Eficiencia digital y procesal, Función Pública y régimen local: la batería de enmiendas del PP al RD-L ómnibus

El Partido Popular ha registrado un grueso de 88 enmiendas al Real Decreto- Ley ómnibus, tramitado como proyecto de ley. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo plantea modificaciones en materia de medidas de eficiencia digital y procesal del servicio público de Justicia; en Función Pública y en relación al régimen local.

Eficiencia digital y procesal

El PP propone ampliar los servicios que la Administración de Justicia puede realizar de manera electrónica, como, por ejemplo, las comunicaciones electrónicas transfronterizas relativas a actuaciones de cooperación jurídica internacional o la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones por videoconferencia o no presenciales.

También apuestan por limitar el acceso y consulta de escritos y documentos que formen parte del expediente judicial electrónico a través de la Carpeta Justicia cuando las partes ya tengan designado procurador u otro representante procesal en su caso, a los documentos y actuaciones que ya hayan sido formalmente notificadas a las partes y haya constancia de su recepción. Estos accesos, además, deberán ajustarse a la normativa sobre actuaciones declaradas secretas o reservadas y sobre protección de datos.

Para facilitar el acceso a la Justicia a la ciudadanía, proponen que el sistema de cita previa no impida a los ciudadanos y sus representantes procesales acudir presencialmente, sin necesidad de solicitarla, a los órganos y oficinas judiciales y oficinas fiscales para ser debidamente atendidos.

El PP sugiere que los ciudadanos y sus representantes puedan acudir presencialmente a los órganos y oficinas judiciales sin necesidad de cita previa.

Con respecto a la videoconferencia, los populares abogan por que, por norma general, sea la presencia física y no la telemática regulada por el RD-L, a fin y efecto de respetar el principio de inmediación y las garantías esenciales del derecho de defensa.

En el listado de enmiendas se incluyen deberes para el Gobierno. Piden que se regule el consentimiento informado para funciones atribuidas a los profesionales de la procura, por lo que el Gobierno debería presentar en el plazo de seis meses un proyecto de ley con las modificaciones procesales necesarias que permitan incorporar con garantías las nuevas competencias en materia de comunicación y ejecución por parte de la procura, después de alcanzar un acuerdo con los Letrados de la Administración de Justicia y los procuradores en aras a conseguir un alto grado de colaboración para una ejecución más ágil y eficiente.

Asimismo, piden que el Ministerio de Justicia desarrolle reglamentariamente en el plazo de un año desde la aprobación de la Ley la figura de la persona facilitadora, a la que se define en otra enmienda como la persona que trabaja, según sea necesario, con el personal del sistema de justicia y las personas con discapacidad para asegurar una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales.

Como asignatura pendiente para el Gobierno, quedaría también la regulación de los derechos de las víctimas y perjudicados con discapacidad en el proceso penal.

Otras medidas propuestas por el PP:

• Suprimir el apartado que reza que el incumplimiento de lo establecido en los artículos anteriores no priva por sí solo de efectos procesales y jurídicos a la actuación llevada a cabo por videoconferencia, ni supone la ineficacia o nulidad de esta. En ese mismo artículo, añaden que en el caso de que se impugne la identificación o la firma, las costas, gastos y derechos que origine la comprobación serán exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación.
• Suprimir la regulación del procedimiento testigo en la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que merece una mayor reflexión ya que consideran que la redacción dada en este proyecto puede afectar al derecho a la tutela judicial efectiva.
• Al igual que Junts, proponen modificar el régimen retributivo y de Seguridad Social de Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos para que perciban una retribución idéntica a la de los titulares.
• En una nueva disposición adicional, proponen una modificación de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los trámites de constitución de una sociedad y la interoperabilidad entre la sede electrónica notarial y el sistema CIRCE.

Al igual que Junts, desde el PP proponen modificar el régimen retributivo y de Seguridad Social de Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos para que perciban una retribución idéntica a la de los titulares.

Función Pública

El Partido Popular ha impulsado una enmienda para establecer que el contenido de todos los instrumentos de planificación, así como sus correspondientes evaluaciones sean publicados conforme a la Ley de Transparencia.

Pretende, de igual forma, que las convocatorias de la Oferta Pública de Empleo (OPE) se publiquen el mismo año, o el siguiente, a la publicación de la OPE y no en los tres años siguientes.

En este sentido, también aspiran a que se reserven al menos el 30% en la OPE para la promoción interna.

En otra enmienda, establecen que la posibilidad de seleccionar candidatos para el nombramiento de interinos en los procesos de selección no será aplicable para los procesos selectivos de ingreso al subgrupo A1, debido a las funciones propias de especialización y dirección que son inherentes al desempeño de su trabajo.

También proponen que los criterios e indicadores de evaluación del desempeño tengan en cuenta las adaptaciones del puesto de trabajo y capacidades del personal con discapacidad, especialmente aquellos puestos adaptados para personas con discapacidad intelectual. Los populares también plantean que la evaluación no pueda tener efectos sobre la continuidad en el puesto de trabajo.

En lo que respecta al cese del personal directivo público profesional por pérdida de confianza, los de Feijoó exigen que se ajuste a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público para el personal designado por el sistema de libre designación.

Otras propuestas:

• Transformación en agencia estatal del Instituto Nacional de Administración Pública para que desarrolle y ejecute las políticas de selección y formación de formadores de las empleadas y empleados públicos.
• Que se contemple una primera fase de implantación de la carrera horizontal, en la que, con carácter excepcional, y por una sola vez, el empleado público que reúna los requisitos concretos que se establezcan, pueda optar al reconocimiento de los tramos que le correspondan en función de la totalidad de su carrera profesional, sin necesidad de la evaluación del desempeño.
• Que se negocien en una Mesa todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública. Estarían presentes las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y entidades.

Régimen local

El PP ha impulsado enmiendas para suprimir tres cuestiones:

1. La regulación en el País Vasco de los funcionarios de la Administración Local, con habilitación nacional. En coherencia con esta supresión, en otra enmiendan suprimen la disposición transitoria décima.
2. La Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que la creación de los nuevos municipios solo pueda realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
3. Que la ley se aplique siempre respetando la posición singular en materia de sistema institucional de Cataluña.

Por último, la formación popular maniobra para que la inscripción en el Padrón municipal de un ocupante ilegal se considere nulo y no constituya prueba de su residencia ni se le atribuya ningún derecho; y que las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares, puedan asumir la gestión informatizada de los Padrones de los municipios menores a 5.000 habitantes, previa solicitud de la entidad local interesada.