QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha presentado en Barcelona su receta para la crisis migratoria como enmienda a las políticas del Gobierno. La propuesta es el resultado de meses de trabajo que los populares concretaron en la reunión de presidentes autonómicos que tuvo lugar a finales del mes de septiembre en Murcia.
En las últimas semanas, diversos miembros de la cúpula nacional del partido, así como su presidente, Alberto Núñez Feijóo, habían ido deslizando anuncios y dejando entrever las líneas maestras del plan. Pero no ha sido hasta hoy cuando el PP ha puesto sobre la mesa un documento con todas ellas. El acto, presidido por Feijóo, ha contado con la presencia de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y con la del presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández.
El líder popular ha empezado su intervención reclamando una «reforma profunda de la política migratoria» y ha desgranado un plan migratorio con 10 medidas que busca poner orden donde hoy hay desorden y que quiere desmarcarse tanto del Gobierno central como de Vox, según Feijóo.
Una autoridad única
El Partido Popular propone crear una Autoridad Única en materia migratoria que ponga fin a la dispersión actual de competencias entre ministerios y administraciones. Según el documento, esta falta de coordinación genera bloqueos, contradicciones y demoras en los procesos de retorno, permisos o integración. La nueva dirección tendría la responsabilidad de aplicar una política de Estado coherente, eficaz y previsible.
Ezcurra enfatizó ayer, en una rueda de prensa en la sede de su partido, en la ineficacia que, a su juicio, implica que las competencias migratorias estén en manos de cinco ministerios distintos.
El empleo como vía de entrada
El plan apuesta por un nuevo visado por puntos, inspirado en modelos como el canadiense, que valore la formación, la experiencia, el conocimiento del idioma y la voluntad de integración. Se abrirán dos vías principales: contratos en origen en sectores con escasez de mano de obra y visados temporales para buscar empleo en sectores tensionados.
Por otro lado, la regularización masiva dejará paso a un régimen transitorio individualizado, también basado en puntos, para quienes ya residen en España y acrediten trabajo, cotización o esfuerzo de integración. Además, se impulsará un programa de migración circular que permita la contratación temporal y el retorno garantizado en campañas agrícolas o de construcción.
Además, cada año se fijarán cuotas por país y sector reservadas a aquellos Estados que cooperen activamente en el control de flujos y repatriaciones. En este sistema, la colaboración internacional será recompensada con más oportunidades de entrada legal. La Hispanidad, entendida como comunidad de lengua e historia compartida, contará como mérito adicional en la evaluación de visados.
Arraigo y ayudas bajo control
El PP también plantea recuperar el carácter excepcional del arraigo, evitando que se convierta en una vía automática de regularización. La residencia de larga duración dependerá del esfuerzo, no del calendario: se otorgará en función de la contribución económica y social del inmigrante, no solo por el tiempo de estancia.
En la propuesta de los populares, el padrón servirá únicamente con fines estadísticos y las ayudas económicas no urgentes se reservarán a quienes acrediten residencia legal. También se exigirá la búsqueda activa de empleo como condición para percibir prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.
Fronteras firmes y controladas en el marco europeo
El documento de once páginas dedica un amplio apartado al refuerzo de las fronteras y aboga por un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. El PP quiere aumentar los medios de Frontex y reforzar la vigilancia en zonas de alta presión como Canarias, Ceuta, Melilla o el Estrecho.
También anhelan reforzar el papel de la agencia europea en terceros países, proporcionando formación y material a los Estados de origen y tránsito para contener la inmigración irregular. En el modelo del PP, los procedimientos de devolución serán más rápidos y coordinados con las autoridades consulares.
Lucha sin tregua contra las mafias
El plan también plantea mejorar los sistemas de vigilancia marítima, aérea y satelital, utilizando drones y aviones para detectar rutas clandestinas y actuar penalmente contra los traficantes. Así como, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal para que en España se endurezcan las penas para las mafias y para quienes colaboren con ellas, incluidos fabricantes o proveedores que faciliten embarcaciones y material.
Asilo y reagrupación con justicia y exigencia
En este sentido, el PP propone acelerar la tramitación del asilo mediante una lista de “países seguros” y controles más estrictos. En la reagrupación familiar se decanta por elevar los requisitos económicos y los controles antifraude para asegurar la autenticidad de los vínculos familiares.
Menores no acompañados
Sobre este asunto, el documento exige que el Gobierno central asuma la financiación y la gestión de los menores extranjeros no acompañados, hoy competencia de las comunidades autónomas. El principal partido de la oposición defiende el retorno y la reunificación familiar cuando sea posible y penalizar el fraude en la declaración de edad o nacionalidad.
Cooperación internacional útil
El plan aboga por revisar los acuerdos bilaterales con países que no colaboren en las devoluciones y por orientar la cooperación al desarrollo hacia la creación de oportunidades en los países de origen. Además, advierte de que el uso de la migración como herramienta de presión política tendrá consecuencias diplomáticas.
Retornos y expulsiones efectivas
El PP se ha mostrado públicamente muy crítico con los migrantes que cometen delitos y ha abogado por una política de tolerancia cero: los inmigrantes condenados por delitos graves o reincidentes serán expulsados. También prevé ampliar el tiempo máximo de internamiento en los CIE y revocar permisos de residencia a quienes participen en actividades criminales o procesos de radicalización.
La nacionalidad como compromiso
Por último, el plan propone elevar los requisitos para obtener la nacionalidad española. Se exigirá un nivel mínimo de idioma B2 y una prueba reforzada de conocimiento institucional y cultural como garantía del compromiso con los valores democráticos de España.
