El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, podría aprobar el Anteproyecto de Ley para modificar la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; así como un Anteproyecto de Ley por la que se modifican el Estatuto de los Trabajadores, en materia de extinción del contrato de trabajo, y la Ley General de la Seguridad Social, en materia de incapacidad permanente.
Este último modificaría ambas normas para eliminar la declaración de gran invalidez o incapacidad permanente (absoluta o total) como causa automática de extinción del contrato y realizar los ajustes legales necesarios para hacer efectiva la reforma. Además, adapta la denominación de “gran invalidez” y de “invalidez no contributiva” a la reforma del artículo 49 de la Constitución, por la que se elimina el término “disminuidos” y se sustituye por “personas con discapacidad”.
En el ámbito regulatorio, también está prevista la aprobación de un Real Decreto para aprobar el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo.
De igual forma, se podría dar luz verde a otro Real Decreto de concesión de subvenciones directas, por importe de 71 millones de euros, para las “salas blancas” de micro y nanofabricación y para los centros de super computación. Este RD fue adelantado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el pasado viernes en una visita al Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia, uno de los centros que recibirán una de esas subvenciones, en este caso de 6,1 millones de euros. Las subvenciones forman parte del PERTE Chip).
Se prevé también un RD por el que se apruebe el Estatuto de las personas cooperantes que amplía y mejora sus derechos, la cobertura del seguro colectivo concertado por la AECID (que se extenderá también a familiares) y establece un régimen específico para las personas cooperantes desplazadas en operaciones internacionales de paz y seguridad.
Acuerdos
En lo que se refiere a los acuerdos, podría autorizarse al Instituto de Salud Carlos III a convocar ayudas para las Redes de Investigación Cooperativa Orientadas al Resultado en Salud (RICORS) por importe de 35 millones de euros.
Las RICORS son grupos de investigación multidisciplinares con un objetivo de investigación común, concreto y alcanzable. Pertenecen a centros de investigación en biomedicina, dependientes de las diferentes Administraciones públicas o del sector privado y pertenecientes a un mínimo de diez comunidades autónomas. En la actualidad hay siete.
También podrían aprobarse licitaciones de obras en infraestructuras ferroviarias por casi 590 millones de euros, entre otras en el Corredor Mediterráneo, y para el mantenimiento de carreteras por más de 22,6 millones de euros.
Cultura podría recibir el visto bueno para realizar obras de restauración en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid, una de las sedes de Museo Nacional de Arte, Reina Sofía, por importe de 7,4 millones de euros.
El Ministerio de Defensa tiene previsto aprobar contratos por importe total de más de 26 millones de euros y un encargo a la a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, para la realización de actividades de carácter material y técnico, por un valor estimado de 13,7 millones de euros.
También podría acordarse la suscripción de la segunda Adenda de prórroga al Convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la ciudad de Melilla para la atención integral de los usuarios del Centro de atención a personas con discapacidad intelectual “Francisco Gámez Morón”.
Exteriores remitiría a las Cortes, para su ratificación, el Convenio sobre Seguridad Social firmado con los Estados Unidos de América.
Este ministerio también podría someter a aprobación del Consejo de Ministros la firma “ad referéndum” de un convenio con Honduras, para el canje y reconocimiento mutuo de permisos de conducir; y aprobar el Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027, se centrará especialmente en tres prioridades estratégicas: social, ecológica y económica.
En cuanto al contenido del Plan Director, se priorizará el trabajo con los países socios del norte de África, Oriente Próximo y África subsahariana (en particular a los países de África Occidental y el Sahel, y los países de habla española y portuguesa), así como con los países de América Latina y el Caribe, incluido en el marco iberoamericano. Asimismo, se seguirá dando apoyo vía acción humanitaria a las crisis crónicas priorizadas en sus estrategias de contexto, como América Latina y el Caribe, los campamentos de población refugiada saharaui, Palestina, Ucrania y Afganistán, atendiendo al mismo tiempo a aquellas emergencias que surjan durante su periodo de vigencia.
La firma “ad referéndum” se realiza por un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y posteriormente se solicita la aprobación del Consejo de Ministros. Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, la firma “ad referéndum” de un tratado equivale a su firma definitiva.
El Ministerio de Trabajo autorizaría al SEPE la convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal.
Derechos Sociales podría acordar la distribución territorial entre las CCAA para la financiación del nivel acordado de protección previsto en la Ley de Dependencia, para su sometimiento al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Otro acuerdo autorizaría los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar a la AGE la suscripción de un Convenio con la Generalitat de Cataluña sobre financiación del nuevo despliegue del Cuerpo de Mossos d’Esquadra acordado en la Junta de Seguridad de Cataluña de 2021.
Por otro lado, se daría luz verde al acuerdo por el que toma razón del acuerdo alcanzado para tramitar la solicitud de modificación del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, a los efectos de su remisión a la Comisión Europea.