Ayer, entraron en vigor los aranceles impuestos por el presidente norteamericano Donald Trump. Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a un acuerdo por el que ambas partes accedían a fijar esa tasa en un 15%. Además, el pacto incluía unas medidas por las que Bruselas se comprometía a realizar inversiones estratégicas en la economía americana desde ámbitos como la tecnología, la energía o la defensa. De no cumplir, el presidente amenazó con incrementar esos aranceles hasta el 35%.
Desde el Ejecutivo español no se han mostrado del todo contrarios a la postura adoptada por la Comisión Europea en estas negociaciones, como sí lo han hecho de forma explícita países como Francia. La pasada semana, en una entrevista para El País, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sentenció que “con el acuerdo se evita el peor de los escenarios, que es el de guerra comercial”. Además, puntualizó que, en términos relativos, “Europa no queda peor que los principales competidores” para acceder al mercado norteamericano.
Por ello, en el gabinete de Cuerpo se han marcado como prioridad ayudar a las empresas españolas a “navegar en este contexto”. El Ministerio de Economía trabaja ya en un segundo plan de respuesta a los efectos del «shock arancelario», que esperan aprobar a la vuelta de vacaciones.
El Plan 2.0
Se tratará de un plan flexible que recoja las demandas de los principales sectores afectados, así como de las Comunidades Autónomas. Un plan que, a día de hoy, se sigue elaborando mediante reuniones y encuentros estratégicos.
En este sentido, Economía ha convocado a todas las comunidades a una reunión el próximo miércoles 17 de septiembre en Valencia, como confirman desde el ministerio a este medio, en el marco de los encuentros iniciados en abril, cuando se empezaron a conocer los efectos de las decisiones de Trump.
Esas primeras reuniones derivaron en el Real Decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, que fue convalidado en mayo por el Congreso con el voto contrario del PP. Ese voto negativo levantó todas las sorpresas en Economía, al haber sido un plan pactado por las comunidades, donde los populares cuentan con mayoría.
Cuerpo aseguró entonces que el diálogo era continuo, articulado en cinco mesas: bienes agroalimentarios, de consumo, equipo y material eléctrico, productos industriales y química y medicamentos.
Intercambio de información
Ahora, lo que se busca —aseguran fuentes del Ministerio a Demócrata— con esta nueva reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización es compartir información entre los territorios y Economía para esta nueva fase de respuesta.
El principal punto de la agenda de la jornada serán los detalles del acuerdo entre EEUU y la Unión Europea, así como las formas de hacerle frente. El departamento de Cuerpo considera que las comunidades son las que cuentan con “información de primera mano” de los sectores que puedan estar más afectados.
Nueva ronda de contactos
En el marco de elaboración de este plan, Economía confirma a Demócrata que volverá a convocar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de aprobar un documento consensuado con las máximas formaciones posibles.
Ya en abril, el ministro se reunió con las distintas fuerzas del arco parlamentario para estudiar “una respuesta conjunta” ante las medidas arancelarias que protegieran “el tejido productivo español”. “Tenemos que responder de manera coordinada”, sentenció a la salida de estas reuniones Carlos Cuerpo.
En su momento, el actual vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, justificó su negativa al decreto antiaranceles al considerar que el Gobierno había decidido no apoyar a los sectores afectados con las propuestas que su formación había compartido. Llegó a afirmar que la medida únicamente planteaba “más deuda, más préstamos y avales para las empresas”.
Sobre una posible nueva ronda de contactos, en abril, Bravo declaró que “cuando se nos ha llamado hemos estado. Cuando hemos estado, hemos hecho propuestas”.
Mientras el Congreso debatía estas medidas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunciaba un acuerdo con el Gobierno para condicionar las posibles futuras ayudas públicas directas a la protección del empleo, preservando la actividad en sectores estratégicos. En ese acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a la evaluación periódica de la situación de los sectores más afectados por las exportaciones a EEUU.
Máximo consenso
Desde el inicio de esos diálogos, Economía ha observado una buena predisposición y colaboración por parte de los territorios, incluso en aquellos en los que gobierna el Partido Popular. Por esta razón, confían en que las nuevas negociaciones que se iniciarán en septiembre puedan derivar en un plan consensuado entre empresas, instituciones y partidos. “Queremos elaborar un plan de respuesta juntos”, sentencian en el Ministerio.