Al verano sin cabos sueltos. La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere cerrar el curso político habiendo defendido en el Congreso la reducción de la jornada laboral.
El proyecto llegó a la Cámara Baja en mayo y desde entonces la Mesa ha prorrogado el plazo para registrar enmienda a la totalidad, con la que los grupos pueden pedir la devolución de la iniciativa o proponer una propuesta alternativa.
Díaz quiere que ese debate tenga lugar este mismo mes o, si no llega a tiempo al período de sesiones, habilitar una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso en julio, según informan fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Hasta ahora, la coalición PSOE-Sumar, con mayoría en la Mesa, ha ampliado el plazo de enmiendas para dar tiempo al Ministerio en la busca de apoyos.
Trabajo no tiene los números para aprobarla. Si PP y Vox dan la espalda al proyecto, el Gobierno necesita el voto de todos los socios de investidura. Y Junts ya anticipó su rechazo y su exigencia de negociar el texto desde cero.
El Ministerio quiso escenificar sus negociaciones parlamentarias y este mismo martes convocó a ERC, Bildu y PNV para hablar del proyecto. Hace meses que desde el entorno de Díaz daban por hecho que el acuerdo para amarrar sus votos sería una tarea relativamente sencilla.
En el caso de Junts, asumiendo que no era así, aseguraban que sabía el coste que tendría y que sería ajeno a la propia regulación planteada por Trabajo. Ahora eso ya no está tan claro.
Los de Carles Puigdemont, en todo caso, centran su oposición en el impacto que tendría el proyecto en las pymes catalanas. Y ahí un actor fundamental es Pimec, patronal presidida por Antoni Cañete que se ha movilizado más que ningún otro agente social en las últimas semanas para forzar cambios.
“Así, no”, subraya Cañete, que deja implícito en su discurso la posibilidad de aceptar la reducción de jornada bajo ciertas condiciones. Desde la patronal confirman a Demócrata que, bajo determinadas condiciones, podrían aceptar una reducción de jornada.
Pero para llegar hasta ahí deben cumplirse una serie de exigencias. Un período de adaptación, ayudas a las pymes, aplicación supeditada a un determinado índice de absentismo o disponibilidad de trabajadores, o flexibilización de la normativa en materia de horas extra o en las sanciones que propone Trabajo. Y, por supuesto, modular los cambios en el registro horario.