Con 349 votos emitidos, 179 votos a favor y 170 votos en contra, la Proposición del Ley de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (TC) impulsada por el PNV ha superado su toma en consideración. Han apoyado la proposición el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria. El PP, Vox y UPN se han situado en el no.
La medida propone crear un recurso subsidiario de delimitación de competencias para que el Tribunal Constitucional “pueda revisar la interpretación de las competencias estatales o autonómicas, subyacente en los acuerdos de comisiones mixtas de transferencia y de las juntas de seguridad que haya realizado la función jurisdiccional ordinaria.”
En consecuencia, a partir de una nueva disposición adicional, el objetivo de la norma es que el TC tenga la última palabra sobre la interpretación de los tribunales ordinarios en esta materia y anular la decisión si fuera pertinente. Solo se podrá acudir al TC tras agotar todos los recursos judiciales ordinarios y el plazo para interponer el recurso será de 30 días.
Además, los tribunales ordinarios podrán consultar al TC antes de resolver un litigio si tienen dudas sobre la validez de los acuerdos de comisiones mixtas de transferencia y de las juntas de seguridad. Cabe precisar, que el Pleno del TC resolverá estas cuestiones prejudiciales, siguiendo un procedimiento similar al de las cuestiones de inconstitucionalidad.
Por el autogobierno
Mikel Legarda (PNV) ha sido el diputado encargado de defender la medida y ha puesto en valor la «función unificadora» de la misma. «Nada impide que los tribunales ordinarios interpreten de forma distinta a lo que lo haya hecho el TC, salvo que se trate de una misma cuestión», ha asegurado para ejemplificar un escenario jurídico que a su juicio, en estos momentos, no está bien resuelto. Legarda también ha insistido en el papel de complementariedad entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional que persigue la proposición del Grupo Vasco.
La iniciativa ha sido bien recibida entre los grupos independentistas de EH Bildu y Junts, que han visto con buenos ojos que los tribunales ordinarios no sean los que decidan sobre el reparto competencial.
En el caso de los abertzales, el diputado Jon Iñarrtiu no ha ocultado las reticencias de su grupo a la actuación del alto tribunal, que ha llegado a definir como «un árbitro de parte, que siempre ha barrido hacia el Estado centralista», sin embargo, consideran que la iniciativa es un «parche» que mejora el marco actual.
En este sentido, Josep Pagès i Massó, ha defendido el sí de Junts a «una propuesta aparentemente técnica, pero que delata los déficits del sistema judicial». Para los de Puigdemont, de aprobarse, la norma serviría para hacer frente «de forma inmediata a la intromisión del Poder Judicial en el autogobierno».
En el turno del PSOE, ha tomado la palabra Rafaela Romero que ha asegurado que «la España plural necesita reforzar los mecanismos que hacen realidad el autogobierno, para que estén más protegidos». Una protección que vendría dada con la creación de este recurso subsidiario de delimitación de competencias.
En términos similares ha planteado Sumar su intervención. El diputado Lander Martínez ha señalado que un «Estado plurinacional y descentralizado, necesita de un diseño estable, con ámbitos definidos y cooperación exigente». Además, ha confrontado el modelo del PNV y de los grupos que han apoyado la iniciativa, frente al de PP y Vox, que ha afirmado «proponen un país en vertical con mando único».
Desde la oposición
Si partidos como Junts, ERC y EH Bildu, han manifestado su satisfacción por otorgar estas competencias al Constitucional, en detrimento de los tribunales ordinarios, este ha sido el principal argumento esgrimido por Vox para colocarse en el «no».
En palabras de Ignacio Gil Lázaro (Vox), «dada la situación del TC» hay mayor margen «de seguridad y objetividad» en las decisiones de los jueces y los tribunales ordinarios. Además, ha denunciado que esta medida refuerza la capacidad de litigio de las CCAA, en un contexto en el que todos los conflictos tienen en común querer «mermar la presencia del Estado». El tercer argumento que ha dado es que la PL engrosa «la deriva política del Constitucional al servicio de Sánchez«. «No sirve el interés general, ni perfecciona el ordenamiento jurídico», ha sentenciado tras reiterar su voto en contra.
Algunos de las razones señaladas por Vox, han sido también compartidos por el PP en su turno. Enrique Belda ha insistido en la tesis de que los tribunales ordinarios, a su juicio, ofrecen mayor garantía y neutralidad que el TC. Belda también ha lamentado que el tono técnico del debate, «farragoso» en palabras de la diputada de ERC Pilar Valluguera, haya virado durante el turno de los socialistas, que han destinado parte de su intervención a cargar contra los partidos de la oposición.
La PL avanza ahora a su siguiente fase parlamentaria con el deseo de que no quede bloqueada víctima de las continuas ampliaciones del plazo de enmiendas.