QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, tiene previsto aprobar el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, tal y como adelantó Demócrata; así como otros acuerdos relacionados con el impulso a la vivienda en régimen de alquiler asequible o social y el incremento del 0,5% de las retribuciones de los funcionarios.
El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible aterriza en el ordenamiento español dos directivas de la Unión Europea, en concreto, la Directiva 2024/1799, por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes; y la Directiva 2024/825, por la que se modifican dos directivas en lo que respecta a la protección de los consumidores contra las prácticas desleales y mediante una mejor información.
La norma, que busca primar la reparación de los bienes antes que su sustitución y reforzar las prácticas empresariales responsables y transparentes, tiene como principales novedades:
- Luchar para que las empresas no incurran en prácticas negativas para la sostenibilidad (blanqueo ecológico, obsolescencia programada, actualizaciones de software que afectan negativamente al rendimiento, etc.).
- Asegurar que los productos puedan ser reparados en lugar de ser desechados prematuramente, promoviendo la circularidad.
- Facilitar el acceso a la información (garantía, características medioambientales, vida útil, reparabilidad o transparencia en caso de “reduflación”).
- Limitar la posibilidad de revender las entradas de espectáculos públicos.
- Establecer como ilícita la publicidad de combustibles fósiles.
- Regular la publicidad del miedo para proteger a consumidores de mensajes manipuladores.
Por otro lado, el Consejo de Ministro tomará razón de la ejecución de los acuerdos del 9 de mayo de 2023 para fomentar el desarrollo de viviendas en régimen de alquiler asequible o social en ámbitos titularidad del Ministerio de Defensa
Se toma razón de la ejecución de los ACM tras el estudio de las propiedades puestas a disposición por el Ministerio; y se autoriza la ampliación del destino de la aportación patrimonial de 622 millones a SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo y su aplicación al desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible. También se incluye la financiación de los costes necesarios para el dimensionamiento de SEPES, la implementación de la Entidad Pública de Vivienda y Suelo y el desarrollo de su nueva actividad.
De igual forma, y también en relación con la Vivienda, el Ejecutivo abordará los criterios de determinación de activos susceptibles de ser destinados a las políticas de vivienda asequible y se encomienda a los Ministerios de Hacienda; de Economía, Comercio y Empresa; y de Vivienda y Agenda Urbana la transmisión de los inmuebles de la SAREB a SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo
En este sentido, se han identificado 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos con la capacidad de albergar 55.000 viviendas. Los criterios que deben cumplir las viviendas y suelos son:
- Viviendas: en municipios de las áreas metropolitanas e islas, así como en aquellos de más de 5.000 habitantes o más de 1.000 con crecimiento poblacional de más del 5% en diez años; entre 40 y 85 metros cuadrados independientemente del valor y de hasta 150 metros cuadrados en función de su valor; sin patologías estructurales.
- Suelos: en municipios de más de 5.000 habitantes; superficie superior a 150 metros cuadrados; con calificación urbanística residencial; con capacidad de albergar 30 o más viviendas.
El Gobierno prevé aprobar el incremento del 0,5% de las retribuciones de personal del sector público con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Se trata del aumento retributivo variable que corresponde abonar al ser el incremento del PIB nominal igual o superior al estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico.
Por último, se prevé un acuerdo con ayudas al ICAA para la producción de largometrajes. Se destinarían 33 millones, con posibilidad de fijar una cuantía adicional de 22 más sin nueva convocatoria.
Se trata de ayudas anticipadas para la financiación del coste de producción de proyectos de largometraje de empresas productoras mediante criterios objetivos: viabilidad económica y financiera, relevancia cultural española y europea, carácter innovador, e impacto socioeconómico.
- El 60% se abona en el momento del reconocimiento del derecho.
- El 40% restante en el ejercicio económico posterior (previa acreditación del 80% de la financiación y el abono del 50% del precio del guion).
