Las quince recomendaciones originales del Pacto de Toledo fueron el fruto de la ponencia constituida a instancias de CiU para analizar la situación de la Seguridad Social en los ámbitos económicos y financieros, del momento. El trabajo se llevó a cabo en el seno de la Comisión de Presupuestos que presidía Rodolfo Martín Villa y el consenso alcanzado en 1995 fue celebrado por todos los grupos.
El origen
Entre los ponentes destacan figuras como Francesc Homs (CiU) -que fue el encargado de defender la PNL que dio origen a todo-, Joaquín Almunia (PSOE), Constantino Méndez (PSOE), Cristóbal Montoro (PP) o Celia Villalobos (PP) -que acabaría presidiendo la Comisión que abordaría sus reformas entre 2016 y 2019-.
Primera revisión
En junio del 2000 se constituyó de nuevo la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Bajo la presidencia del diputado ‘popular’ Jesús Merino, tres años más tarde aprobó un informe con catorce recomendaciones inspiradas en las de 1995, aunque añadía cinco «adicionales». Los nuevos puntos abordaban cuestiones como el desarrollo profesional, la dependencia, la discapacidad, la mujer y protección social o la inmigración.
Sobre esta última, la Comisión consideraba oportuno mejorar los instrumentos de tramitación de expedientes, acogimiento y formación para el empleo en relación a los inmigrantes. En materia de dependencia, apostaba por una pronta regulación que recogiera la definición de dependencia, la situación de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección.
Más control
Tras la solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Catalán y Vasco, la Comisión volvió a constituirse en la IX Legislatura . En esta ocasión el informe, presentado a finales de 2010 y aprobado por el Pleno en enero de 2011, recogía 21 orientaciones.
Muchas de ellas en línea con las anteriores recomendaciones, aunque introducía nuevas materias como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Además, a la tradicional mención de seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo, se incorporó un punto sobre control parlamentario y tratamiento presupuestario de los recursos de la Seguridad Social.
El más costoso
El 19 de noviembre de 2020 el Pleno del Congreso dio el visto bueno al, por ahora, último acuerdo de recomendaciones para el Pacto de Toledo. Un Informe que como recoge en su exposición, sintetiza el trabajo parlamentario realizado durante varias legislaturas: XI (2016-2016), XII (2016-2019), XIII (2019-2019) y XIV (2019-2023). «Han sido sobre todo circunstancias de carácter coyuntural (con sucesivas e intermitentes convocatorias electorales) las que han interrumpido y retrasado los trabajos más de lo previsible», señala el texto.
La comisión que presidía entonces la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, consensuó 22 orientaciones con el beneplácito de la mayoría de los Grupos de la Cámara. El informe salió adelante con 262 votos a favor, 78 abstenciones de Vox, ERC, Bildu, BNG y Foro Asturias y dos votos en contra, los de la CUP.