de distintos actos, a falta de la declaración institucional, la presidenta Meritxell Batet (PSOE) quiso iniciar el Pleno celebrado el 25 de noviembre, con un recuerdo a las 1118 mujeres asesinadas (1237 en noviembre de 2023) por violencia de género desde que en 2003 se empezaron a contabilizar.
En 2022, no hubo actividad el 25N pero en el Pleno celebrado el 23 de noviembre, que estaba debatiendo los dictámenes de las comisiones sobre los PGE 2023, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, inició su intervención con un recuerdo a las víctimas y una petición: la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Un año más tarde, el anhelo expresado por Giménez, cristalizó con la aprobación de la creación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La votación tuvo lugar la última semana de noviembre de 2023, días después del 25N que en esa ocasión cayó en sábado. Vox votó en contra de la creación de la Comisión y también impidió que se llevará a cabo una declaración institucional.
El año pasado tampoco fue posible alcanzar la unanimidad entre los grupos del Congreso, aunque sí se celebró una mesa redonda sobre la violencia contra las mujeres y su representación en la cultura. Al término del coloquio, se dio lectura en la escalinata de la Puerta de los Leones a los nombres de las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2024. Diputados y miembros de la Mesa sostuvieron una pancarta de repulsa, pero los miembros de Vox optaron por desmarcarse de la imagen.
Al día siguiente, en el Pleno que tuvo lugar el 26 de noviembre, la Cámara Baja tuvo que guardar de nuevo un minuto de silencio por una víctima de violencia de género. María Celeste tenía 46 años, vivía en Sevilla y fue asesinada por su marido.