QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, tiene previsto aprobar el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada y el Anteproyecto de Ley reguladora del derecho al secreto profesional; así como un Real Decreto con medidas para la redistribución y el acogimiento de migrantes menores no acompañados y otro con subvenciones para al Consorcio Nacional de Entidades de ELA.
El Anteproyecto de Ley de Información Clasificada llega al Consejo de Ministros de la mano del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Defensa; e Interior. La norma vendría a sustituir a Ley 9/1968 y al Decreto 242/1969, ambos preconstitucionales y que solo han sido reformadas en una ocasión con motivo de la elaboración de la Constitución. Implicaría adaptar la legislación española en esta materia a los estándares europeos y de la OTAN y a los avances en materia de transparencia y buen gobierno.
Principales aspectos de la norma:
- Cuatro categorías de clasificación: Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido
- Órganos competentes: la clasificación, reclasificación y desclasificación de la información considerada Alto Secreto o Secreto siempre corresponderá al Consejo de Ministros, sin posibilidad de delegación; la de la información Confidencial o Restringida corresponde a las autoridades previstas en la norma, que podrán delegar.
- Régimen jurídico de la información clasificada: incluye los preceptos que gobiernan el acceso a la información clasificada y su tratamiento; regula su transmisión a otros Estados u organismos internacionales; y establece el régimen de acceso parlamentario y judicial a esta información.
- Régimen sancionador: podrá ir desde desde el apercibimiento a la multa de 2,5 millones de euros, atendiendo al nivel de protección de la información. El derecho de libertad de información siempre será un criterio relevante a la hora de tomar una decisión sobre las sanciones.
El anteproyecto también prevé la creación de la Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada, adscrita al l Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. No obstante, la ministra de Defensa ejercerá las funciones delegadas de esta Autoridad en lo relativo a las relaciones de intercambio y protección mutua de información clasificada con la OTAN.
De prosperar, habrá de desclasificarse toda la información con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley. Lo que a efectos prácticos supone la desclasificación automática de toda la información que lleve 45 años o más en esa situación.
El Consejo también tiene previsto dar luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación. Se trata de la primera vez que se daría desarrollo normativo al derecho previsto en el art.20.1 de la Constitución. EL texto elevado al Consejo por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, toma como referencia la doctrina del TEDDHH, el TC, la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados Miembros del Consejo de Europa y el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.
Tiene por objetivo favorecer «la efectividad del derecho al secreto profesional, dotando de claridad y seguridad jurídica a su contenido, y contribuyendo a asegurar libertad de información, acceso a información veraz y de interés público, y la formación de opinión pública libre. De su contenido destaca:
- La extensión del derecho a quienes por su relación privada o profesional dispusieran de información susceptible de identificar a las fuentes.
- El establecimiento de la exclusión del requerimiento forzoso de la entrega de material periodístico, dispositivos o herramientas que contengan información sobre las fuentes.
- La regulación de límites al ejercicio del derecho cuando entre en juego con bienes jurídicos constitucionalmente reconocidos, previa ponderación.
- La previsión de los supuestos en los que jueces y tribunales podrán ordenar la instalación de programas informáticos de vigilancia intrusiva a los titulares del derecho.
- La facilidad del ejercicio de la autorregulación por parte de los profesionales de la información.
El Ejecutivo también dará su visto bueno a un Real Decreto con medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección de infancia y adolescencia migrante no acompañada. El RD tiene como finalidad posibilitar una redistribución de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de los territorios más saturados hacia otras CCAA con una fórmula que pondere el esfuerzo realizado.
En este sentido:
- Se determina que la persona titular para la declaración y el cese de la situación de contingencia migratoria extraordinaria es la presidenta de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
- Se prevé la posibilidad de que CCAA de origen y destino puedan poner en marcha mecanismos de cooperación, sin perjuicio de que la AGE pueda adoptar medidas de coordinación necesarias.
- Se regula el procedimiento para la reubicación y el traslado, en el que se deberá oír a la persona menor de edad interesada y a la CCAA de destino. La resolución será notificada en el plazo de 10 días naturales desde la propuesta de ubicación.
- Se establece mandato de que CCAA de destino adopte medidas para garantizar la adecuada atención integral.
- Se regula el protocolo para la realización de los traslados (a ejecutar por la CCAA de origen, con financiación de la AGE) y se establece el plazo de 15 días naturales para su realización.
Igualmente, se regula cómo proceder si la CCAA de destino se negara a hacerse cargo.
De igual forma, se aprobará el Real Decreto de concesión directa de subvenciones a fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social. Atendiendo a la representación obtenida en las últimas elecciones generales, y con un total de 350.000 euros, el reparto queda de la siguiente manera: 119.000 euros para PP, 96.000 euros para PSOE, 44.000 para VOX, 44.000 para Sumar, 17.000 para PSC, 6.000 para ERC, o 5000 para JUNTS.
También se espera que el Consejo apruebe un Real Decreto de concesión directa de subvención al Consorcio Nacional de Entidades de ELA. La medida tendría como objetivo mejorar la calidad de vida de personas con ELA en fases avanzadas y sufragar los gastos de gestión para la prestación de cuidados a las personas afectadas. Cuenta con importe de 10 millones de euros.
Y a petición del Ministerio de Igualdad, otro Real Decreto con concesión directa de subvención a la FEMP para el Servicio de teleasistencia móvil a víctimas de violencia contra las mujeres. Están previstos 8,2 millones de euros durante 18 meses (prorrogables 6 meses más) con el fin de asegurar la continuidad en la prestación del servicio y garantizar la máxima seguridad posible a las víctima
En cuanto a los acuerdos se refiere, se autoriza al Ministerio de Igualdad a poner en marcha la Estrategia Estatal igualdad de trato y no discriminación personas LGTBI 2025-2028, concebida como el principal instrumento de colaboración territorial para el impulso y desarrollo de las políticas previstas en la conocida como «Ley Trans». Se ha elaborado a través de un proceso participativo con otros departamentos ministeriales, las CCAA, Ceuta, Melilla, el Consejo de Participación LGTBI y la sociedad civil.
Establece tres ejes de actuación:
- Gobernanza, marco normativo y estructuras de coordinación y seguimiento de las políticas.
- Sensibilización, promoción de la diversidad sexual y de género y prevención y detección de la discriminación y la violencia LGTBIfóbica.
- Acompañamiento, inclusión, protección, reparación y memoria de las personas LGTBI+.
En esta misma línea, el departamento de Ana Redondo también ha llevado para su aprobación un acuerdo para ACM Estrategia Estatal igualdad de trato y no discriminación personas trans 2025-2028. El fin último de cada medida de la Estrategia es que todas las personas trans puedan vivir libremente y tener garantizados sus derechos y, especialmente, el acceso a espacios sociolaborales, educativos y sanitarios.
Establece cuatro ejes de actuación:
- Gobernanza, marco normativo y conocimiento de la realidad.
- Inclusión de las personas trans en el ámbito laboral.
- Inclusión de las personas trans en el ámbito educativo.
- Igualdad de trato y no discriminación de las personas trans en el ámbito sanitario.
