En concreto, se espera la aprobación de lo siguiente Reales Decretos:
- Para fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024.
- Para modificar el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
- Para declarar las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.
- Para crear cursos de especialización en Formación Profesional de Grado Superior.
En lo que se refiere a los acuerdos, está previsto que el Gobierno:
- Remita a las Cortes el Convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en la agricultura para pedir que autoricen a España a obligarse por el mismo.
- Autorice a Defensa para celebrar acuerdos marco por importe de casi 125 millones de euros.
- Apruebe la concesión de dos créditos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo (OCDE) al Gobierno de Indonesia y a una empresa de ese país por importe total de 164 millones de euros.
- Permita a Transición Ecológica realizar el encargo a Tragsa para la conclusión de las obras de la planta desaladora del Bajo Almanzora, en Almería.
- Autorice a Transportes a llevar a cabo obras en carreteras e infraestructuras ferroviarias por importe total de más de 114 millones de euros.
- Dé el visto bueno a Educación para contratar el suministro de software y licencias de simuladores y gemelos digitales para formación profesional, por un valor estimado de más de 51millones de euros.
- Autorice un Canje de Notas entre España y Marruecos sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales.
Directiva europea
Pese a que estaba previsto en un primer momento, todo apunta a que no llegará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para trasponer la directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles por discrepancias aún no resueltas entre el PSOE y Sumar.
Trabajo busca imposibilitar la modificación unilateral de las condiciones en los trabajos a tiempo parcial, y que sólo pudiera hacerse a través del acuerdo entre ambas partes, y también elevar las sanciones previstas. El PSOE se opone.
La directiva fue aprobada en 2019 y el plazo para incorporarla al ordenamiento jurídico nacional expiró en agosto de 2022. En un primer momento se iba a trasponer junto a la directiva de conciliación, que finalmente se separó en la que iba a ser la Ley de Familias.