El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, tiene previsto aprobar, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad y un Real Decreto para aprobar la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para 2025. Asimismo, podría modificar el funcionamiento del Mecanismo de financiación para las PYMES afectadas por la DANA
El exministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, se comprometió a encauzar una ley de Ciberseguridad durante el 2024. Sin embargo, el cambio de ministro dilató la iniciativa y, ahora, con Óscar López al frente, se busca sentar las bases en los primeros compases de 2025.
La iniciativa traspone la directiva conocida como NIS2. Entre otras cosas, establece los criterios para identificar las entidades esenciales e importantes en materia de ciberseguridad, y recoge la figura del responsable de información; y crea el Departamento Nacional de Ciberseguridad, como autoridad nacional competente para la dirección, impulso y coordinación de todas las actividades previstas en esta ley, punto de contacto único y autoridad nacional de gestión de crisis de ciberseguridad.
Establece también equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática; prevé poner a disposición de todos los actores involucrados la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, para el intercambio de información técnica y el seguimiento de incidentes; y regula funciones de supervisión y potestades disciplinarias.
Por su parte, el objetivo de la CNAE es establecer una jerarquización de actividades económicas para favorecer la realización de estadísticas nacionales diferenciadas de acuerdo con las actividades establecidas y clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica ejercida.
También se aprobaría la Acción estratégica SEPES (2024). La propia ministra de Vivienda y Agenda urbana, Isabel Rodríguez, expondrá sus líneas maestras.
Acuerdos
En cuanto a los acuerdos se refiere, el Gobierno podría autorizar la firma del acuerdo de extradición con Jordania.
La cartera de Industria podría modificar el acuerdo que se adoptó en el Consejo de Ministros del 10 de diciembre del año pasado sobre el funcionamiento del Mecanismo de financiación para las PYMES afectadas por la DANA (Mecanismo Reinicia + FEPYME DANA).
Transportes tiene previsto que se autoricen dos contratos para infraestructuras ferroviarias por importe total de más de 675 millones de euros, para el mantenimiento de las líneas convencionales y de ancho métrico y para la redacción de los proyectos de construcción del corredor Cantábrico – Mediterráneo de alta velocidad.
Este Ministerio también podría dar cuenta de varias obras declaradas de emergencia.
El Ministerio de Sanidad aguarda el visto bueno para celebrar un Acuerdo Marco, por valor de 114,5 millones de euros, para seleccionar proveedores que suministren medicamentos para ayudar a controlar los trastornos de sangrado (Factor VIII de coagulación recombinante) para varias comunidades autónomas y centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
Transición Ecológica daría cuenta al Consejo de varias declaraciones de emergencia realizadas en el ministerio, por importe total de 12,5 millones de euros:
- Para realizar actuaciones de restauración hidrológico-forestal de infraestructuras forestales dañadas por lluvias torrenciales en la provincia de Zaragoza.
- Para las obras de recuperación de la capacidad de los órganos de desagüe de la presa del Argos, debido a los daños provocados por la DANA.
- Para las obras para la retirada de sedimentos y arrastres, y adecuación de las embocaduras de los desagües de fondo de la presa de Moratalla, debido a los daños provocados por la DANA.
- Para las obras en el camino de servicio de la presa de Fuensanta, de retención de arrastres en las ramblas anejas y retirada de sedimentos en el cauce aguas abajo del pie de presa, a causa de los daños provocados por la DANA.
- Para las obras de reparación de los daños ocasionados en los cauces de la cuenca del Segura, a consecuencia de la DANA.
- Para diversas obras en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura, por los daños causados por la DANA.
Interior también podría dar cuenta de una declaración de emergencia, por importe de cinco millones de euros, para poner en marcha una nueva infraestructura de clave pública que garantice la continuidad del servicio prestado por la Dirección General de la Policía.
Se trata de implantar el hardware, software y los procedimientos necesarios para crear, administrar, distribuir, usar, almacenar y revocar certificados digitales.
Exteriores tiene previsto que se autorice la firma ad referéndum del Acuerdo Marco Avanzado entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Chile, así como su remisión a las Cortes.
Las firmas ad referéndum son una forma de prestar el consentimiento para obligarse por un tratado, que necesitan de ulterior confirmación para que surta efectos jurídicos.
El Consejo podría abordar la contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en relación con el Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2024, para la declaración de Lugar de Memoria Democrática la Extinta Dirección General de Seguridad franquista.
Se rechazaría alegando que, formalmente, el acuerdo no pone fin a la vía administrativa. Además, no supone una injerencia en las competencias de la Comunidad sobre su propio patrimonio, organización de sus instituciones o patrimonio histórico; y tampoco supone vulneración de las atribuciones y facultades en materia de defensa de la libertad, la justicia y la igualdad de los ciudadanos madrileños.
Por último, se condecora con la orden del mérito civil a Daniel Barenboim.