QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La inmigración ha escalado al segundo lugar de los temas que preocupan al conjunto de los españoles, según el último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre, tan sólo superado por la vivienda.
En este contexto, las continuas llegadas de pateras a territorio español, las derivaciones no resueltas de menores migrantes a la península, las aspiraciones catalanas y vascas de gestionar competencias en la materia; los intentos de la extrema derecha para vincular inmigración con distintos problemas o el estado del trámite parlamentario en el que se encuentra la ILP para la regularización de extranjeros, no hacen más que fijar el foco mediático y político en un asunto que el PP ha elevado a cuestión central durante el pasado fin de semana presentando un gran plan sobre la materia del que destaca la necesidad de ponerle freno.
Visado por puntos
Así, Alberto Núñez Feijóo ha querido reunir en Murcia a sus barones para presentarles el plan sobre política migratoria que defenderá su partido. La propuesta popular introduce un sistema de visado por puntos que vincularía la entrada de inmigrantes a sectores con falta de mano de obra y priorizaría a quienes provengan de países “culturalmente próximos” y colaboren en la política de retornos. El plan también endurece las regularizaciones, condicionándolas a requisitos estrictos y desvinculando el empadronamiento del acceso a ayudas. Al mismo tiempo, incluye la expulsión de inmigrantes con delitos graves —incluso con residencia legal—, un refuerzo del control de fronteras y la exigencia de integración cultural y lingüística de quienes llegan de fuera. Además, plantea que las prestaciones públicas estén ligadas a la búsqueda activa de empleo y al cumplimiento de la legalidad, con la idea de que “España elija quién entra, cómo y para qué”.
ILP para la regularización de migrantes
Por otra parte, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a cientos de miles de personas migrantes, que superó su toma en consideración en el Congreso el 9 de abril de 2024 abriendo su tramitación ordinaria, aún no ha avanzado a fase de dictamen y atraviesa un momento delicado: en las últimas semanas, el Gobierno ha sondeado a los grupos políticos con un borrador alternativo que concedería papeles a quienes hubieran llegado al país antes de 2025, sujeto éste a requisitos aún por concretar, ante la falta de apoyos para sacar adelante una regularización amplia por la vía de la ILP.
Ante este panorama, Podemos ha exigido que el Gobierno apruebe por decreto, sin pasar si quiera por el Congreso, esta regularización extraordinaria de medio millón de migrantes.
Reparto de menores migrantes
Sobre el polémico reparto de menores migrantes, el Gobierno ha activado el mecanismo para trasladarlos desde los territorios más saturados —especialmente Canarias, Ceuta y Melilla— a otras comunidades autónomas que deben asumir parte de la acogida. Así, ya ha comenzado el primer traslado formal: un menor que llegó recientemente a Ceuta ha sido derivado a otra comunidad para que esta asuma su tutela, algo que hasta ahora no se había hecho bajo el nuevo sistema obligatorio.
Para financiar la acogida en las comunidades receptores, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó la asignación de 22 millones de euros a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para atender a los menores migrantes no acompañados. La normativa prevé que cada comunidad mantenga una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para la tutela de estos menores, lo que sirve para definir cuántos menores debe recibir cada territorio. El decreto de reparto contempla excepciones para Cataluña y el País Vasco, comunidades que no estarán obligadas al traslado forzoso aunque podrían participar de forma voluntaria. Según los planes del Ejecutivo, en total se busca reubicar unos 3.000 menores que actualmente están en zonas con presión extrema durante el plazo de un año.
Traspaso de competencias para gestionar la migración
Por si fuera poco, después de que el Congreso rechazara la semana pasada la delegación de competencias de inmigración a Cataluña (por 177 votos contra 173, con el no de PP, Vox, UPN, Podemos y dos diputados de Sumar), ahora es el PNV quien explora la asunción de ciertos aspectos, una posibilidad pactada en marzo de 2025 entre el Gobierno central y el vasco cuando acordaron el traspaso de funciones sobre permisos de trabajo de personas extranjeras (gestión ejecutiva laboral, no el control de entradas/salidas ni la nacionalidad, que son estatales). El lehendakari Imanol Pradales y su partido han redoblado la exigencia de nuevas competencias para gestionar la migración en Euskadi, dentro de la agenda de cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.
