Consejo de Ministros: Comisión Nacional de Energía, Autoridad de investigación técnica de accidentes y nueva regulación del comercio de derechos de emisión de CO2

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(I-D) La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. (España). Carlos Luján / Europa Press 20/2/2024

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NUEVOS NOMBRAMIENTOS

En el capítulo de nombramientos, hoy sólo se han nombrado embajadores.

¿A quiénes?

EN PRIMERA VUELTA: dos anteproyectos de ley

El Anteproyecto de ley prevé, además, la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas, para gestionar los ingresos y pagos de las liquidaciones de peajes, cargos, cánones y retribuciones reguladas de ambos sectores.

Estos dos anteproyectos iniciarán ahora el trámite de información y audiencia pública y deberán volver al Consejo de Ministros para su aprobación como proyectos de ley y su remisión a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria.

AL CONGRESO: un proyecto de ley, un convenio internacional y la suspensión de un tratado internacional

La nueva Autoridad tendrá autonomía financiera, orgánica y funcional y sustituirá a las Comisiones de investigación técnica de accidentes e incidentes marítimos, ferroviarios y de aviación civil. Dicha Autoridad tendrá un Consejo que será su máximo órgano de gobierno, compuesto por un presidente y seis consejeros, nombrados por Real Decreto.

AL BOE: un Real Decreto

¿Qué regula?

La concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes Balears y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su adaptación a la Adenda de dicho plan. Este Real Decreto modifica otro de 2022 con el mismo objeto.

OTROS ACUERDOS

Plantear conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra un acuerdo de la Mesa del Senado.

¿Por qué motivo?

Porque la Mesa del Senado rechazó la disconformidad del Gobierno con la tramitación de una proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que pretende derogar la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El Gobierno considera que esta proposición de ley vulnera el artículo 134.6 de la Constitución Española, ya que, al suponer una merma de los ingresos presupuestarios, la propuesta debe contar con la aprobación del Gobierno para continuar su tramitación.

A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha concedido a Red Eléctrica de España una concesión administrativa de construcción.

¿Con qué finalidad?

Para una línea subterránea de corriente continua que forma parte del proyecto de interconexión eléctrica España–Francia por el Golfo de Bizkaia. Además, se ha declarado su utilidad pública.

A propuesta del Ministerio de Hacienda se ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 15,1 millones de euros.

¿Para qué?

Para que el Ministerio de Sanidad destine este importe a la prevención, investigación y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y otros fines, de conformidad con lo previsto en la Ley que se regula el Fondo de bienes decomisados por el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha conseguido la aprobación de varios acuerdos para eximir de evaluación ambiental a otros tantos proyectos de obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos.

¿Dónde?

En las Comunidades Autónomas de Aragón (Comunidad de Regantes de Lanaja, en Huesca), Comunidad Valenciana (Comunidad de Regantes La Fuente, en Valencia), Extremadura (Comunidad de Regantes de Mérida-Canal de Lobón, en Badajoz), Galicia (aguas subterráneas “A Limia 2022”, en Ourense) y Murcia (Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de Librilla, en Murcia).

A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha aprobado una nueva ampliación de declaración de emergencia migratoria por importe de 60,6 millones de euros.

¿Para qué?

Para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas. Se suman a los 109 millones con los ya se dotó la primera declaración de emergencia, en octubre, y su primera prórroga, ese mismo mes.

El Ministerio de Cultura ha sido autorizado a modificar un contrato de obras.

¿Cuál?

El de restauración del antiguo Convento de San Agustín para la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga.

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