El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha contabilizado en su Observatorio de Radicalización un total de 374 actos de apoyo a ETA durante 2025, de los que 69 se han localizado en Navarra. Según los datos recopilados por la entidad, esta cifra supone 47 episodios menos que en 2024, lo que equivale a un descenso del 11%.
Por tercer año consecutivo, Covite ha verificado la “desaparición total” de los 'ongi etorris' a presos de ETA cuando abandonan la cárcel, ya que en 2023, 2024 y 2025 no ha registrado ningún recibimiento de este tipo. “La desaparición de estos actos es un paso positivo para las víctimas y para la sociedad”, ha subrayado la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez.
Pese a ello, la organización alerta de que el volumen de actos documentados en 2025 “sigue siendo elevado y pone de manifiesto que la legitimación social de ETA continúa muy presente en el espacio público de Euskadi y Navarra”. Un fenómeno que “resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta el alto número de etarras que han sido excarcelados en los últimos años, lo que ha conllevado la disminución de determinados actos y contextos de movilización que hasta ahora eran más habituales en el entorno de la izquierda abertzale”.
En esta línea, Covite constata que, a lo largo de 2025, “el culto a ETA a través de otro tipo de actos sigue muy presente en el espacio público”, algo que se refleja en los 374 incidentes registrados en el Observatorio de Radicalización. Por territorios, 141 se produjeron en Vizcaya, 129 en Guipúzcoa, 69 en Navarra, 19 en Álava, 10 en otras provincias y 6 fuera de España, principalmente en el País Vasco francés.
En cuanto a las formas que adoptan estos apoyos, el informe detalla que en 2025 se registraron 161 manifestaciones “en las que se ha reclamado la excarcelación de los etarras presos”; 116 episodios de pintadas y pancartas de “ensalzamiento explícito a ETA y a sus presos”; y 23 fiestas populares “que se convierten en contextos ideales para enaltecer a ETA y a sus presos, como ha sucedido con las festividades veraniegas o con las fechas señaladas de Nochebuena y Nochevieja”. Además, se contabilizaron 39 homenajes públicos a etarras fallecidos; 5 actos de homenaje en la vía pública a presos de ETA aún encarcelados, en los que se exhibe su fotografía y se les baila un aurresku; y otros 30 eventos se han incluido en la categoría de 'Otros' por no encajar en las tipologías anteriores.
Covite destaca que los actos más reiterados en 2025 han sido los dedicados a los miembros de ETA 'Txiki' y Otaegi. Pintadas, pancartas y convocatorias públicas en su memoria, con motivo del 50.º aniversario de su fusilamiento por el franquismo, “se intensificaron de forma notable a partir de los meses de verano y se prolongaron durante el resto del año”. La asociación recuerda que “aquellas ejecuciones fueron un crimen cometido por un régimen ilegítimo como lo fue la dictadura franquista y, en ese sentido, ambos fueron víctimas del franquismo”. Sin embargo, puntualiza que “la injusticia de sus fusilamientos no borra sus responsabilidades criminales como miembros de ETA”. “El juicio ético sobre la violencia que ejercieron y sobre el proyecto político al que sirvieron, que fue el de ETA, sigue siendo pertinente y debe abordarse”, sostiene el colectivo.
En esta misma argumentación, Covite afirma que la izquierda abertzale no reivindica a 'Txiki' y Otaegi “por haber sido víctimas del franquismo, sino por haber sido miembros de ETA”. “Prueba de ello es que no recuerdan de la misma manera a quienes se opusieron pacíficamente a la dictadura y también fueron víctimas del franquismo; al contrario, los ignoran de forma deliberada”, reprocha la entidad, que concluye que “la reiterada reivindicación de 'Txiki' y Otaegi responde a un objetivo político claro: legitimar a ETA y blanquear su trayectoria criminal”.
Críticas a los terceros grados y a la política penitenciaria
En el ámbito penitenciario, Covite denuncia que la política aplicada a los reclusos de ETA “sigue avanzando en la dirección marcada por la izquierda abertzale”, mediante la concesión de progresiones al tercer grado “fraudulentas” y otros beneficios a terroristas “que no han mostrado un arrepentimiento real ni se han desvinculado de la estrategia política de legitimación del terrorismo de la izquierda abertzale”.
El colectivo recuerda que “el arrepentimiento es un requisito esencial que exige la ley para acceder al tercer grado y que resulta incompatible con la exaltación pública y sistemática que la izquierda abertzale sigue haciendo de los presos de ETA a los que, posteriormente, se les conceden estos beneficios”.
En este contexto, Covite señala que partidos como Sortu y plataformas como Sare impulsan la mayor parte de los actos de “legitimación del terrorismo” recogidos en el Observatorio de Radicalización. “Esto demuestra que los dirigentes de la izquierda abertzale siguen considerando a los terroristas de ETA como referentes políticos y, al mismo tiempo, les impiden arrepentirse, porque el arrepentimiento supondría cuestionar la trayectoria criminal de ETA”, incide la organización.
La entidad añade que “no resulta difícil comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido, ya que, cuando lo está, queda automáticamente apartado de los entornos de la izquierda abertzale”, como “ocurrió con el recientemente fallecido Iván Apaolaza”. “Y así lo hemos podido constatar también a través de fuentes que trataban con él de primera mano”, apuntan desde Covite.
Falta de transparencia y uso del artículo 117
Por otro lado, la asociación critica la “falta de transparencia” del Gobierno vasco en lo relativo a la concesión de determinados beneficios penitenciarios. Aunque la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, “se comprometió públicamente en el pasado mes de noviembre, en una jornada organizada por la AVT, a mejorar la información a las víctimas del terrorismo”, Covite sostiene que ese compromiso “no se está cumpliendo”. “Estamos solicitando información de forma reiterada y se nos está negando”, lamenta Consuelo Ordóñez.
En particular, el colectivo ha pedido al Ejecutivo autonómico datos sobre cuántos presos de ETA han recurrido al artículo 117 del Reglamento Penitenciario, “una vía excepcional que permite a reclusos clasificados en segundo grado disfrutar de beneficios propios del tercero”. Según denuncia Covite, el Gobierno vasco “ha rehusado facilitar tanto el número como la identidad de los presos beneficiados, una negativa que no se produce por primera vez”. “No se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante sobre decisiones penitenciarias que afectan directamente al derecho de las víctimas a la justicia”, recalca Ordóñez.
Finalmente, Covite deplora que esta política de concesión de terceros grados “fraudulentos” se esté desarrollando “con el aval de las instituciones”, entre ellas la Fiscalía de la Audiencia Nacional, “que es quien debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, ya que en esta fase se nos niega el derecho a estar personadas”. “Pero sabemos que la Fiscalía últimamente no solo no vela por nuestros derechos, sino que avala terceros grados a etarras sabiendo perfectamente que no están arrepentidos. Esto supone una vulneración del derecho de las víctimas a la justicia y un mensaje devastador de impunidad”, concluyen desde Covite.