Las denuncias contra Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales, trata de personas, acoso y explotación, supuestamente ocurridos en 2021, han sacudido la actualidad española y, como no podía ser de otra forma, han tenido una esperada repercusión en la esfera política española. No podía ser de otra forma ni por el tema objeto de las acusaciones como por tratarse de uno de los artistas españoles más internacionales de la historia.
Origen de la polémica
Una investigación periodística publicada por eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias ha sido el detonante de la polémica: dos mujeres que trabajaron como empleadas internas en las residencias de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021 narran ambientes de control, humillación, acoso y agresiones sexuales presuntamente cometidas por el cantante.
Según la información publicada, las denunciantes —una empleada doméstica y una fisioterapeuta— describen un entorno laboral marcado por toques no consentidos, presiones para mantener relaciones sexuales, insultos y humillaciones físicas y verbales.
La denuncia formal fue presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, que ha abierto diligencias de investigación penal preprocesales -bajo secreto de sumario- para analizar los hechos relatados.
El Gobierno pide una investigación
La difusión de estas denuncias ha generado un cruce de posicionamientos políticos en España, con tensiones especialmente marcadas entre la izquierda y la derecha.
La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido que las acusaciones se investiguen “hasta el final” y ha subrayado la necesidad de abordar sin ambages este tipo de situaciones de abuso y machismo estructural, especialmente contra trabajadoras vulnerables.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reafirmado, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el compromiso del Ejecutivo con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y ha rechazado que se “mire hacia otro lado” ante estas acusaciones.
Ayuso sale en defensa de Iglesias
Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha reaccionado en redes sociales a la noticia defendiendo públicamente la figura de Julio Iglesias, criticando a la “ultraizquierda” y rechazando que Madrid contribuya a “desprestigiar a artistas como él”.
Mientras, desde Más Madrid, figuras como Manuela Bergerot y Rita Maestre se han apresurado a pedir en redes la retirada de los honores públicos que el cantante ha recibido de la ciudad de Madrid y de la comunidad, como la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y el título de Hijo Predilecto de Madrid. Ambas argumentan que no se pueden mantener distinciones ante este tipo de acusaciones.
“Los honores a figuras públicas deben ser coherentes con los valores democráticos y de respeto. Pedimos que se retiren todas las distinciones concedidas a Julio Iglesias hasta que se aclare judicialmente el caso", ha publicado en X el perfil de Más Madrid.
En este contexto, desde el Ayuntamiento de Madrid se ha optado por mantener una prudencia institucional y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha señalado que no contempla por ahora revocar las distinciones concedidas a Julio Iglesias, apelando a la presunción de inocencia y a no anticipar decisiones antes de resolverse la investigación.
El caso está reabriendo el debate sobre cómo deben reaccionar las instituciones ante acusaciones mediáticas de abuso sexual contra figuras públicas, equilibrando la protección de víctimas y la presunción de inocencia de los denunciados.