El Estado dejó de ingresar 717 millones de euros en 2023 debido a las deducciones fiscales que disfrutan los propietarios que alquilan sus viviendas como residencia habitual, según ha confirmado el Gobierno en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso.
La contestación responde a una pregunta del diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, quien en mayo reclamó conocer el coste de estos beneficios fiscales. El Ejecutivo remite a la Memoria de Beneficios Fiscales de 2023, elaborada junto a los Presupuestos Generales todavía en vigor, de donde se desprende la cifra.
En su iniciativa, Ibáñez cuestionaba que estas deducciones actúan como un incentivo para la compra de viviendas destinadas al alquiler en lugar de al uso propio, alimentando la presión sobre el mercado inmobiliario.
El Gobierno, sin embargo, subraya que las reducciones se enmarcan en el artículo 23.2 de la Ley del IRPF y se aplican a quienes alquilan inmuebles como residencia habitual de un inquilino.
La Ley de Vivienda de 2023 introdujo un esquema progresivo de reducciones fiscales:
- 90% de deducción: cuando se formaliza un contrato en una zona tensionada y el precio es al menos un 5% inferior al anterior.
- 70%: si se alquila en zona tensionada a jóvenes de entre 18 y 35 años.
- 60%: cuando el inmueble ha sido rehabilitado en los dos años previos.
- 50%: reducción general para el resto de casos.
Con el esquema anterior, el Ejecutivo defiende que se busca incentivar alquileres más asequibles en zonas tensionadas y apoyar la incorporación de vivienda rehabilitada al mercado.