QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, tiene previsto aprobar, entre otras cuestiones, el anteproyecto de Ley de gobernanza en servicios digitales y medios de comunicación, un Real Decreto-Ley para la ampliación de permisos por nacimiento y cuidados, y un acuerdo para la creación de una sociedad mercantil que de cumplimiento al acuerdo de traspaso del transporte ferroviario de Rodalies de la Administración General del Estado (AGE) a la Generalitat.
El Anteproyecto de Ley, en segunda vuelta (se enviará ya al Congreso) por el que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en los servicios digitales y de ordenación de los medios de comunicación es una norma que tiene por objeto incorporar diversos Reglamentos de la UE en este ámbito. Aunque estos son directamente aplicables, contienen habilitaciones y mandatos normativos, que hacen necesario este anteproyecto para su implementación efectiva.
Entre los fines perseguidos por el legislador destaca «que los prestadores de servicios intermediarios se comporten de modo responsable y diligente para crear un entorno en línea seguro, predecible y digno de confianza, garantizando así la libertad de expresión e información, la libertad de empresa, la no discriminación y la protección adecuada de los consumidores».
De concluir su tramitación, el anteproyecto modificaría tres leyes:
- La Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en lo relativo a: las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos; la designación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como autoridad para el cumplimiento de determinadas obligaciones y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales y autoridad para el resto de obligaciones; el establecimiento de un régimen sancionador.
- La Ley General de Comunicación Audiovisual, en los siguientes aspectos: regulación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, dependiente de la CNMC, debiendo las CCAA establecer los correspondientes en sus ámbitos; el desarrollo del procedimiento de evaluación de concentraciones en el mercado de medios de comunicación. Se regula la autoridad competente para evaluar estas operaciones; las condiciones de notificación de las operaciones y los sujetos obligados a ello, el procedimiento a seguir; la posibilidad de las partes de ofrecer compromisos para salvaguardar el pluralismo; y los medios de impugnación de la resolución que ponga fin al mismo; la atribución a la CMMC la potestad sancionadora respecto a los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito estatal, así como a las autoridades autonómicas competentes conformes a su normativa reguladora; y el establecimiento de un régimen sancionador.
- La Ley de la CNMC, para adaptarla a la nueva atribución de funciones.
El Consejo también tiene previsto dar luz verde al Real Decreto-ley por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado, para completar la transposición de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. La norma vendría a modificar el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleador Público (EBEP) y la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).
Las principales novedades que incorpora este Real Decreto-ley son:
- Incrementa, con carácter general, la duración del permiso de nacimiento y cuidados, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento en tres semanas, las dos últimas con un diseño más flexible, conforme a su naturaleza de permiso parental.
- Garantiza durante estas tres semanas el mantenimiento en la percepción de los ingresos ordinarios de la persona trabajadora que ejerce su derecho, mediante una prestación económica.
- Incrementa la duración de los permisos mencionados en el caso de unidades familiares monoparentales a 32 semanas.
Por el lado de los acuerdos, el Consejo autorizará a Renfe Viajeros la creación en su seno de Rodalies de Cataluña. La nueva sociedad mercantil, participada con la Generalitat de Cataluña, asumiría la prestación y la gestión de los servicios de transporte regular de viajeros por ferrocarril competencia de la Generalitat.
Se pretende dar cumplimiento al acuerdo de traspaso de la Administración General del Estado (AGE) a la Generalitat del transporte ferroviario de Rodalies. Integrará al personal dedicado a la gestión de los servicios sometidos a obligaciones de servicio competencia de la Generalitat.
Esta sociedad estará participada por Renfe Viajeros (50,1%) y la Generalitat (49,9%). Su constitución se acompaña del pacto de accionistas para que el Consejo de Administración esté compuesto por nueve miembros, de los que cuatro son designados por Renfe Viajeros y cinco, incluido el presidente, por la Generalitat.
Por otro lado, a petición del Ministerio de Hacienda llega al Consejo para su aprobación un acuerdo para autorizar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para suscribir una ampliación de capital de 45 millones de euros, así como para suscribir obligaciones convertibles, por importe de 30 millones, a emitir por TALGO, S.A. El Consejo de Administración de SEPI ha acordado vincular la eficacia de la operación al cumplimiento previo o simultáneo de las siguientes condiciones:
- La adquisición por el consorcio inversor de 30 millones de euros de acciones al precio de 4,25 euros, representativas del 29% de TALGO antes de la ampliación de capital.
- La suscripción de obligaciones convertibles en acciones de TALGO por importe de 75 millones de euros.
- Una nueva estructura de endeudamiento.
En lo que al Ministerio de Educación y Formación Profesional (FP) respecta, en la reunión de hoy se dará el visto bueno a la propuesta de distribución territorial de los créditos gestionados por CCAA destinados al impulso y calidad de la FP en 2025, por un importe de 31 millones de euros. Posteriormente, este acuerdo será sometido a la Conferencia Sectorial de Educación.
