QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ponencia del Proyecto de Ley integral de impulso de la Economía Social ha concluido su informe, que será elevado a la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el próximo 9 de diciembre, según ha podido saber Demócrata. La iniciativa no solo prevé reforzar las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutuas y sociedades laborales; sino que se perfila como la antesala de una nueva ley para potenciar los establecimientos de los pueblos.
Fuentes de la ponencia confirman a este periódico que se ha integrado en el texto una enmienda transaccional impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en connivencia con Sumar para añadir una disposicional adicional nueva sobre zonas rurales en riesgo de despoblación.
Esta modificación comprometería al Ministerio de Trabajo y Economía Social a, en un plazo de 12 meses, a estudiar una nueva normativa para potenciar cualquier establecimiento en zonas rurales en riesgo de despoblación. El Ejecutivo estaría obligado a estudiar la viabilidad tanto económica como jurídica.
Según indica uno de los ponentes de la ley a Demócrata, es la antesala a una nueva ley. Asegura que no se ha querido ir más allá en esta normativa de Economía Social porque se requiere de un reglamento especial y, por ende, una normativa específica y más complejo. Pero el primer paso, ya se estaría dando.
La idea es crear medidas e incentivos para impulsar locales de servicios que resultan esenciales en zonas rurales en riesgo de despoblación, tales como hostelería con servicio de restauración cotidiano, comercio de alimentación y productos de primera necesidad, farmacia rural, estanco con servicios administrativos asociados (loterías, recargas, pagos), servicios administrativos básicos (gestorías, puntos de atención ciudadana), reparación y mantenimiento (ferretería, fontanería) o servicios postales y de mensajería.
Otras transaccionales
El informe de ponencia ha integrado otras enmiendas transaccionales destacables. Una de ellas amplía los colectivos que pueden ser contratados por empresas de inserción. Esta modificación incorpora a las personas sin hogar, personas que han pasado por procesos de regularización administrativa y personas expuestas a factores de vulnerabilidad no previstos inicialmente.
También se adapta la normativa a las nuevas realidades sociales y laborales y se evita que colectivos emergentes queden excluidos de los itinerarios de apoyo e inserción sociolaboral.
Por otra parte, se da continuidad a los itinerarios de inserción en casos de empeoramiento de la situación de vulnerabilidad, algo que ERC valora muy positivamente. “Hemos logrado incorporar una enmienda para que las personas que habían finalizado el contrato de inserción puedan volver a ser contratadas si su situación personal empeora”, afirman desde el grupo parlamentario. Serán los servicios sociales los que puedan acreditar dicha situación y, así, se garantiza que nadie quede desatendido en momentos de vulnerabilidad.
Otra de las transaccionales refuerza el papel de los servicios sociales en la acreditación de competencias. Se permitiría que los servicios sociales puedan acreditar las competencias profesionales que una persona ha adquirido durante su itinerario de inserción y se facilitaría el reconocimiento formal del itinerario y más garantías para acceder al mercado laboral.
Además, se han incluido otras modificaciones para imponer como exigencia a las empresas de inserción que atesoren dos años de experiencia previa en el ámbito de la exclusión social y vulnerabilidad con el propósito de blindar su naturaleza social.
De igual forma, se protegerá de forma especial a las cooperativas de vivienda en cesión de uso.
