3 de marzo. Un día después de que el Parlamento Europeo hiciese público su informe sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer, en el que se consideraba que «las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer; pide que las legislaciones nacionales garanticen que los supervivientes de cáncer no sean discriminados en comparación con otros consumidores», en el Congreso el Grupo Socialista registraba una PNL para su debate en comisión relativa al derecho al olvido de las personas con cáncer.
En la que se instaba «al Gobierno a desarrollar la normativa necesaria para determinar la aplicación de los principios recogidos en la Ley 4/2018, de 11 de junio, para otras patologías o grupo de patologías, como el cáncer, a las que pueda considerarse los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas». Para acabar con las restricciones que tienen los pacientes que han pasado esta enfermedad para acceder o contratar seguros, préstamos u otro tipo de servicios.
23 de marzo. En esta línea, la diputada de Junts Pilar Calvo Gómez registraba las siguientes preguntas por escrito al Gobierno poniendo el foco en los pacientes oncológicos crónicos:
- ¿Cómo piensa implementar el gobierno el «derecho al olvido oncológico» y sus respectivas moratorias en los casos de pacientes crónicos, para que éstos no se vean privados de poder acceder a productos financieros, seguros o hipotecas?
- ¿Cómo tendría el gobierno previsto, en el caso de pacientes crónicos, solucionar la «moratoria» para poder garantizar el derecho al olvido?
Cuestiones precedidas de una argumentación en la que se hacía mención al estudio de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia realizado a 400 pacientes y ex pacientes en el que el 47% afirmó haber encontrado dificultades al intentar solicitar un préstamo, un 70% para pedir seguros de vida y un 83% para contratar un seguro de vida.
29 de marzo. La Comisión de Sanidad y Consumo debatió y votó la PNL socialista. La encargada de defenderla fue la diputada Ana Prieto, que inició su intervención parafraseando unas palabras de su compañero el eurodiputado Nicolás González Casares en Demócrata: «el número de supervivientes de cáncer se incrementa cada año a un ritmo de un 3 % en Europa, por lo que cada vez serán, o seremos, más los supervivientes». Por los que se puede hacer mucho con poco, añadió Prieto. La diputada socialista apeló a la urgencia de regular el derecho al olvido oncológico, tal como reclaman organizaciones como la Fundación Sandra Ibarra, para pedir la aprobación por unanimidad de la iniciativa. La PNL fue aprobada por mayoría con 31 votos a favor y 5 abstenciones (VOX). Pero fueron rechazadas las enmiendas presentadas por PP y VOX.
14 de abril. El Gobierno responde por escrito a las preguntas formuladas por Junts, remitiendo a la actualización de la Estrategia en Cáncer de 2021 que estableció como prioritaria la mejora de la atención de los largos supervivientes en cáncer. Entre sus objetivos también se incluye la mejora de la calidad de vida en relación con los aspectos más psicosociales de la misma, como puede ser el acceso a productos financieros. El Ejecutivo también remarcó como a través del Ministerio de Sanidad, mediante la coordinación técnica de la Estrategia en Cáncer, participan activamente en el seno del sub-group on cáncer del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, que tiene como prioridad elaborar un «código de conducta» que incluya el acceso a los productos financieros a los supervivientes de cáncer.
19 de abril. Dos de las preguntas de la Sesión de Control de ese miércoles se dedicaron al derecho al olvido oncológico. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal planteó a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, si el Gobierno iba a garantizar el derecho al olvido oncológico antes de que finalizase la legislatura. Calviño destacó la sensibilidad del Ejecutivo y en especial del presidente Pedro Sánchez al respecto, «en cuanto vimos en las noticias que se estaban dando este tipo de prácticas lo comentamos inmediatamente y los dos compartimos el siguiente mensaje: es inaceptable que se discrimine, que se rechace, que se restrinja el acceso a los servicios financieros o a otro tipo de servicios a aquellas personas que hayan tenido y hayan sufrido una enfermedad en el pasado».
La vicepresidenta también informó a la Cámara de que estaban ya trabajando y haciendo todo lo posible para que en esta legislatura se produzcan las modificaciones «que sean precisas y así garantizar el olvido oncológico de los ciudadanos de nuestro país».
En esa misma Sesión, la diputada de Junts Calvo Gómez fue la encargada de abordar de nuevo la materia, a través de una pregunta destinada al entonces recién aterrizado ministro de Sanidad, José Manuel Miñones. «¿Cuándo tiene previsto el Gobierno español reconocer el derecho al olvido oncológico? (…) le repreguntamos como ministro de Sanidad porque esta situación afecta a la salud física y mental de quienes han sobrevivido al cáncer».
Miñones respondió que la intención de su ministerio, en colaboración con el Ministerio de Consumo, «con el cual ya estamos en contacto y trabajando», era extender la protección a los pacientes oncológicos de cualquier discriminación a la hora de contratar los productos y servicios, como ya se hizo con el VIH y Sida en el año 2018 de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.
13 de mayo. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez anuncia en un acto de campaña que garantizarían el derecho al olvido oncológico mediante la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y de la Ley del Contrato del Seguro.