Desde las 09:00 horas, la Cámara Baja ha reanudado su Pleno con la última sesión de control al Gobierno antes de que acaba el año. Entre otras cuestiones, los diputados preguntarán a los ministros sobre si se va a garantizar en el nuevo Plan Auto 2030 las solicitudes pendientes del Plan Moves III aún en vigor para adquirir un vehículo eléctrico; sobre qué está haciendo el Ejecutivo por la sanidad animal en España; o sobre el balance de las políticas promovidas por el Gobierno en relación con el equilibrio entre la fauna salvaje y las actividades productivas del sector primario.
A continuación se debatirán tres interpelaciones urgentes. La primera, de ERC sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos. La segunda de Vox al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para garantizar la protección del sector porcino. Por último, a instancias del PP, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, será interpelado sobre «la corrupción económica, política e institucional que afecta al Gobierno y al Partido Socialista y del profundo deterioro de la calidad democrática en nuestro país».
El Pleno continuará con la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. A petición propia, informará sobre la política exterior de España en defensa de la paz, el derecho internacional y el multilateralismo. A solicitud de EH Bildu, ERC y el Grupo Mixto, expondrá la posición del Gobierno acerca de las resoluciones adoptadas por la ONU relativas al Sahara Occidental y la implicación de las mismas sobre la ocupación marroquí y el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui; y dará cuenta sobre los dos nuevos centros de detención de migrantes que la FIAP, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha establecido en Mauritania.
Para finalizar, será el turno de las mociones que en la jornada de ayer no dio tiempo a abordar. Tanto PP, como Vox, han orientado las iniciativas a la condena del Fiscal General del Estado. Por su parte, la del BNG es relativa a la mejora de la financiación en Galicia.