El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, tendría previsto aprobar un Anteproyecto de Ley para modificar los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa; así como un Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad, que se remitiría al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
El Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad modificaría el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas y el Gobierno pedirá que se tramite por urgencia.
En el proyecto se especifican cuestiones relativas al alcance de la obligación de presentar información sobre sostenibilidad, la obligatoriedad a determinadas PYMES, los criterios para garantizar que la información sea fácilmente accesible para los usuarios o el método de verificación y auditoría de la información.
El objetivo principal de este anteproyecto de ley es adaptar la legislación interna española a los cambios incorporados por la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022.
Por su parte, en el Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad se especifican cuestiones relativas al alcance de la obligación de presentar información sobre sostenibilidad, la obligatoriedad a determinadas PYMES, los criterios para garantizar que la información sea fácilmente accesible para los usuarios o el método de verificación y auditoría de la información.
Su propósito principal es adaptar la legislación interna española a los cambios incorporados por la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022.
El Gobierno también aprobaría el Real Decreto Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante
El texto, dotaría a España de un marco normativo e institucional en la lucha contra la corrupción y en la protección de quienes informan sobre infracciones que afectan el interés general.
El estatuto reconoce la autonomía funcional de la Autoridad debiendo actuar siempre con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier otra organización pública o privada.
Los objetivos de la Autoridad son garantizar la protección de la persona informante, servir de pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción y en la garantía de la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público.
De igual forma, se daría luz verde a un Real Decreto por el que se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes. Este RD mantiene la línea de refuerzo y de especialización de la Carrera Fiscal, con el fin último de mejorar la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos y con especial énfasis en la lucha contra la corrupción, la violencia sobre la mujer y la delincuencia organizada.
Para ello se crean setenta y nueve plazas nuevas, todas de segunda categoría, con excepción de las dos correspondientes a las nuevas Fiscalías de Sala. Como ejemplo, para la lucha contra la corrupción se crea una plaza de Fiscal de Sala de Delitos Económicos y una plaza de Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública.
En lucha contra la violencia de género se crean plazas de fiscales para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Almería, Málaga, Dos Hermanas, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Pamplona y, para la lucha contra la delincuencia organizada se crean nuevas plazas en Cádiz y Algeciras.
También, vía Real Decreto, se indultará a José Luis Peñas, cuya labor fue fundamental para poder investigar y enjuiciar la Trama Gürtel.
Además, está prevista la aprobación de tres Reales Decretos:
- Para regular el límite máximo de las ayudas “de minimis” en el sector agrícola y pesquero y el procedimiento para garantizar que no se sobrepasan los topes nacional y sectorial establecidos en la normativa europea.
- Para conceder una subvención directa a las ciudades de Ceuta y Melilla con la finalidad de que realicen actuaciones de interés general.
- Para conceder una subvención directa a la FIRA de Barcelona para la coordinación y organización del Foro Global contra el Racismo y las Discriminaciones de la UNESCO 2024.
Acuerdos
En cuanto a los acuerdos se refiere, está prevista la autorización al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que realice un encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A (TRAGSA) para llevar a cabo las obras de la estación de bombeo y red de riego en la zona regable del embalse de Riaño (León), con un presupuesto de 13, 8 millones de euros.
También se espera que este ministerio reciba la autorización para encargar a TRAGSA el proyecto de transformación en regadío de 214 hectáreas de cultivos leñosos mediante instalación de riego por goteo en Mora y Mascaraque (Toledo), con 14,2 millones de euros de presupuesto.
Se acordará la transferencia de aportaciones al Pacto de Toledo, por importe de 1.492 millones de euros; remitir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 2023; y rubricar el acuerdo por el que se toma conocimiento de la Memoria Anual sobre la política de endeudamiento del Tesoro Público 2023.
A propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, podrían aprobarse varios contratos de obras y de servicios de conservación y explotación de carreteras en las provincias de Alicante, Asturias y Córdoba por importe total de más de 82,6 millones de euros, así como declaraciones de emergencia para realizar obras en carreteras de las provincias de León y Valladolid por importe total de 21,7 millones de euros.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico plantea al Consejo de Ministros la declaración de emergencia para realizar obras en el río Bronco en la margen derecha del río Alagón (Cáceres) y para reparar los daños causados por los temporales de septiembre de 2024 en las costas de las provincias de Almería y Granada.
De igual forma, se podría autorizar la firma de la Enmienda al Acuerdo de préstamo entre España y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, se espera la aprobación para que Exteriores conceda un crédito al Estado de Ceará de la República de Brasil, por importe de 92 millones de euros, para financiar el Proyecto de desarrollo de capacidades para superar el hambre y mitigar los efectos de la pobreza y la pobreza rural extrema. Este préstamo se uniría a un pago de 445.000 dólares USA al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que cofinanciaría el proyecto.
El Gobierno autorizaría al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) la contratación del servicio de reserva y ocupación de plazas de su Programa de Termalismo.
De su lado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática podría presentar el Informe sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración General del Estado en el Territorio correspondiente al año 2023.
Por último, Hacienda tiene previsto que se le autorice a realizar transferencias de crédito y ampliaciones de límites de gasto a varias instituciones.