En cuanto a los ámbitos de acción de “Campeonatos Skills”, “Movilidad del alumnado y personas en formación” e “Implementación de proyectos en Formación Profesional” el crédito se ha distribuido atendiendo a los siguientes criterios:
- Número de alumnos matriculados (40%), número de profesorado que imparte FP en centros públicos (25%), número de centros públicos que imparten FP (20%), brecha de género (5%), riesgo de pobreza (5%) y dispersión geográfica de las AAPP (5%).
Para la actuación “Formaciones y estancias formativas” se ha distribuido atendiendo a:
- Número de profesorado de FP en centros de ESO, bachillerato y FP (50%), número de alumnos matriculados (20%), dispersión demográfica (15%), dispersión geográfica de las AAPP (10%) y tasa de riesgo de pobreza (5%).
En esta misma línea, el Consejo también dará luz verde a la propuesta de distribución territorial de los créditos gestionados por CCAA con competencias asumidas en el ámbito de la FP para personas trabajadoras, por importe de 867 millones de euros.
El monto habrá de repartirse entre iniciativas de oferta formativa para desempleados (696 millones de euros), iniciativas de oferta formativa para ocupados (145 millones de euros), y acciones de formación profesional para el empleo (25 millones de euros).
Para su reparto se ha seguido el siguiente criterio: coeficiente de población activa (75%), tasa de población activa sin titulación profesionalizante (10%), dispersión geográfica de las AAPP (5%) y dispersión de la población activa (10%). En consecuencia, hablamos de que a Andalucía le corresponderían 138 millones, a Cataluña 130 millones, a Madrid 108 millones, a Extremadura 42 millones, a Asturias 27 millones, y a Murcia 23 millones.
Igualmente, en la mañana de hoy se aprobará la convocatoria de subvenciones para la financiación de acciones formativas sectoriales vinculadas al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, dirigidas a personas trabajadores en 2025, por importe de 25 millones de euros. Los programas objetos de subvenciones son:
- Línea I: formación vinculada a Certificados de Profesionalidad o Certificados Profesionales, dirigida prioritariamente a personas ocupadas, constituida por programas de formación sectoriales dirigidos a personas trabajadoras autónomas, o a personas trabajadoras y personas socias trabajadoras de la economía social, que aporten actividad económica.
- Línea II: formación dirigida a personas ocupadas, constituida por programas de acciones formativas específicas vinculadas a Certificados de Profesionalidad o Certificados Profesionales, para responder a las necesidades de cualificación detectadas por las empresas.
- Línea III: formación dirigida prioritariamente a personas desempleadas, constituida por programas de formación específicos vinculados a Certificados de Profesionalidad o Certificados Profesionales.
Otro de los acuerdos que recibirá el visto bueno del Consejo es la distribución de 300 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para la ejecución del programa de ayudas a PYMES y grandes empresas del sector industrial. Así como, la propuesta de distribución territorial que posteriormente habrá de someterse a la Conferencia Sectorial de Energía.
Se subvencionarán mejoras de la tecnología en equipos y procesos industriales; y la implantación de sistemas de gestión energética. El criterio de reparto es la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre PIB a precios de mercado y valor añadido bruto a precios básicos por ramas de actividad por CCAA. De aprobarse la propuesta, Cataluña recibiría 65 millones, Madrid 30 millones, Andalucía 29 millones, el País Vasco 26 millones, Castilla y León 19 millones, y Canarias 4 millones.
También con relación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética se aprobará otro acuerdo para la ejecución del programa de ayudas en edificios existentes del sector terciario, por un importe de 200 millones de euros. La propuesta de distribución territorial tendrá que ser sometida a la Conferencia Sectorial de Energía.
El criterio objetivo de distribución será la estadística más reciente de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre edificios no residenciales construidos en España durante el periodo 2000-2022. De la previsión del reparto territorial destaca: para la Comunidad Valenciana y Madrid 23 millones, respectivamente, para Castilla la Mancha 19, para Aragón y Ceuta, 14 millones, respectivamente, y para Galicia 9 millones.
Por último, el Consejo dará luz verde a la propuesta de distribución territorial, para sometimiento a Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito destinado a subvencionar programas de interés general con cargo al 0,7 del IRPF y del Impuesto de Sociedades (IS), por importe de 375 millones de euros.
La propuesta se elabora a partir de los trece criterios acordados en el Consejo Territorial de 2020. Entre estos se incluyen: tasa AROPE (población en riesgo de pobreza o exclusión social), con una ponderación del 50%; población, con una ponderación del 12%; población dependiente, con una ponderación del 12%; dispersión, con una ponderación del 12%; superficie, con una ponderación del 4,5%; o envejecimiento, con una ponderación del 3,50%.
Cabe precisar que Ceuta, Melilla y La Rioja tienen un porcentaje fijo independiente de los indicadores por sus características (0,80, 0,81 y 1,02, respectivamente). De salir adelante la propuesta en los términos planteados para Andalucía irían 71 millones; a Castilla-La Mancha, 20 millones; a Cataluña, 48 millones y a Madrid, 40 millones.
