El Consejo de Ministros ha dado este martes el visto bueno definitivo, en una segunda lectura, al anteproyecto de ley orgánica que permitirá la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, mediante la cual el Estado asumirá 83.252 millones de euros, aproximadamente una cuarta parte del endeudamiento de las regiones de régimen común.
Así lo ha expuesto la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha precisado que el Ejecutivo ha refrendado en segunda vuelta este paquete normativo.
Según los cálculos del Gobierno, los ejecutivos autonómicos podrán ahorrarse hasta 6.700 millones de euros en el pago de intereses, recursos que, a partir de ahora, podrán destinarse a reforzar políticas públicas en ámbitos como la sanidad, la educación o la dependencia.
Andalucía y Cataluña, a la cabeza del reparto
En términos absolutos, Andalucía y Cataluña figuran como las comunidades más favorecidas por el esquema de condonación, seguidas por la Comunidad Valenciana (11.210 millones), Madrid (8.644 millones), Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010 millones), Castilla y León (3.643 millones), Murcia (3.318 millones), Canarias (3.259 millones), Aragón (2.124 millones), Baleares (1.741 millones), Extremadura (1.718 millones), Asturias (1.508 millones), Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
En este listado no aparecen Euskadi ni Navarra, al quedar fuera del sistema de financiación de régimen común. No obstante, ambos territorios ya han trasladado su intención de beneficiarse de la iniciativa mediante fórmulas de compensación equivalentes dentro de sus regímenes forales.
Pese a la oposición explícita del PP a esta quita de deuda, el Ejecutivo central viene anticipando en las últimas semanas que las autonomías gobernadas por los ‘populares’ acabarán sumándose al mecanismo.
El Gobierno prevé remitir el texto al Congreso “antes de que acabe el año” y confía en que la ley quede “definitivamente” aprobada durante el primer trimestre de 2026.
Por ahora, el Ministerio de Hacienda no tiene garantizados todos los apoyos necesarios en las Cortes para sacar adelante la condonación, ya que algunos socios parlamentarios, como Junts, han manifestado sus reservas al criticar que la medida se extienda al conjunto de las comunidades.
Una vez que la norma supere el trámite legislativo, el Ejecutivo habilitará un plazo “suficientemente amplio” para que las CCAA que lo consideren oportuno se adhieran a la condonación. Este margen temporal es imprescindible para que el Estado pueda planificar la nueva deuda que incorporará a su balance, definiendo su naturaleza y los calendarios de amortización.
Tres etapas para calcular la condonación
La metodología diseñada para distribuir la condonación se estructura en tres fases. En la primera, se ha medido la diferencia entre la deuda acumulada por las comunidades al cierre de 2009 y la registrada en 2013, y se ha comparado con la variación entre finales de 2019 y de 2023. De este modo, se obtiene una condonación media equivalente al 19% del endeudamiento autonómico total existente al cierre de 2023.
En una segunda etapa, se fija una condonación adicional para todas aquellas comunidades cuya quita se sitúa por debajo del 19,3% de deuda condonada sobre el total. “Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios”, ha aclarado Montero.
En la tercera fase, Hacienda introduce dos ajustes para lograr “mayor equidad”. “En primer lugar, identificar a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia”.
A partir de ahí, se incrementa la condonación de la deuda hasta alcanzar ese mismo umbral para las comunidades que, entre 2010 y 2022, hayan tenido una financiación homogénea por habitante ajustado por debajo de la media.
El último elemento contempla una condonación extra para las comunidades que, entre 2010 y 2022, hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En concreto, aquellas que hayan utilizado esta capacidad por encima de la media podrán acceder a una condonación adicional del 10%, mientras que será del 5% para las que se sitúen por debajo.