Demócrata adelanta los principales acuerdos del Consejo de Ministros de hoy

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, tiene previsto aprobar el Anteproyecto de Ley de Dependencia, así como un Real Decreto con la Estrategia de apoyo al empleo y otro con la Oferta de Empleo Público para 2025, entre otros acuerdos relacionados con el reparto de fondos por la DANA y el acogimiento de migrantes menores no acompañados.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, lleva al Consejo para recibir luz verde el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD).

La iniciativa pretende extender y reforzar los derechos a la inclusión, a la autonomía y a la accesibilidad universal conforme al art. 49 de la CE y a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En relación con la Ley de Derechos de personas con discapacidad:

• Promueve y refuerza los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad.
• Establece un plazo adecuado para la resolución y notificación de los procedimientos sancionadores.
• Asimila cualquier grado de dependencia a un grado de discapacidad del 33% a los efectos de atenuar cargas administrativas (todas las personas dependientes son personas con discapacidad).
• Destina cantidades ingresadas por multas a promoción y extensión de accesibilidad universal.
• Crea registro estatal de tarjetas de estacionamiento.
• Promociona igualdad de oportunidades ante la inteligencia artificial.

En relación con la modificación de la LAPAD:

• Reconoce derecho a recibir cuidados y apoyos suficientes, a elegir su lugar de residencia o a participar en el diseño, la planificación y seguimiento de los apoyos y cuidados.
• Reconoce el trabajo de teleasistencia como derecho subjetivo.
• Suprime incompatibilidades de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
• Amplía el concepto de persona cuidadora.
• Modifica Ley de Propiedad Horizontal para facilitar obras que mejoren accesibilidad.

El Ejecutivo también dará su visto bueno al Real Decreto con la Estrategia Española de Apoyo al Empleo 2025/2028. Este texto determina marco conceptual y organizativo al que deberán referirse actuaciones en materia de activación y formación en el trabajo, focalizadas en asegurar el ejercicio de los derechos de los usuarios, personas y empresas.

Es la primera plurianual tras Ley de Empleo de 2023; detalla grado de cumplimiento de la anterior Estrategia (2021-2024) y tiene como metas la mejora de la empleabilidad; la mejora de la intermediación; el aumento de cobertura en atención a receptores de prestaciones; la consolidación de la calidad de las redes de orientación profesional; una mayor participación en formación; y el impulso de atención a empresas.

Será la base para elaborar estrategia en favor de desempleados de larga duración, de más edad y del pueblo gitano en el seno del diálogo social. Su financiación provendrá de PGE, recursos propios CCAA, Fondo Social Europeo, cuota de formación profesional para el empleo y cuota por desempleo. Su desarrollo coincidirá con la transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo.

De igual forma se aprobará el Real Decreto con la oferta de empleo público 2025, que a grandes rasgos:

• Mantiene un número de ingresos mayor a la pérdida de efectivos.
• Adopta medidas de agilización y simplificación de los procesos selectivos (reduciendo tiempos, mejorando descentralización, reformando temarios, conservando nota de convocatorias anteriores, etc.).
• Esboza la futura planificación de recursos humanos por áreas funcionales.
• 3.962 plazas en la Administración de Justicia y 5 de letrados del CGPJ.
• 16.619 plazas en la AGE; 35 de funcionarios docentes no universitarios; 504 de Administración Local con habilitación de carácter nacional; 621 de red hospitalaria de Defensa y del INGESA; 5.143 de promoción interna.
• Recoge criterios generales de aplicación en procesos selectivos y sobre publicidad.

En cuanto a los acuerdos se refiere, se autoriza al Ministerio del Interior la concesión de subvenciones a corporaciones locales afectadas por la DANA, por un importe de 72 millones (entre otras, Diputación de Valencia 22, Paiporta 16,8 o Alfafar 6,6).

Se autoriza el Plan Anual Fomento del Empleo Digno 2025 en el marco de la Estrategia de Apoyo activo al Empleo. Se establecen objetivos cuantitativos por colectivos de atención prioritaria (jóvenes, mujeres, jóvenes y mujeres con baja cualificación, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad y vulnerables) para cada CCAA.

Al estar prorrogados los PGE, las cantidades destinadas a financiar la ejecución de políticas de activación para el empleo son equivalentes a las existentes en 2023 (6.388 millones de euros). Se podrán distribuir entre las CCAA para la ejecución de políticas activas de empleo 2.571 millones.

También es autoriza la propuesta de distribución territorial, para su sometimiento al Consejo Territorial de Derechos Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del Marco de Cooperación Interadministrativa y los criterios de reparto previstos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

El importe será de 783 millones y la propuesta está dividida en cuatro fondos:

• Fondo de estructura (145 millones), que se distribuye conforme a criterios de población potencialmente dependiente, superficie, dispersión poblacional, insularidad, coste de los servicios.
• Fondo de gestión (174 millones), que se distribuye con arreglo a criterios de personas atendidas, agilidad administrativa e inversión.
• Fondo de cumplimiento de objetivos (262 millones), que se distribuye teniendo en cuenta la mejora en el empleo, la reducción de la lista de espera y la calidad de las prestaciones y servicios.
• Fondo de apoyo para el despliegue del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (262 millones).

De conformidad con la Ley de Dependencia, ni País Vasco ni Navarra participan en dicho reparto.

Por último, el Consejo prevé autorizar también la propuesta de distribución territorial a Canarias, Balares, Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, del crédito para la atención de niños y adolescentes migrantes no acompañados

El importe será de 22 millones: Canarias 8,5, Baleares 2, Ceuta 7 y Melilla 4,5). Se reparte atendiendo al sobreesfuerzo realizado teniendo en cuenta el número de menores acogidos a 31 de diciembre de 2024 (Canarias 5.480, Baleares 622, Ceuta 484 y Melilla 193).