La Junta de Andalucía, bajo la administración del PP, ha anunciado que para 2025 cubrirá el 68,09% de los costos del sistema de dependencia, con un desembolso de 1.587 millones de euros, cifra que duplica los 743 millones aportados por el Gobierno central. Ante esto, la Delegación regional del Gobierno del PSOE ha aclarado que la legislación vigente le prohíbe ‘aportar más que las comunidades autónomas’ y ha destacado que en Andalucía se están inyectando ‘las mayores cantidades para la financiación desde la aprobación de la ley’ que rige estas políticas.
En una declaración oficial, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha explicado que la Ley no obliga al Gobierno a ‘aportar el 50 por ciento de la financiación de la Dependencia en cada comunidad autónoma’, mencionando específicamente en el capítulo V de su artículo 32 ‘que el Gobierno central no puede aportar más que las comunidades autónomas al Sistema de la Dependencia’.
La Delegación también ha señalado que ‘alcanzar el 50 por ciento es un objetivo político que se incluyó en el acuerdo de Gobierno de esta legislatura’. Además, ha subrayado que desde 2020, la financiación se ha incrementado en más de un 150%, triplicando la inversión comparada con 2014.
De acuerdo con la Delegación, el Gobierno de España actualmente financia cerca del 40% de la Dependencia en Andalucía, convirtiéndola en la comunidad que más fondos recibe y con uno de los niveles más altos de cofinanciación, aspirando a alcanzar el 50%. Comparativamente, durante la administración de Mariano Rajoy, el promedio de cofinanciación en la comunidad no llegaba al 20%.
Para 2024, se ha asignado a Andalucía una ‘cantidad récord de 738 millones de euros para el sistema de dependencia, la mayor aportación desde la puesta en marcha de la ley de la Dependencia’, superando en 508 millones de euros lo destinado por el Gobierno anterior en 2017. Adicionalmente, se ha restituido la financiación del nivel acordado, que en 2024 alcanzó los 141 millones para Andalucía, superando esta cifra en el presente año con la aprobación de una partida de 147,8 millones de euros en un reciente Consejo de Ministros. A esto se añade la reintegración de las cotizaciones para las cuidadoras no profesionales, una medida que beneficia en gran medida a mujeres encargadas del cuidado de personas dependientes.