En una reciente sesión en la comisión de Transportes del Congreso, Rocío Báguena Rodríguez, secretaria general de Transporte Terrestre, ha reiterado la posición del Gobierno frente a la posibilidad de eliminar el peaje del Huerna (AP-66). Báguena ha explicado que el Ejecutivo no está en condiciones de «no podemos asumir las implicaciones jurídicas y económicas» derivadas de una posible nacionalización de este tramo, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita un veredicto sobre la extensión de la concesión realizada por el anterior gobierno del PP.
Esther Llamazares, diputada del PP, ha exigido clarificaciones respecto a las acciones del Gobierno tras la recomendación de la Comisión Europea sobre esta autopista. Báguena ha apuntado a unas previas declaraciones del ministro Óscar Puente, quien afirmó que no se tomarán decisiones hasta conocer la resolución del TJUE.
La secretaria ha acusado al gobierno de Aznar por la prolongación de la concesión de este peaje, y ha subrayado que el informe de la Comisión Europea no es obligatorio, remarcando las complicaciones que supondría la liberalización de la AP-66. Ha confirmado que será el TJUE quien determine la legalidad de las acciones del gobierno anterior, mientras ha destacado las reducciones tarifarias implementadas por el actual gobierno de Pedro Sánchez para los usuarios frecuentes de esta ruta.
Además, frente a la petición del PP de acceder a los documentos del expediente de la AP-66, Báguena ha señalado que este asunto está bajo procesos judiciales y que se revelarán los detalles «cuando haya finalizado».