El Consejo de Ministros de este martes aprobará dos asuntos que tenía previstos para la semana pasada, pero la crisis energética en forma de apagón nacional le obligaron a aplazarlos: la reducción de la jornada laboral y el PERTE de la Industrialización de la Vivienda.
La reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 es una de las medidas estrella de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
La propuesta, que también introduce cambios en la regulación del registro horario y reconoce el derecho a la desconexión digital, llegará al Congreso como fruto de un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT. La patronal decidió desmarcarse al no aceptar las ayudas y bonificaciones propuestas por Trabajo por su rechazo total a la reducción.
También se ha desmarcado Junts, que ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. «Nos hemos encontrado la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar ni siquiera una coma de este texto, que se ha negociado sólo son los sindicatos españoles. Se ha dado la espalda al tejido productivo y laboral de Catalunya, que es muy diferente del que hay en España», explicó este lunes su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras.
Sumar presiona al PP para que vote a favor, alegando que es “una oportunidad de oro” para diferenciarse de las políticas Vox y muestre preocupación por el país, afirmó el portavoz del movimiento y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Por su parte, el PERTE de la Industrialización de la Vivienda dispondrá 1.300 millones de euros para cambiar el paradigma en la cadena de edificación. El objetivo es industrializar la construcción de vivienda para construir más y de forma más rápida.
El nuevo PERTE, que pone el acento en la colaboración público-privada, se articulará en torno a tres ejes: aumento de la capacidad productiva, eficiencia y sostenibilidad y formación y talento.