La presidenta del Comité de Representantes del Comité del Mar Menor, Teresa Vicente, y el secretario, Alfonso Manzano, han presentado su renuncia a seguir formando parte de este órgano de gobernanza de la laguna salada.
En una misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, ambos explican que “creemos que se ha llegado a una situación de bloqueo a la que no le vemos fácil solución. Por ello presentamos nuestra dimisión como miembros de este Comité para poner de manifiesto que todo el trabajo realizado hasta ahora y que tantos esfuerzos han costado, no puede, ni debe, quedar bloqueado por la decisión las administraciones presentes en el Comité de Representantes”.
Vicente y Manzano recuerdan en la carta que “los miembros de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, por mandato de dicho Reglamento, nos constituimos, en una Comisión Gestora para impulsar la creación de los órganos de gobernanza (Comité de Representantes, Comisión de Seguimiento y Comité Científico) mediante una convocatoria a todas los sectores sociales, económicos, sindicales, etc., que permitieron su constitución el 29 de mayo de 2025”.
Detallan igualmente que “una vez puestos en marcha todos los órganos de la Tutoría, siete de los ocho miembros de la Comisión Promotora pasamos a formar parte del Comité de Representantes, por el tiempo establecido en el Reglamento de 2025, junto con tres representantes de la Administración General del Estado y otros tres representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma”.
Desde entonces, el Comité de Representantes ha celebrado tres sesiones “con el objetivo, al menos eso pensábamos, de dotar a la tutoría de los elementos necesarios indispensables, para que su labor fuese lo más ágil, efectiva y contundente para la defensa de los derechos que, por Ley, le corresponden al Mar Menor”. Sin embargo, lamentan que “nuestros objetivos, y esperanzas, se han visto continuamente entorpecidos por ambas administraciones, llegando a un punto en que la paralización se ha trasladado, no solo al Comité de Representantes, sino a las actividades e iniciativas adoptadas por la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico”.
En su análisis del funcionamiento interno, señalan que el reglamento fija que “los acuerdos del Comité serán adoptados por mayoría de sus miembros, con al menos el voto favorable de todas las personas representantes de una de las administraciones y cuatro de las personas representantes de la ciudadanía”, una fórmula que, a su juicio, ha derivado en “especie de derecho de veto de las administraciones públicas de muchas de las iniciativas que se han presentado, por cuanto dichos representantes, nombrados por las administraciones, actúan más como defensores de la administración que como defensores de los derechos del Mar Menor, que es para lo que fueron nombrados”.
En la misma línea, subrayan que “consideramos que se han visto frustradas nuestras expectativas de participación de la ciudadanía y la escucha, no solo de los problemas que aún acucian al Mar Menor, sino también de las soluciones y propuestas, que, para la defensa de sus derechos, han sido elaboradas por el conjunto del tejido social”.
Por este motivo, formalizan su salida del órgano, al entender que la situación actual impide que la tutela del ecosistema avance con la eficacia prevista inicialmente. Así, Vicente y Manzano comunican su dimisión como integrantes del Comité de Representantes del Comité del Mar Menor “para poner de manifiesto que todo el trabajo realizado hasta ahora y que tantos esfuerzos han costado, no puede, ni debe, quedar bloqueado por la decisión las Administraciones presentes en el Comité de Representantes”.