QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, tiene previsto dar luz verde a tres asuntos importantes: un nuevo Cuadro Macroeconómico, un proyecto de ley para restablecer la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la creación de la Comisión Interministerial encargada de seguir el Plan de Acción por la Democracia, aprobado la pasada semana.
El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno aprobará la revisión del Cuadro Macroeconómico para los próximos tres años. En sus previsiones, se eleva el crecimiento de 2024 del 2,4% al 2,7%.
¿Qué es?
El Cuadro Macroeconómico es una tabla que recoge todas aquellas variables que se utilizan para calcular el producto interior bruto (PIB) durante un periodo de tiempo también determinado.
Estas variables son la demanda interna y de la Administración, la inversión, las exportaciones y las importaciones, así como el saldo que dejan estas dos variables.
Con este cuadro el Gobierno decide la aplicación de políticas, el desarrollo de estrategias, la elaboración de reformas y los Presupuestos Generales del Estado.
En el ámbito regulatorio, se espera la aprobación del Proyecto de Ley para restablecer la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y separarla de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La CNE se ocupará de regular y supervisar el correcto funcionamiento de los mercados y sectores productivos (eléctrico, gas, natural, hidrógeno y otros gases renovables).
Como novedad, se le otorgan a la CNE funciones de inspección del sector energético, incorpora objetivos de descarbonización y se le dan funciones de mediación en la resolución de conflictos que plateen operadores económicos en los mercados de electricidad y gas.
También está prevista la aprobación de varios Reales Decretos:
- Para regular la producción de energía eléctrica renovable en instalaciones marinas.
- Para actualizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.
- Para crear la Comisión Interministerial de impulso y seguimiento del Plan por la Acción Democrática, aprobado la semana pasada. En principio, estaría conformada por Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Interior; Cultura; Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y de la Función Pública.
- Para establecer el título superior de Formación Profesional en Prevención de Riesgos Laborales.
- Para crear la Agregaduría Económica y de Comercio en la Embajada de España en Costa Rica y suprimir la de la Embajada en Honduras.
El Ejecutivo daría luz verde a otros ocho Reales Decretos para regular la concesión directa de subvenciones:
- A la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), para impulsar la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible.
- A la Fundación Princesa de Asturias para la convocatoria de los premios de 2024.
- A la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP), en el marco del Acuerdo sobre Fondos de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
- A la Organización Marítima Internacional para la celebración del Día Marítimo Mundial.
- A las fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación parlamentaria, para desarrollar actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social. Las subvenciones se otorgan en función de la representación obtenida por partidos políticos en las Elecciones Generales del 23 de julio de 2023, por un importe total de 350.00 euros.
- Al Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona para la organización de la Conferencia Mundial de la UNESCO, MONDIACULT 2025. En este sentido, también se podría aprobar la creación de la Comisión Interministerial para su organización, en Barcelona.
- Para regular subvenciones directas en materia de propiedad industrial.
- Para regular las bases para la concesión directa de subvenciones directas destinadas a compensar los perjuicios económicos derivados de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. El montante ascenderá a 15 millones de euros. La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa, que se transmite a través de la picadura de distintas especies de dípteros. Ha provocado importantes pérdidas económicas en las explotaciones de vacuno afectadas, causadas por los costes derivados de los tratamientos veterinarios que han precisado los animales.
Acuerdos
En lo que se refiere a los acuerdos, está previsto que se autorice la presentación de un recurso de inconstitucionalidad parcial a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada en 2004 en La Rioja.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene previsto declarar de emergencia obras para el mantenimiento de carreteras y vías ferroviarias por importe total de más de siete millones de euros. Además, quiere aprobar un contrato de asistencia técnica para realizar informes previos en la supervisión de proyectos de trazados, por importe de 18 millones de euros.
Vivienda quiere que se autorice la firma de la segunda adenda al Convenio con la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) para la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social.
La cartera de Política Territorial y Memoria Democrática propondrá la aprobación de subvenciones a la Comunidad de Madrid, a la Diputación Provincial de Toledo y a la Diputación Provincial de Cuenca, para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial, por importe total de más de 50 millones de euros.
Interior espera la autorización para celebrar un contrato de mantenimiento de los Airbus de la Guardia Civil, por 23,5 millones d euros y otro para adquirir el calzado reglamentario que utiliza la Policía Nacional, por importe de 22 millones de euros.
Por su parte, Hacienda tiene prevista la autorización para contratar los servicios de gestión y sistemas, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones para el Departamento de Informática Tributaria, por importe de 13, 5 millones de euros y también para ampliar límites de gasto en distintos organismos públicos.
Por último, el Ejecutivo plantearía el conflicto positivo de competencias a Canarias; que comunicaba a las entidades colaboradoras que no reciban nuevos migrantes con cargo a la comunidad autónoma, salvo autorización previa, y que se requería al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales y de procedimiento en materia migratoria.
